Según una ley impulsada por el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, publicada ayer en el diario oficial, los estudiantes de cualquier nivel de enseñanza –infantil, escolar, media y superior– tendrán derecho a fechas alternativas de clases o pruebas cuando no puedan asistir por motivos religiosos. La medida entrará en vigor dentro de 60 días, y las escuelas y universidades, tanto públicas como privadas, tendrán un plazo de dos años para adecuarse a la medida.
Según la revista Veja, la ley tendrá valor para todas las religiones, como, por ejemplo, para los fieles de las religiones sabatistas, que toman como sagrado el período que va desde la puesta de sol del viernes hasta la del sábado, los fieles adventistas, los bautistas del séptimo día y los judíos. De acuerdo con Agencia Brasil, líderes religiosos brasileños estiman que aproximadamente dos millones de personas no pueden estudiar ni trabajar desde la puesta de sol del viernes hasta la del sábado.
El texto ahora convertido en ley establece que para garantizar el derecho es necesario que el alumno avise a la institución educativa con antelación. “Se asegura, en el libre ejercicio de la libertad de conciencia y de credo, mediante el pedido previo, ausentarse de una prueba o una clase marcada para un día en el que, según los preceptos de su religión, le sea vedado el ejercicio de tales actividades”, indica el texto.
En el caso de ausentarse, la institución educativa deberá ofrecer al alumno la reprogramación de la clase o la prueba, o la opción de hacer un trabajo escrito u otra actividad de investigación con un tema y objetivo definidos por la institución. En el texto se aclara que ninguna de las opciones podrá tener un costo adicional para los estudiantes. La medida no tendrá valor para la enseñanza en los centros militares, ya que esta se rige por una ley específica.
En los pocos días que lleva como presidente, Bolsonaro ya sancionó varias leyes y decretos que generaron polémica y críticas. Unas horas después de asumir, aprobó una medida que fija el salario mínimo de los trabajadores en 257,5 dólares para 2019, lo que supone un aumento de 4,6% respecto del año pasado, pero es inferior a la cifra que había calculado el gobierno saliente y que estaba incluida en el presupuesto de este año. Esta medida fue criticada de inmediato por las organizaciones sindicales y las principales autoridades del Partido de los Trabajadores. Bolsonaro también fue cuestionado por su decisión de eliminar la Secretaría de Diversidad y por sus planes, planteados formalmente por medio del Ministerio de Agricultura, de demarcación de tierras indígenas.
Y la cosa no terminó ahí: el jueves, el ministro de Presidencia del gobierno de Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, reconoció que la nueva administración intentará separar de la función pública a “todos aquellos que tengan una marca ideológica clara”.
Ayer Bolsonaro recibió el primer cuestionamiento de un organismo internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El primer día de su gobierno, impuso la censura al presidente, los consejeros y los funcionarios en ejercicio del Consejo de Control de Actividades Financieras (Coaf): les impidió manifestarse en “cualquier medio de comunicación y [emitir] opiniones sobre los procesos pendientes de juzgamiento”.
Como recordó la revista Forum, el Coaf fue el órgano que identificó movimientos sospechosos por valor de un millón 200.000 reales –aproximadamente 323.000 dólares– hacia la cuenta de Fabricio Queiroz, ex asesor de Flávio, uno de los hijos de Bolsonaro, quien en ese momento era diputado en el estado de Río de Janeiro.
Según expresó ayer en su cuenta de Twitter el uruguayo Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, la “medida desproporcionada hará más difícil que se conozca un hecho de corrupción cuando el poder quiera ocultarlo”.