Luego de recibir una oleada de críticas por parte de la oposición, el oficialismo resolvió analizar nuevamente el proyecto de ley de voluntariado. Si bien en el Frente Amplio (FA) consideran que los cuestionamientos son desmedidos y dignos de “política chiquita”, varios legisladores frenteamplistas ven con buenos ojos la idea de retocar el “excesivo reglamentarismo” de la iniciativa.
“Nunca hubo preocupación por promocionar el voluntariado hasta que nosotros llegamos al gobierno”, recalcó la senadora frenteamplista Daniela Payssé. Durante la primera etapa del primer gobierno frenteamplista se aprobó la ley de voluntariado en el ámbito público, que define el marco de actuación de los voluntarios, así como sus derechos y obligaciones. Al inicio de este tercer período de gobierno, en la cámara baja surgió la inquietud de impulsar una ley que contemple tanto al voluntariado en el ámbito público como en el privado.
La diputada frenteamplista Berta Sanseverino se puso la iniciativa al hombro y, junto con el senador del Partido Independiente Pablo Mieres, que paralelamente había comenzado a delinear un proyecto de ley para potenciar el voluntariado en el sector privado, presentó el proyecto de ley en la Cámara de Diputados. El senador independiente relató que se buscaba promover la “colaboración solidaria”, estableciendo derechos y obligaciones para las organizaciones sociales y el voluntario, con el objetivo de “fomentar una actividad muy valiosa para el país”.
Tras su ingreso al Senado, el proyecto sufrió varias modificaciones. El texto actual establece que los voluntarios deben registrarse en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), y agrega que, si esto no sucede, la cartera dará por hecho que existe una relación laboral no declarada y sancionará a la institución beneficiaria. Este punto disparó gran parte de las críticas de la oposición sobre el proyecto: “Yo creo que hay ganas de prenderle cartucho a [los hogares] Beraca y en vez de hacerlo directamente –y no contaminar un proyecto de promoción de voluntariado– lo convierten en una herramienta de persecución”, opinó Mieres.
Otras voces por fuera del Parlamento también marcaron sus reparos sobre algunos puntos del proyecto. Cynthia Pérez, coordinadora del programa municipal Montevideo Voluntario y ex directora de Un Techo para mi País, piensa que es “bastante complejo” obligar a una organización de voluntariado a realizar un registro. “Me parece que eso tendría que ser un aspecto elegible y no obligatorio”, señaló, y advirtió que se está cayendo en “cierta lógica capitalina”, ya que las organizaciones voluntarias del interior tendrían bastantes problemas para llevar adelante este registro. También mostró sus dudas sobre la efectividad de la medida: “Si una organización hace trabajo encubierto, va a encontrar la manera de hacerlo igual. Me parece innecesario. Además, ¿quién gestionaría el registro?, ¿cuál sería la sanción si no te registrás?”, se preguntó. La coordinadora de Montevideo Voluntario también observa que la exigencia de contratar una “póliza de seguro” para trabajos en condiciones de riesgo implicaría un “compromiso económico” muy importante para las organizaciones sociales, que quizás no puedan sostener.
Una contramarcha consensuada
“Capaz que si votábamos el proyecto que venía de Diputados, sin tanto floripondio, no teníamos todas estas idas y venidas”, reconoció la senadora del Partido Socialista Daisy Tourné. Unos meses atrás, el MTSS presentó un anteproyecto ante la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del Senado buscando aclarar el “límite difuso” entre el voluntariado y las situaciones de trabajo encubierto, explicó Payssé, y en el oficialismo entendieron que era necesario incorporar estas sugerencias en el proyecto de ley.
La oposición acusó al oficialismo de querer “burocratizar la solidaridad”. El senador nacionalista Javier García dijo la semana pasada a la diaria que el “voluntariado funciona bien, llega a lugares donde el Estado no llega”, y añadió que el gobierno pretende “registrar en el MTSS lo que sólo se registra en el alma: la solidaridad”. Con este escenario de fondo, en la última sesión del Senado el oficialismo solicitó que el proyecto volviera a la comisión para ser estudiado nuevamente. Según Payssé, la idea es “bajar los decibeles de esta confrontación absurda y analizar las objeciones válidas que se han presentado”.
En el oficialismo, el primero en mostrar sus reparos fue el senador Marcos Otheguy, de Rumbo de Izquierda, quien planteó que el proyecto de ley regulaba “excesivamente una actividad que tiene como base la espontaneidad”. También se cuestionó la excesiva rigurosidad del proyecto. La senadora Tourné afirmó que es “demasiado detallista”, y se mostró a favor de retocarlo para que “pierda ese excesivo reglamentarismo”.
Todos coinciden en que el trabajo encubierto bajo la pantalla del voluntariado es una problemática real. Según Mónica Xavier, secretaria general del Partido Socialista, si bien “hay mecanismos para prevenir estas situaciones, los casos se han incrementado mucho en el último tiempo”. La senadora hizo referencia a las denuncias que se presentaron en 2016 ante el MTSS por violación a los derechos laborales en Beraca. “Nadie pretende hacer pagar al voluntariado por las desviaciones de estas organizaciones, pero ahí tenemos una tensión que debemos resolver”, concluyó.
El director de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), Matías Rodríguez, señaló que desde la cartera entienden que es necesario buscar un “equilibrio” entre estos dos aspectos. Para él, el proyecto tiene que “proteger a personas que potencialmente pueden ser abusadas”, pero también debe incluir las voces de la sociedad civil y “atender el reclamo de quienes dicen que se les está quitando espontaneidad”.
Para Pérez, la discusión sobre este proyecto de ley se vio teñida por las denuncias que trascendieron sobre los hogares Beraca. “El problema se da cuando las autoridades dicen: ‘Vamos a poner en la legislación todo lo que podamos poner, así no vuelve a pasar lo que sucedió en Beraca’”. Comentó que la semana pasada la Mesa Nacional de Voluntariado se reunió con las autoridades del MTSS para encontrar alternativas a la redacción actual del proyecto. “Le propusimos cambiar la normativa excesiva e innecesaria y acomodar la ley para que las actividades voluntarias sean reguladas por el Mides y no por el MTSS”, comentó, y agregó que acordaron trabajar conjuntamente sobre algunos aspectos clave del proyecto de ley.
No siempre correspondido
Tourné remarcó que la oposición armó un “discurso” sin fundamentos, que es “descalificador” y digno de quienes “hacen política chiquita”. A contrapelo de lo que la oposición esbozó estas últimas semanas, la senadora socialista remarcó que el FA no está en contra del voluntariado ni quiere matarlo: “El discursito de que estamos en contra de los voluntarios es puro barullo y no es real. Al revés, si por algo se distingue el FA es por el trabajo voluntario que ha tenido siempre y el énfasis que ha puesto en su promoción”, remató.
Si bien el voluntariado ganó peso en los últimos años en la agenda del FA, el vínculo no siempre fue tan estrecho. “A la izquierda le ha costado integrar el concepto de voluntariado, y no ha habido necesariamente visiones consensuadas en torno a él”, explicó Rodríguez, y agregó que “muchas veces” el voluntariado quedó asociado a “una cuestión caritativa”. De todas formas, aseguró que la izquierda ha “avanzado muchísimo” en este sentido, y que eso se puede ver en las políticas públicas que ha impulsado el gobierno del FA en los últimos años.
El director de Políticas Sociales del Mides destacó el lanzamiento del Plan de Emergencia, en 2005, como el primer mojón de ese proceso. “Mucha gente se acercó a plantear que quería dar una mano y sumarse a la iniciativa. Después hubo gente que se sumó a hacer voluntariado”, relató. Destacó la aprobación de la ley de voluntariado y la creación del Programa Nacional de Voluntariado en el último período de gobierno, que integra a 35 organismos públicos y en su última edición contó con la participación de unas 5.000 personas.
Pérez reconoce que está muy instalada la idea de que el voluntariado es una actividad asistencialista. “Es un tema que a la política partidaria, y particularmente a la izquierda, no le es muy cercano. Muchas veces hay prejuicios sobre las prácticas voluntarias, pero con el tiempo se ha ido subsanando”. Para ella, la creación del Programa Nacional de Voluntariado “sirvió” para que el sistema político dejara de ver al voluntariado con cierta “desconfianza”. En ese sentido, señaló que el proyecto de ley en discusión puede ser un nuevo paso en esa línea.
Los desvíos
En marzo de este año, el MTSS concurrió a la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del Senado para dar su visión sobre el proyecto de ley. En esa instancia, según informó la diaria, el inspector de Trabajo, Gerardo Rey, dijo que muchas veces han observado que los trabajadores están realizando tareas pero no figuran en la planilla. Cuando se les solicita información, habitualmente el trabajador “declara que está en carácter de voluntario y que ha asumido no percibir un salario”. Esto, según afirmó Rey, dificulta la tarea de inspección.
Asimismo, el inspector de Trabajo dijo la semana pasada a la diaria que existen situaciones en las que hay determinadas ONG que, “a cambio de techo y comida”, les exigen a las personas que trabajen “voluntariamente” sin “ningún derecho laboral”.