El presidente de Colombia, Iván Duque, presentó ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) algunos de los cambios que su gobierno está llevando adelante para modificar la política antidrogas que impulsó el gobierno anterior, de Juan Manuel Santos.
Dos grandes líneas políticas caracterizaron la era Santos en este asunto, ambas vinculadas con una flexibilización. Por un lado, se erradicó la fumigación compulsiva de las plantaciones de hoja de coca, en el entendido de que no siempre tiene fines ilícitos y de que en muchos casos su venta era la única fuente de ingresos de familias enteras de trabajadores rurales. Por otro lado, la persecución de los consumidores y de la tenencia de pequeñas cantidades de drogas dejó de ubicarse entre las prioridades de las fuerzas de seguridad.
Esta flexibilización está llegando a su fin, manifestó Duque en la ONU. Dijo que en los últimos cinco años no han dejado de aumentar los metros dedicados al cultivo ilícito de hoja de coca. Esa tendencia “de los últimos cinco años no puede continuar: estas siembras se han convertido en el combustible y el aliciente para que surjan peligrosos grupos armados organizados”, dijo. El narcotráfico, sostuvo el gobernante, “es un depredador del medioambiente, un destructor de instituciones, un corruptor social”, y es necesario “luchar contra este fenómeno y promover una sociedad que rechace las drogas por sus efectos devastadores en la salud y la sociedad”, agregó.
Para el combate de los cultivos ilícitos, el gobierno de Duque estudia la posibilidad de retomar el uso del glifosato, un agroquímico que ha sido catalogado por la Organización Mundial de la Salud como “probablemente” cancerígeno. Las fumigaciones con glifosato fueron abandonadas en 2015 por Colombia debido a un fallo de la Corte Constitucional que llamaba al gobierno de Santos a ser precavido en su uso.
También habrá cambios en la política ante el consumo de drogas. Ya en campaña Duque había prometido aplicar una ley aprobada en 2009 por el entonces presidente Álvaro Uribe, su mentor político, que prohibía totalmente la tenencia de drogas en Colombia, incluso para uso personal. Más tarde, en 1994, la Corte Constitucional despenalizó en 1994 la tenencia de dosis personales o mínimas de droga.
Medios colombianos informan que el gobierno está por emitir un decreto para ordenar que se confisque “cualquier dosis de droga” ilegal que se encuentre. Esta política ha generado polémica en Colombia. Los opositores señalan que más que combatir a los narcotraficantes o los productores de drogas, castiga a los consumidores, el eslabón más débil de la cadena, y que se está violando la sentencia emitida en 1994 por la Corte Constitucional.