Los familiares de víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile volvieron a reclamar al sistema judicial, en este caso por la reducción de penas y absolución de decenas de militares condenados por el secuestro y la desaparición de un integrante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en 1974.
El fallo de una corte de apelaciones fue emitido el lunes. En un tribunal de primera instancia, 56 militares habían sido condenados por el secuestro y la desaparición de Rubén David Arroyo Padilla, de 24 años. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Santiago decidió reducir de 13 a siete años de prisión la pena contra los tres agentes de la dictadura de Pinochet considerados autores de los delitos-. Además, absolvió a los otros 53 condenados, al considerar que no fue probada su participación en los hechos.
De acuerdo con la investigación judicial, el general Raúl Iturriaga Neumann y los brigadieres Pedro Espinoza Bravo y Miguel Krassnoff Martchenko, en ese entonces agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), secuestraron a Arroyo cuando iba caminando de su casa a su lugar de trabajo. El joven fue llevado al centro de detención clandestino Villa Grimaldi, donde otros prisioneros notaron que presentaba signos de tortura. Un mes después de su secuestro desapareció.
Más adelante, Arroyo fue considerado una de las víctimas de la Operación Colombo, un esquema formado por militares de Chile, Argentina y Brasil que buscó encubrir la desaparición de 119 presos políticos chilenos haciéndola pasar como asesinatos cometidos en el marco de enfrentamientos internos del MIR, informó la agencia de noticias Efe.
Esta decisión judicial se suma a la libertad condicional que otorgó la Corte Suprema chilena a siete represores condenados por delitos contra la humanidad a comienzos de este mes. Ese hecho ya había generado protestas de familiares y de partidos de izquierda, que acusaron al gobierno de Sebastián Piñera de estar enviando señales políticas al Poder Judicial para que adopte medidas de este tipo. En ese marco, el ex canciller chileno Heraldo Muñoz, presidente del Partido por la Democracia, lideró un grupo de reconocidos políticos opositores que pidieron un pronunciamiento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Otros integrantes del grupo fueron el ex secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, y el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde.
La CIDH se pronunció la semana pasada con un comunicado en el que expresó su preocupación por los beneficios otorgados a represores. En el texto recordó que en este tipo de casos esa comisión “se ha referido al deber estatal de abstenerse de recurrir a figuras que pretendan suprimir los efectos de la sentencia”.