Miguel Antonio Sofía Abeleira, uruguayo de 70 años, declaró, ayer de mañana, como indagado ante la jueza penal de 28o turno, Fany Canessa, quien resolvió continuar el interrogatorio hoy a las 9.00. En 2009, el entonces fiscal penal de 1er turno, Ricardo Perciballe, pidió el procesamiento con prisión del empresario como autor “de un delito de asociación para delinquir en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de desaparición forzada y dos delitos de homicidio muy especialmente agravados”.
Por este motivo, Sofía fue citado a una audiencia para el 17 de junio de 2009, pero no se presentó. Sólo lo hizo su abogado, el doctor Miguel Langón, que alegó la inocencia de su cliente. La entonces jueza penal de 8o turno, Graciela Eustaccio, al frente de la causa, libró una orden de requerimiento para que Sofía fuera conducido a declarar. Poco después, el entonces abogado del Servicio de Paz y Justicia Uruguay (Serpaj) Guillermo Payssé solicitó, por la información que recibió de que Sofía podía encontrase en Miami, que se librara una orden de captura internacional, a lo cual la jueza accedió. Por eso, el martes, cuando Interpol recibió la información de que el empresario estaba en Punta del Este, inició las “diligencias en procura de la detención del requerido por notificación roja”, emitida el 2 de enero de 2014. La Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol, mediante la intervención del juzgado penal de 11o turno de Maldonado, y con apoyo de otros equipos de la Policía, allanaron dos apartamentos del edificio Miami Bulevard, ubicado en la calle Miami y Pedragosa Sierra, a la altura de la parada 5 de la Playa Mansa de Punta del Este. Se allanaron los apartamentos 302, donde vive el hijo del empresario Miguel Alejandro Sofía Troncoso, de 34 años, y Florencia Mailhos, de 32 años, y 304, donde vive la hija de Sofía, Virginia Elena Sofía Troncoso, de 37 años. El requerido no fue encontrado, pero la Policía descubrió que pernoctó junto a su esposa, Ana María Troncoso, en el apartamento 304 y que ambos partieron a las 8.00 en un Peugeot 208, matrícula SBU 1633.
Hasta la capital
El operativo continuó después en Montevideo, en las zonas de Punta Carretas y Pocitos, con tareas de vigilancia para tratar de ubicar a Sofía. Un seguimiento a pie de una persona con características similares a Sofía derivó en su abordaje en las calles Francisco Antuña y Benito Blanco. La persona se identificó con una cédula de identidad a nombre de Adolfo Aldo Casaballe Lapido, pero la Policía consultó las bases de datos, determinó que se trataba del requerido y lo detuvo.
Ayer, Sofía fue al juzgado acompañado por su abogado, Aníbal Martínez Chaer. En el momento también apareció una hermana del empresario, que logró ingresar a la sede porque dijo ser abogada. Sin embargo, por no contar con la documentación que acreditara su profesión, fue retirada del recinto por orden de la jueza. El juicio contra Sofía debe continuar bajo las reglas del antiguo Código de Proceso Penal.
Los delitos
Según información recabada por el Observatorio Luz Ibarburu (OLI) de los expedientes judiciales, Sofía participó en el secuestro y la desaparición de Héctor Castagneto da Rosa, ocurridos el 17 de agosto de 1971, y en los asesinatos de Manuel Ramos Filippini, el 31 de julio de 1971, e Íbero Gutiérrez Ruiz, el 28 de febrero de 1972. Castagnetto fue secuestrado en la calle cuando iba a entregar unos discos que había vendido en la zona de Malvín. “Se sabe que lo asesinaron, pero el cuerpo nunca apareció”, afirma la organización. El cuerpo de Ramos Filippini fue hallado en las rocas de la playa Pocitos atrás del parador Kibon. “Tenía numerosos impactos de bala y los dos brazos quebrados. Junto al cuerpo había volantes del Comando Caza Tupamaros [CCT] Óscar Burgueño”. A Íbero Gutiérrez lo secuestraron “probablemente en la calle” y su cuerpo apareció al día siguiente en el camino de Las Tropas y el camino Melilla, impactado por 13 balazos. “'Vos también pediste perdón. Bala por bala. Muerte por muerte. Comando Caza Tupamaros', decía el cartel que los asesinos dejaron al lado del cuerpo”, registra el OLI.
Miguel Sofía es retirado del juzgado penal por policías de Interpol.
Foto: Andrés Cuenca
La jueza Eustaccio procesó con prisión en 2009 por su participación en los “escuadrones de la muerte” al ex fotógrafo policial Nelson Bardesio y a Walter Freitas –por coautoría en el homicidio de Castagnetto–. En el fallo, la magistrada establece que obtuvo las pruebas necesarias para determinar la existencia en el país de grupos parapoliciales y paramilitares como los CCT, la Juventud Uruguaya y otros “que actuaban clandestinamente y que en forma sistemática efectuaban atentados, secuestros, torturas y homicidios amparados por el gobierno de la época”. “Esos grupos tenían por objeto la represión del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MNL-T) y actuaban sin riesgo alguno para sus integrantes, teniendo a su disposición todos los medios del Estado (armas, explosivos, vehículos, personal, etc)”, agrega el fallo.
¿Qué puede pasar?
Sofía quedó detenido en dependencias de Interpol y hoy volverá a comparecer ante la jueza Canessa. Martínez Chaer, que también defendió a Bardesio, dijo ayer a Telemundo que Sofía se había declarado inocente y que “no hay indicios ni pruebas contundentes que prueben la participación de él ni en los secuestros ni en el escuadrón de la muerte”. Sobre el documento de identidad que llevaba consigo el empresario cuando fue detenido, el abogado dijo que se trata de una cédula que le dio un amigo y que usó “alguna vez para registrarse en hoteles”. Anunció que presentará un recurso de inconstitucionalidad, lo que estirará el proceso.
la diaria consultó a Payssé, que ya no está vinculado al Serpaj, sobre qué generaría que la parte indagada presentara un recurso de inconstitucionalidad, y este dijo que por una reciente modificación de la legislación –que no se hizo por los casos de lesa humanidad– el indagado no necesariamente debe quedar en libertad al presentar el recurso, sino que los jueces pueden optar por que permanezca en prisión. Pero advirtió que si se presenta el recurso de inconstitucionalidad argumentando que los delitos cometidos por Sofía prescribieron, hay que ver qué resuelve en última instancia la Suprema Corte de Justicia, ya que en un fallo polémico reciente expresó que los delitos de lesa humanidad no son imprescriptibles. La integración del cuerpo que aprobó ese fallo cambió en un integrante: en noviembre asumió como ministro el doctor Luis Tossi. El caso de Sofía no está contemplado por la Ley de Caducidad, porque los delitos se cometieron antes de la dictadura cívico-militar.
Se debe tener en cuenta también que Sofía puede ser formalizado por haber utilizado un documento de identidad ajeno e intentar hacerse pasar por otra persona nada más ni nada menos que ante Interpol. Además, estuvo prófugo de la Justicia durante casi diez años.
El empresario
Sofía y su esposa dirigían el Grupo del Plata, que tenía la titularidad de Emisora del Plata (Montevideo), FM Total (Canelones), Radio Futura (Montevideo), Cenit (Rivera), Emisora Real de San Carlos (Colonia), Radio Santa Rosa (Canelones) y Emisora La Pedrera (Rocha). El paquete de titularidad de las frecuencias fue vendido al empresario Ángel González. Se estima que el negocio comenzó en 2007 y culminó al año siguiente, y le aportó a la familia Sofía la suma de un millón de dólares. En 2009, el grupo Medios y Sociedad denunció que la acumulación de frecuencias en manos de González, que también había adquirido el grupo Sarandí, sobrepasaba la cantidad permitida por la ley.