Con los votos del Frente Amplio (FA), el Senado aprobó ayer el proyecto de ley de desalojos colectivos. El oficialista Charles Carrera explicó que la iniciativa persigue dos grandes objetivos. Por un lado, busca generar un marco de “resguardo” para aquellos núcleos familiares que se enfrentan al desalojo colectivo; por otro, se intenta facilitar el acceso a la “prescripción adquisitiva quinquenal” –que otorga la propiedad del predio a los ocupantes de más de cinco años ininterrumpidos– a quienes se encuentren en una situación de “vulnerabilidad social”.
El texto dice que los desalojos colectivos –definidos como aquellos que impliquen a cinco o más núcleos familiares– se iniciarán a partir de una demanda contra las personas que ocupan un inmueble, de forma continua e ininterrumpida, por un período de dos años. Para que el desalojo se concrete, el propietario deberá informar sobre el destino que les dará a los inmuebles y, si no cumple con este requisito, el desalojo quedará sin efecto y los ocupantes podrán permanecer en la vivienda.
Según dijo Carrera, el proyecto busca “amparar a los ocupantes y garantizar el derecho de los propietarios”. Señaló, no obstante, que si existe un inmueble ocupado, es porque el propietario incumplió con sus obligaciones. La senadora nacionalista Carmen Asiaín propuso renombrar el proyecto de ley: “Podría llamarse ‘trabas’ a los desalojos colectivos y ‘prescripción adquisitiva a favor de los ocupantes precarios’”, ironizó. Para la legisladora, los medios utilizados en el proyecto redundan en una “expropiación de los inmuebles sin indemnización”.
El otro gran eje del proyecto es la facilitación de la prescripción adquisitiva de viviendas. Para la senadora oficialista Constanza Moreira, el proyecto busca regularizar la situación de las personas que viven en asentamientos. Destacó que si bien el FA logró reducir la pobreza de 40% a 7%, la cantidad de personas que siguen viviendo en asentamientos se mantiene igual. Con la legislación actual, explicó Moreira, tan sólo “les doy diez días a las familias para que inicien una acción legal para no ser desalojadas. ¿Ustedes vieron la situación en la que vive esa gente? ¿Tienen recursos para llevar adelante esa demanda?”, se preguntó. El proyecto deberá volver a la Cámara de Diputados porque sufrió cambios en su redacción.