Las declaraciones realizadas el viernes por Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) y ex canciller uruguayo, no pasaron inadvertidas para buena parte del oficialismo local. El Partido Comunista del Uruguay (PCU) pidió el sábado desvincularlo del Frente Amplio (FA), por sus referencias a una posible “intervención militar” en Venezuela.
Durante una visita a la ciudad colombiana de Cúcuta, fronteriza con Venezuela, Almagro afirmó: “En cuanto a la intervención militar para derrocar al régimen de Nicolás Maduro, creo que no debemos descartar ninguna opción”. Horas después, el llamado Grupo de Lima –integrado por gobiernos latinoamericanos de centroderecha– emitió una declaración rechazando “cualquier curso de acción o declaración que implique una intervención militar o el ejercicio de la violencia, la amenaza o el uso de la fuerza en Venezuela”.
El PCU se expresó en igual sentido, aunque igualmente llamó a “repudiar cualquier intento de agresión yanqui o de sus mandaderos que conforman el Grupo de Lima”. En su declaración, el partido hace “responsable a Almagro de cualquier agresión que se produzca y de sus consecuencias para el pueblo venezolano y para la paz en el continente”. Finalmente, pide que el ex canciller sea expulsado del FA, “porque su conducta, promoviendo la guerra y la agresión contra un pueblo hermano, viola los principios históricos de la política internacional de nuestro país y los del FA”.
Dirigentes de otros sectores frenteamplistas se expresaron en un mismo sentido. Por ejemplo, el diputado socialista Roberto Chiazzaro coincidió con el PCU y dijo a título personal que la actitud de Almagro “desvirtúa el papel de secretario general de la OEA, y también se contradice con los lineamientos de la Organización de las Naciones Unidas de buscar una salida pacífica”. Su par Luis Puig (Partido por la Victoria del Pueblo) explicó que, si bien su sector no ha analizado el tema, la actuación de Almagro es “totalmente a favor de los intereses de Estados Unidos y el gobierno colombiano”. “Considero que el FA debe tomar una posición acerca de si sigue vinculado o no, porque a esta altura compromete la imagen del FA”, interpretó. La senadora Constanza Moreira (Casa Grande) dijo que, a su entender, en términos prácticos Almagro “hace mucho tiempo que no pertenece a nuestra organización política”.
Por su parte, la senadora Daniela Payssé (Asamblea Uruguay) aseguró que existe un informe del Tribunal de Conducta Política (TCP) del FA que plantea la “incompetencia” del tribunal en las acciones de Almagro en la OEA, dado que no se trata de un cargo que ocupe en representación de la fuerza política. No obstante, agregó que le gustaría que el Plenario del FA tome una postura no sólo en el caso de Almagro, sino también en todos aquellos con informes del TCP y pendientes de resolución –entre ellos, el del ex vicepresidente Raúl Sendic–. “No estoy para ser selectiva con ningún caso en especial”, sostuvo.