La Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad pidió ayer a la jueza penal de 25º Turno, María Noel Tonarelli, encargada de investigar la causa de violaciones de derechos humanos durante la dictadura en La Tablada, que solicite información sobre el teniente Jorge Grau Olaizola y el capitán José Alonza en el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas. En particular, la Fiscalía pidió que se consulte en la llamada Caja Militar si cobraron la jubilación, cuáles son sus domicilios y, si reciben la jubilación en el exterior, que se identifique el lugar.
La jueza citó el martes a Jorge Gundelzoph, alias Charleta, ex militante del Partido Comunista que pasó a colaborar con los militares; a Grau, al capitán Robert Terra do Campo y al teniente coronel Gustavo Adolfo Taramasco. Los citados no comparecieron al juzgado, por lo que la jueza iba a ordenar la conducción de los indagados mediante la Policía, pero el procedimiento no se pudo efectuar ya que no fueron ubicados. El abogado Pablo Chargoñia, del Observatorio Luz Ibarburu, explicó a la diaria que Gundelzoph, según la Policía, se encuentra “en este momento de viaje”. Sobre Alonza, varias personas le han informado que falleció, pero la Justicia no lo tiene registrado en el expediente. Taramasco, según figura en el obituario de El País, falleció el 4 de noviembre de 2009.
Ayer, cuatro víctimas declararon en el juzgado de Tornarelli. Chargoñia manifestó que “los relatos de lo que vivieron en ese lugar son terribles”. A fines del año pasado, la Justicia dispuso la “medida de no innovar” hasta que culmine la investigación judicial, buscando prevenir cualquier tipo de alteración del lugar.
La semana pasada solamente compareció ante el juzgado el ex militar Enrique Uyterhoeven Castiglioni, alias “Ulises”. Al salir, según informó el portal Ecos, Verónica Mato, hija del desaparecido Miguel Mato, lo siguió una cuadra y le pidió su testimonio para poder encontrar los restos de su padre. La próxima semana habrá tres días de audiencias: el martes declaran tres víctimas y el miércoles y el jueves están citados a declarar dos civiles “colaboracionistas” de los militares. Según explicó Chargoñia, una de estos últimos es Hilda Diez, que fue detenida durante la dictadura y luego se casó con el militar “Ulises” y un colaborador señalado por las víctimas de apellido Jorge.
En paralelo, esta semana el fiscal especializado en delitos de lesa humanidad Ricardo Perciballe ingresó al Batallón de Infantería 14, ubicado en Toledo, Canelones, con antropólogos uruguayos y argentinos, para iniciar la búsqueda con georradar y detectar si hay anomalías en el terreno. La investigación surgió a raíz de una denuncia presentada por el periodista Marcelo Falca, del diario La República. Según dijo Perciballe a la diaria, los técnicos le solicitaron 20 días para presentarle un informe sobre los resultados.
Por otro lado, a partir de datos que surgen de diversos testimonios y de información oficial, el Grupo de Investigación en Antropología Forense (GIAF) realizará excavaciones en busca de restos de desaparecidos en un predio en Neptunia. Según informó ayer el semanario Brecha, el predio pertenece a una empresa privada y fue denunciado por los vecinos como “un posible lugar de enterramientos”. El fiscal confirmó a la diaria que es “un trabajo que se está haciendo hace tiempo con la Intendencia de Canelones”, y a la brevedad se “comenzará con las excavaciones”.