En octubre comenzará en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la negociación para un tratado vinculante sobre empresas transnacionales (ET) y derechos humanos. Se elaboró un borrador para la discusión que establece la responsabilidad de las ET frente a violaciones a los derechos humanos, sin importar dónde estén radicadas, y garantiza el acceso a la justicia y la reparación de las víctimas. Actualmente, sólo existen recomendaciones no vinculantes en la materia y todo parece indicar que la negociación no será fácil, ya que la Unión Europea (UE) y Estados Unidos anunciaron su oposición frontal a una regulación de este tipo.
La organización ambientalista Redes-Amigos de la Tierra y la fundación alemana Friedrich Ebert organizaron una conferencia ayer en la antesala de la Cámara de Representantes para discutir este tema. En la apertura del encuentro, la diputada frenteamplista Lilián Galán (Movimiento de Participación Popular) sostuvo que el tema es “crucial” para Uruguay. “Las empresas transnacionales jaquean, deciden nuestras políticas públicas”, “se nos van las políticas públicas en este tema”, advirtió.
Un ejemplo recurrente citado ayer fue la demanda que inició la minera Aratirí contra Uruguay por 3.500 millones de dólares, por presuntos cambios en las reglas de juego que perjudicaron su proyecto de inversión. La vicepresidenta Lucía Topolansky, quien participó en la mesa de apertura, comentó que cuando Aratirí llegó a Uruguay, la posibilidad de apertura de fuentes laborales fue “algo muy tentador, porque la gente precisa trabajar, precisa tener un ingreso: la política social número uno es la posibilidad de tener un trabajo”. “Esa contradicción está ahí, presente. Aratirí se iba a instalar en un lugar sumamente sumergido desde el punto de vista laboral, y generaba expectativas. Estas son las contradicciones que se tienen en el ámbito político: hasta dónde y hasta cuándo. Siempre hay que estar tomando estas definiciones, y no es sencillo”, reconoció.
Víctor Báez, secretario general de la Confederación Sindical de las Américas, aportó el dato de que “aratirí” significa “relámpago” en guaraní y hace referencia a esos momentos en que el tiempo o el cielo se rajan. “Pero miren ustedes qué daño pueden hacer estas empresas que se disfrazan con nombres poéticos. El gobierno de Uruguay está bajo ataque”, sentenció.
Topolansky afirmó que hay multinacionales “que tienen productos brutos mucho más grandes que muchos países y comercian entre ellas, y no tienen ningún tipo de normas e incluso evitan determinados tipos de aranceles, y presionan en el mundo”. Báez coincidió en que el orden internacional “está hecho por las grandes potencias y los intereses que esas grandes potencias protegen, o los intereses que manejan a las grandes potencias”. “Naciones Unidas en este momento es rehén de las grandes corporaciones multinacionales. Estas ejercen un poder superior a los estados y a las instituciones internacionales”, aseguró.
En la misma línea se expresó Wilder Tyler, integrante del directorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH). “Estas empresas constituyen formas de poder organizado, de tal dimensión que, al igual que el Estado, conllevan un potencial de vulneración de los derechos humanos. Despliegan su poder de una forma avasalladora, se chupan el agua de los ríos, vulneran los derechos de los trabajadores, generan catástrofes ecológicas. Y todo eso pasa en la impunidad. El Estado tolera; a veces es cómplice y a veces es partícipe directo de estos casos”, afirmó.
Fernando Gambera, secretario de relaciones internacionales del PIT-CNT, advirtió que las ET están “apuntando a la línea de flotación” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), poniendo en tela de juicio la capacidad de los expertos de la organización para interpretar las normas y controlar su cumplimiento. “Si por ellos fuera [por las ET], [en la sede de la OIT] quedaría un buen edificio para un buen hotel en Ginebra y nada más”, aseguró. Gambera advirtió que mientras que los trabajadores no saben dónde denunciar a las ET cuando incumplen, estas últimas “lo tienen claro”, y consideró que un tratado como el que se negocia en la ONU “está relacionado con defender y profundizar la democracia”.
La voz de Uruguay
El gobierno uruguayo todavía no se ha decidido a impulsar con firmeza el tratado vinculante. Ayer, en la conferencia, se insistió en la necesidad de que lo haga. Alberto Villarreal, de Redes, recordó que en los últimos años ha habido un importante proceso de transnacionalización de la economía uruguaya, que afecta a las principales cadenas productivas. Destacó que la discusión de este tratado es una oportunidad para Uruguay de ser nuevamente “un ejemplo” para otros países, como lo es con las relaciones laborales.
En el mismo sentido, Tyler consideró que “es muy importante que Uruguay se involucre en esto, porque es respetado y tiene una voz que se hace oír en los ambientes internacionales”. Asimismo, evaluó que, como país chico, debe defender el derecho frente a la fuerza. Además, Uruguay está del lado de quienes “reciben el impacto de las ET, sobre todo de las empresas extractivas”. El director de la INDDHH consideró que es “una falacia” la “doctrina” que postula que no es necesaria la imposición porque las empresas pueden adoptar normas voluntariamente. “El poder en relación con los derechos humanos tiene que ser regulado de forma obligatoria”, concluyó.