La Corte Suprema de Chile otorgó la libertad condicional a siete represores condenados por torturas, secuestros y asesinatos durante la dictadura de Augusto Pinochet. Se trata de militares que cumplían penas de pocos años de prisión, que no mostraron señales de arrepentimiento y que no sufren enfermedades terminales, un elemento que había sido tenido en cuenta para otros casos.
La medida fue rechazada por organizaciones de víctimas del terrorismo de Estado, que ayer participaron en una movilización frente a la Corte Suprema, a la que acusaron de estar del lado de la impunidad y de seguir dictámenes del gobierno de Sebastián Piñera.
Por su parte, la diputada Carmen Hertz, integrante del Partido Comunista y viuda de Carlos Berger, asesinado por la dictadura, dijo que la decisión “es peligrosa para la institucionalidad de Chile” porque viola los “estándares internacionales” y “está estableciendo una fórmula de impunidad” para “estos criminales”.