El lunes 6 de agosto una mujer presentó ante la secretaría de la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión de la Cámara de Senadores, sin identificarse, un bibliorato que, según dijo, contiene más de 5.600 firmas en contra del proyecto de ley integral trans, acompañadas por una carta sin firma.
Según consta en la versión taquigráfica de la sesión de ese día, Daniela Payssé (Frente Amplio, FA) dijo que le gustaría saber “quiénes fueron las personas que trajeron este bibliorato, y si se entregó en nombre de colectivos o de individualidades”. Por su parte, Marcos Otheguy, también del FA, sostuvo que no es posible darle validez “a un procedimiento que no se conoce cómo se gestó. Se juntaron firmas en torno a una nota que si se lee se comprueba que cuenta con algunas inexactitudes [...]. Por lo tanto, si se recabaron firmas, se hizo sobre la base de una interpretación del proyecto de ley que no es correcta”. La nota mencionada atribuye al proyecto de ley la propuesta de que “los menores de 18 años puedan solicitar su registro de nombre y sexo, y que puedan acceder a tratamientos médicos que alteren su normal desarrollo, hormonizándose y/o mutilando sus genitales”. Probablemente es una interpretación del artículo 17, donde dice que los menores podrán acceder a los tratamientos “conforme al derecho al libre desarrollo personal consagrado en el Código de la Niñez y la Adolescencia”.
El mismo documento de autor anónimo plantea: “A su vez ¿puede una ley desautorizar y desvalorizar a las madres y padres de familia, pasando por encima de su patria potestad en una materia de tanta importancia? Sustituir a los padres por un representante estatal en una decisión tan compleja ¿no es una actitud de los Estados totalitarios?”. Al parecer, estas valoraciones se refieren a que el proyecto especifica que los menores que no cuenten con la autorización de sus representantes legales podrán recurrir a una comisión especial, que actuará en el ámbito del Consejo Nacional de Diversidad Sexual. Contra las opiniones de Payssé y Otheguy, Carmen Asiaín y Verónica Alonso, ambas del Partido Nacional (PN) se manifestaron a favor de incluir los documentos en el acta de la sesión. Asiaín dijo que, “con todas las salvedades que se le pueda hacer a un documento que es presentado sin firma y sin identidad, si se incluye, cada decisor tiene la libertad de hacer lo que quiera con él; no agrega nada. En cambio, si se lo excluye –habiendo sido presentado– parecería que sí se estaría innovando [en relación con el procedimiento previo de la comisión]”. Alonso sostuvo: “No debemos desestimar un documento de estas características [...] no tomaría a la ligera la información que se ha presentado”.
Por otra parte, Asiaín dejó constancia de que esa mañana “un grupo que recibió la comisión y cuya comparecencia tiene carácter reservado” había ido a su despacho a entregarle la misma nota o una muy similar. “No me pidieron reserva, sino todo lo contrario, y al cotejar ambos materiales vi que versan sobre prácticamente lo mismo. [...] Hoy hacen entrega de un material público y, por lo tanto, entiendo que no hay reserva alguna respecto a él”. El grupo aludido es Boomerang, que asistió a la comisión el 16 de julio. A la salida, sus representantes dijeron a la diaria que son un colectivo “no secreto pero sí discreto”, y con ese argumento declinaron hacer declaraciones. Según supo este medio, el grupo aseguró que había recibido amenazas y pidió que sus dichos ante la comisión fueran retirados del acta.