En octubre del año pasado se conmemoraron diez años de la Ley 18.407, que establece un régimen específico para la constitución y el funcionamiento de las cooperativas, y que incluye la creación del Instituto Nacional del Cooperativismo. Además, pronto cumplirá dos años un proyecto de ley que reserva por lo menos 30% de las compras públicas para emprendimientos cooperativos. Esa iniciativa está a estudio de la Comisión Especial de Cooperativismo de la Cámara de Diputados desde marzo de 2017, y apunta directamente al rol de las cooperativas como proveedoras del Estado.
En la actualidad hay 1.513 cooperativas inscriptas en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE). La situación de estas cooperativas ante la Dirección General Impositiva (DGI), según los reportes del RUPE, es bastante positiva: 45% están activas en este organismo, y 54% están en la categoría “En ingreso” (proveedores del Estado inscriptos en el sistema anterior al RUPE). Sólo 1% de esas cooperativas proveedoras se encuentra en la categoría “Baja DGI”, o sea imposibilitada de ser oferente en un proceso de contratación pública.
Respecto de las sanciones recibidas, apenas dos cooperativas han sido sancionadas, una en 2015 y otra en 2016. En el primer caso, se trata de una cooperativa de asistencia médica que fue sancionada por la Administración de los Servicios de Salud del Estado con una suspensión por un año; la otra es una cooperativa de servicios de limpieza que recibió una advertencia del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
El número de cooperativas adjudicatarias de compras y contrataciones del Estado llegó a 221 en 2017, y la cifra venía creciendo desde 2015. Sin embargo, estamos muy lejos del 30% que intenta establecer como mínimo el proyecto de ley mencionado: en los últimos años, la participación de las cooperativas en las compras públicas que figuran en la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado ha sido marginal, aunque se debe tener en cuenta que ese organismo no está obligado a publicar en su sitio web adjudicaciones menores a 20% del límite para las compras directas (o sea, menos de unos 94.000 pesos). En 2017, el Estado uruguayo realizó en total 188.115 compras y contrataciones, de las cuales sólo 1.871 fueron adjudicadas a cooperativas. Esto representó apenas 1% del total, y aun así es el porcentaje más alto desde 2015.
En cuanto a los montos, entre las compras realizadas en pesos uruguayos en 2017 4,73% del gasto total corresponde a compras o contrataciones a cooperativas, mientras que en aquellas realizadas en dólares representaron 0,01%.
Las cooperativas que más adjudicaciones ganaron en 2017 fueron Cooparte, formada por artistas, la Cooperativa Regional de Asistencia Médica del Este y la Cooperativa de Trabajo del Ejido, dedicada a la venta de productos artesanales.
En definitiva, la información disponible muestra que la reserva de un mínimo de 30% de compras públicas para cooperativas es un objetivo ambicioso, dado la poca participación que estas tienen actualmente tanto en la cantidad total de compras como en lo que respecta a sus montos.
Número de adjudicaciones por cooperativa
Cuentas Claras es un proyecto de la organización social CÍVICO, la diaria y la fundación ILDA (Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos), dedicado a fomentar la disponibilidad de información sobre las compras y contrataciones del Estado uruguayo.