La bancada de diputados del Frente Ampliio (FA) llegó ayer a una ecuación final sobre la redistribución de los recursos de la Rendición de Cuentas. La propuesta fue presentada ante la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda, que en la tarde de ayer comenzó a votar los artículos del proyecto de ley y continuará hoy con su tratamiento. El martes de la semana que viene comenzará la discusión en el plenario de la cámara baja.
Los legisladores frenteamplistas propusieron reasignar 350 millones de pesos. De ese total, se destinarán 282 millones para la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), 50 millones para la implementación de la Ley de Salud Mental, 14 millones para la Fiscalía General de la Nación (FGN) y cuatro millones para el Centro de Rehabilitación de Maldonado.
La bancada oficialista prevé que la ANEP utilice estos recursos para la creación de nuevos cargos y que la FGN pueda crear dos nuevas fiscalías penales, en el Chuy y en Rivera. Otro punto al que dieron prioridad los diputados oficialistas fue la reasignación de presupuesto de la Universidad Tecnológica (Utec). A esa institución “le faltan recursos para el desarrollo de algunas carreras; habilitaríamos que se destinen 50 millones de pesos de las inversiones –la Utec tiene guardados unos 500 millones de pesos de inversiones– al rubro cero [salarial], para que con este monto se puedan financiar cargos docentes”, explicó el diputado Alejandro Sánchez, del Movimiento de Participación Popular.
También se prevé corregir el desfasaje en los incrementos salariales de los docentes que cobran compensaciones por trabajar en escuelas técnicas agrarias de UTU y en centros de tiempo completo. Sánchez explicó que la unidad compensada no es considerada en los aumentos salariales de estos docentes. “Se les incrementan los salarios base, pero no se toma en cuenta la hora compensada; lo que proponemos es que se pueda destinar 3,5% de la masa salarial para actualizar las horas compensadas”, dijo.
Para lograr esta redistribución el FA prevé obtener 100 millones de pesos a partir de ajustes presupuestales en todos los ministerios, y 200 millones del Fondo de Estabilización Energética. Por otro lado, los 50 millones de pesos para la implementación de la Ley de Salud Mental se obtendrán del presupuesto actual de la Administración de los Servicios de Salud del Estado.
Otro cambio propuesto por los diputados del FA es la incorporación de una cláusula programática que establece que si aumentan los ingresos previstos en la Rendición de Cuentas, en 2020 el Poder Ejecutivo podrá aumentar hasta 3,5% de la masa salarial de los docentes de la ANEP y de la Universidad de la República.