En los próximos meses, las bases y sectores del Frente Amplio (FA) discutirán lineamientos y medidas de cara al Congreso, que definirá el programa para el próximo gobierno. Como base, cuentan con un documento elaborado por la Comisión Nacional de Programa que fue presentado el sábado en el Plenario de la coalición de izquierda, que sintetiza los aportes de las unidades temáticas programáticas.
El texto destaca como un “elemento central” de los gobiernos del FA “la seriedad y la solvencia en el manejo de la economía, que ha permitido tener un crecimiento sostenido atravesando las más severas crisis internacionales e importantes crisis regionales”. “Pero con una opción que definió el camino recorrido: crecimiento y justicia social como una sola unidad, inseparables”, añade. De cara a un eventual próximo gobierno, el documento presenta cinco desafíos: desarrollo; igualdad y diversidad; integración e inclusión; democracia, inserción regional e internacional y soberanía.
El documento advierte que “la persistencia de la desigualdad” hace necesario “un salto en calidad en las políticas públicas, ya que las acciones desplegadas no han logrado transformar los mecanismos de exclusión”. Plantea atacar la desigualdad en las dimensiones de ingresos, patrimonio, acceso a la educación y calidad del hábitat, entre otras.
En materia económica, como “condiciones a preservar”, se mencionan la estabilidad macroeconómica, la credibilidad y los bajos niveles de inflación, y se propone “evitar el deterioro de los ingresos reales de la población”. Se entiende necesario mantener el estímulo a la inversión pero revisando los instrumentos existentes “para minimizar el apoyo a proyectos que tienen viabilidad sin el apoyo público y generar un mayor direccionamiento a inversiones que no se realizarían en ausencia de las políticas”.
También se plantea “continuar aumentando gradualmente la participación de los impuestos a la renta y a la riqueza respecto de los impuestos al consumo”, e implementar un impuesto a las herencias elevadas, exonerando del gravamen a los hogares de estratos bajos y medios, “de forma de minimizar el impacto de la transmisión intergeneracional de la desigualdad”. Asimismo, se plantea estudiar la utilización de instrumentos tributarios como forma de penalizar usos que sean perjudiciales para el ambiente. Otras propuestas consisten en crear un Observatorio de la Economía Social y Solidaria y fomentar por vía tributaria estos emprendimientos.
En materia ambiental, se plantea “impulsar otros modelos de producción, apoyando decididamente y con compromisos concretos el desarrollo de la agroecología”, y crear un instituto de investigación ambiental, entre otras propuestas.
Igualdad y diversidad
En este capítulo hay varias medidas en materia de género. Por ejemplo, se exige inversión para la aplicación de la ley integral contra la violencia basada en género, y se propone aprobar una ley de paridad en materia de participación política y garantizar una integración paritaria en todos los poderes del Estado y en todos los niveles de gobierno, incluyendo la fórmula presidencial y la integración del gabinete.
En este capítulo también se plantea impulsar la participación activa de niños, niñas y adolescentes en la propuesta, elaboración y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la infancia y la adolescencia. Asimismo, se propone “cambiar la alta tendencia a la medicalización de niños, niñas y adolescentes ante conductas o síntomas de alteraciones psicológicas”.
Las bases programáticas del FA apuntan a desandar en cierta medida el camino de los últimos años tendiente a la penalización más severa de adolescentes que delinquieron. Por ejemplo, propone derogar la Ley 19.055, que estableció la prisión preventiva obligatoria de adolescentes ante ciertos delitos (votada por el propio FA en 2013), y el Registro Nacional de Antecedentes Penales para el caso de los adolescentes.
Hay otras propuestas tendientes a combatir la desigualdad, por ejemplo, en materia de acceso a los bienes culturales. El documento sugiere la creación de una ley que obligue a los productores de eventos culturales (incluidas las discotecas y demás lugares de esparcimiento populares) y deportivos a incluir 5% de localidades en todas las franjas de precio, para que el Estado pueda distribuirlas entre la población más vulnerable, priorizando a los colectivos socialmente discriminados.
Se propone reconocer los sitios simbólicos pertenecientes a las poblaciones indígenas y en particular a Salsipuedes, “como sitio de la memoria de los pueblos originarios”, y “legislar sobre los derechos de autor que generan las cuerdas de tambores”.
En un ítem denominado “La mirada de las juventudes hacia el programa del Frente Amplio”, se incluye como objetivo lograr la universalización del egreso de calidad de la educación media, “avanzar hacia la eliminación de la repetición en educación primaria y secundaria como método pedagógico”, “continuar incrementando la inversión en educación sobre la base del 6% más el 1% del PIB [Producto Interno Bruto] para investigación”, y promover la gratuidad del transporte urbano, suburbano e interdepartamental para el estudio, entre otras. También sugiere asegurar el acceso a una “canasta básica de métodos anticonceptivos, que incluye preservativos y productos de gestión menstrual, en todo el territorio nacional”.