Mientras que el número de personas desplazadas por las inundaciones sigue incrementándose y llegó ayer a 2.326, las autoridades del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) insisten en no aceptar donaciones en ninguna parte del país. “Los diferentes comités departamentales de emergencias han manifestado y consideran pertinente hacer saber a la población que por el momento no son necesarias las donaciones ni se puede recibir ayuda de particulares, puesto que la situación está controlada con los recursos departamentales”, dice el comunicado publicado ayer por el Sinae en su sitio web oficial. “No se están aceptando donaciones en ninguna parte del país. Las capacidades del Estado tanto a nivel nacional como departamental son suficientes para responder a la población”, explicó a la diaria Fernando Traversa, director del Sinae.
A pesar de estas aclaraciones, la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) se lanzó a llevar adelante una campaña de donaciones para colaborar con la población afectada por las inundaciones. “Campaña solidaria por los inundados”, dice un banner que reprodujo ayer el presidente del sindicato, Martín Pereira. Allí se comunica que se aceptan alimentos no perecederos, productos y elementos de limpieza para el hogar y aseo personal, y pañales para niños y adultos. Las donaciones, especifica el banner, se recibirán en el local de la FFSP de Montevideo, en la calle Arenal Grande. A esto se suma la “campaña del kilo” para Durazno, apoyada por el PIT-CNT y la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (FUECYS), que piden alimentos y artículos de limpieza.
“Largamos esta campaña por las inundaciones en contacto con los compañeros de los departamentos. En Dolores ya lo habíamos hecho con una brigada solidaria. Estamos recolectando [donaciones] y si hay que apoyar en algún lado con personal de la salud y es necesario, vemos con el gobierno de dar una mano”, explicó Pereira a la diaria. Según dijo, las donaciones que recolectan no se entregan al Sinae ni a los Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales (Cecoed), sino que se hacen llegar mediante los plenarios departamentales del PIT-CNT o las comisiones internas de la FFSP en cada departamento, aunque en oportunidades anteriores esto se ha hecho con el Sinae y los Comités Departamentales de Emergencias.
De todos modos, Traversa reiteró el llamado a no hacer donaciones, que proviene de los propios Cecoed departamentales, encargados de gestionar las donaciones. “Particularmente en este momento hay un llamado a no recibir donaciones. Esto no es una decisión del Sinae, sino que son los centros coordinadores departamentales los que nos han manifestado su disposición a no recibir donaciones, porque tienen la situación suficientemente cubierta. Eso es lo que nos han informado a este momento”, expresó el jerarca. Traversa confesó no estar al tanto de la existencia de campañas de la FFSP, FUECYS y el PIT-CNT, y dijo que se lanzaron “sin previa consulta” con los Comités Departamentales de Emergencias.
Pereira comentó que se pregunta por qué el Estado no quiere recibir donaciones, y dijo que se iba a comunicar con Traversa al respecto. “No entiendo por qué es el ‘no’ a las donaciones. Ya hemos estado en varias inundaciones, y la gente las recibe con buenos ojos. Sé que la logística de repartos es complicada, pero nosotros nos manejamos con nuestra propia logística para poder llegar a los barrios más carenciados, y creemos que no estamos interfiriendo en nada con lo que puede ser la recuperación de las casas”, sostuvo.
Según el sindicalista, a veces el Estado “no da abasto para cubrir esas necesidades, sobre todo en la limpieza posterior a las inundaciones”. Agregó que “es parte del movimiento sindical colaborar con el pueblo uruguayo”, y que no se trata de una “competencia con el Estado ni con privados, sino que es parte de la solidaridad” que practican.
Problemas recientes
El manejo de las donaciones ha sido complejo en anteriores inundaciones y otros tipos de desastres naturales. Por ejemplo, tras el tornado que afectó a Dolores en abril de 2016, las autoridades locales de la Cruz Roja advirtieron que su filial de Montevideo había recibido donaciones por valor de 3,5 millones de pesos para colaborar con la ciudad que nunca habían llegado a destino. En octubre de ese año, el Ministerio de Educación y Cultura terminó interviniendo la Cruz Roja a nivel nacional y removiendo a sus autoridades. Al fundamentar esa decisión se mencionaron expresamente las irregularidades ocurridas con las donaciones.
Otro extravío de donaciones terminó en un pedido de desafuero que nunca llegó a ser tratado en la Legislatura anterior, de nada menos que el actual intendente de Durazno, Carmelo Vidalín. El jerarca, que también ocupaba ese cargo durante las inundaciones que sufrió su departamento en 2007 (y que fue diputado en la Legislatura pasada), recibió una denuncia desde la presidencia de la República, también encabezada por Tabaré Vázquez en aquel entonces, en la campaña electoral de 2009, por su presunta responsabilidad en “reiterados delitos de abuso de funciones en casos no previstos por la ley”, luego de que se constatara la desaparición de cinco casas prefabricadas, donadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, y 20 lonas que aportó la Embajada de Japón. Vidalín finalmente fue absuelto por la Justicia en 2015, tras comprobarse que no había suficientes elementos para determinar su culpabilidad.