En un plenario zonal realizado la semana pasada, la Coordinadora B del Frente Amplio (FA), que reúne comités de base de los barrios Cordón, Palermo y Parque Rodó, se pronunció en contra de la enajenación de los predios del dique Mauá, prevista en un proyecto de ley a estudio de la Cámara de Representantes. En esos terrenos, el grupo Buquebús prevé instalar un hotel y un centro comercial, siempre y cuando gane la licitación para la instalación de una terminal portuaria en la zona.
En una declaración, los representantes de base del FA advierten que el tema es “muy importante para la ciudad y para el país, por lo que significa la rambla costera”. “No lo consideramos un tema técnico, es un tema profundamente político, que implica la concepción de bien público y social”, sostienen. Cuestionan que el gobierno no haya consultado a los vecinos, ni a las organizaciones sociales, ni la academia sobre este tema. “Justamente estos actores son quienes están más preocupados por el asunto actualmente y como FA tenemos que prestar especial atención a este aspecto”, advierten. Concluyen que la concesión “podría ser una posibilidad discutible”. “No así la enajenación, que no acompañamos”, acotan.
El Consejo de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República también se pronunció en contra de la enajenación, a principios de este mes. “Toda intervención en un lugar tan sensible como este merece, previo a su aprobación, la mayor consideración valorativa no solamente de las características intrínsecas del proyecto, sino de su impacto urbano-arquitectónico y ambiental”, señaló el organismo. Agregó que “toda forma posible de privatización” en este espacio puede acarrear un “riesgo importante de erosión o pérdida de los valores” patrimoniales de la rambla. “La idea de enajenar parte del patrimonio público para hacer posible una inversión de iniciativa privada se valora como inconveniente desde una perspectiva de beneficio para la comunidad, dado que el Estado perdería no solamente el dominio sino también la propiedad de los referidos bienes inmuebles”, concluyó el Consejo.