Ayer sesionó por última vez la comisión de la Cámara de Diputados que investigó el espionaje militar y policial en democracia. Se redactó un proyecto de resolución apoyado por todos los partidos políticos, algo que no sucede muy seguido. El diputado comunista Gerardo Núñez, presidente de la comisión, subrayó en rueda de prensa que la unanimidad en cuanto al documento que elevarán al plenario de la cámara demuestra “claramente” que existió espionaje ilegal en Uruguay y que se confirmaron “todas las presunciones” que motivaron la conformación de la comisión investigadora.
“Es muy importante que exista una condena de todo el sistema político a estas actividades, que fueron inconstitucionales y que intentaron avasallar la democracia”, agregó el legislador. No obstante, Núñez dijo que el Partido Nacional y el Partido Colorado expresaron algunas salvedades sobre el informe que redactó el Frente Amplio (FA), en particular sobre el punto número 8 de las conclusiones. Allí se señala que el espionaje ilegal se desarrolló “debido a la falta de controles institucionales y democráticos por parte de los responsables políticos que tenían a su cargo los ministerios y por consiguiente el manejo y control de las agencias de inteligencia correspondientes”.
Núñez sostuvo que, por ejemplo, el nacionalista Raúl Iturria, quien fuera ministro de Defensa Nacional durante la segunda presidencia de Julio María Sanguinetti (1995-1998), dijo ante la comisión investigadora “no tener conocimiento sobre acciones de espionaje” durante su mandato; pero ante la misma comisión “hubo quienes manifestaron haber informado a Iturria sobre el espionaje ilegal que se venía desarrollando” en el Batallón de Ingenieros Nº 2 de Florida, donde estaba al frente “nada más y nada menos que Eduardo Ferro, hoy prófugo de la Justicia”, subrayó.
De todas formas, el diputado destacó la labor de la comisión, de casi dos años, en los que, a pesar de las diferencias con la oposición, “se trabajó con el foco puesto en los victimarios” y no se utilizó el desarrollo de la investigación para hacer “circo mediático”, sino para trabajar con seriedad en un tema que “nos preocupa a todos”. “Todos los uruguayos que tienen convicciones democráticas, sin importar el partido político al que votan, se preocupan por estas acciones, que se extralimitaron muchísimo y merecen una condena de todo el Parlamento. Esta comisión, además, fue la primera en la historia del Parlamento que investigó a los servicios de inteligencia, y tuvo la presencia de un ex presidente [Sanguinetti]. Son aspectos que quedarán en el anecdotario histórico de esta comisión”, afirmó Núñez.
Por último, el legislador evaluó que a partir del trabajo realizado no se puede afirmar ni negar que siga existiendo espionaje ilegal. No obstante, subrayó hechos como el robo de materiales en el Grupo de Investigación en Antropología Forense de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, las amenazas que recibieron los investigadores y las que reciben “permanentemente muchos militantes por los derechos humanos”, que, a primera vista, “tienen muchos puntos en común con las prácticas que se desarrollaron en dictadura y que permanecieron en democracia”.
Condena y prevención
El proyecto de resolución que se enviará a la Cámara de Diputados consta de seis artículos. En el primero se resuelve remitir a la Fiscalía General de la Nación “todas las actuaciones correspondientes” a la comisión investigadora de espionaje (esto es, la documentación recibida y las versiones taquigráficas de las sesiones), “como consecuencia de haberse detectado la existencia de hechos de naturaleza delictiva”. En el segundo artículo se expresa una “clara e inequívoca condena política a estas prácticas incompatibles con la democracia, que constituyen un ataque a la Constitución, a la libertad y a los derechos colectivos e individuales de la ciudadanía”, y se recomienda al Poder Ejecutivo “aprobar una resolución en idéntico sentido”. El tercer artículo formula también una recomendación al Poder Ejecutivo; en este caso, que haga investigaciones administrativas “en todos los ministerios y dependencias implicadas [por los testimonios ante la comisión y los documentos que esta manejó], para profundizar y establecer responsabilidades sobre quienes desarrollaron espionaje ilegal, buscando a su vez asegurar la erradicación de estas prácticas”.
Por otra parte, y con miras al porvenir, se recomienda a la Cámara de Representantes la aprobación de un proyecto de ley “que regule el sistema de inteligencia del Estado, estableciendo particularmente el control parlamentario y la previa venia de la Cámara de Senadores, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 187 de la Constitución de la República para la designación de su director”. Por último, el proyecto resuelve que se disponga la publicación, en el sitio del Parlamento en internet y en una edición impresa de hasta 200 ejemplares, de “todas las actuaciones” de la comisión investigadora.