El empresario Miguel Sofía, detenido el martes en la vía pública en Montevideo por Interpol, volvió a declarar ayer ante la jueza penal de 28º turno, Fanny Canessa. La magistrada hizo lugar al pedido del fiscal de que Sofía permanezca en prisión preventiva y la dictó. Además, un juzgado que tramita causas por el nuevo Código de Proceso Penal estudiará la formalización del empresario por utilizar un documento de identidad de otra persona.
Sobre Sofía recae desde 2009 un pedido de procesamiento con prisión del entonces fiscal penal de primer turno, Ricardo Perciballe, por los delitos de asociación para delinquir, una desaparición forzada y dos homicidios especialmente agravado cometidos cuando formaba parte de los “escuadrones de la muerte” en 1971 y 1972. Cuando fue citado a declarar por esa causa, no se presentó y no pudo ser hallado para ser conducido, por lo que se libró una orden de captura internacional, que dio resultado casi diez años después. Se presume que el empresario estuvo en el exterior pero entró y salió del Uruguay varias veces portando documentación de otra persona.
El abogado de Sofía, Anibal Martínez Chaer, dijo que presentó un recurso de inconstitucionalidad y que no se trata de “una chicana legal” sino que está “utilizando los resortes legales” que la ley le permite. Además, pidió que la prisión preventiva sea domiciliaria y que Sofía sea sometido a una pericia forense para determinar si su estado de salud le impide permanecer en una cárcel.