El jueves, la Junta Departamental de Montevideo decidió enviar a la Justicia –con los votos del Frente Amplio (FA) y algunos ediles que responden al Partido Colorado y al Partido de la Gente– las conclusiones de una comisión investigadora que se propondría averiguar qué había pasado en el Municipio E.
En marzo de este año, el semanario Búsqueda dio a conocer que la concejala Lorena de León, por entonces integrante de la lista 40, del Partido Nacional, denunció presiones por parte de sus compañeros de partido para que renunciara al cargo que habría de asumir. Concretamente, De León señaló que lo que se buscaba era que Nicolás Motta (lista 404) asumiera como concejal en su lugar. De hecho, indicó que fue el propio Motta quien trató de sobornarla para que renunciara, e incluso difundió grabaciones sobre el contenido de la charla.
El informe en minoría formulado por los nacionalistas en la comisión –y rechazado el jueves por la Junta– asegura que “en el Municipio E no han sucedido irregularidades de ningún tipo”, ya que los hechos denunciados por De León “no han podido probarse”. Allí se asegura que, si bien su presencia había sido solicitada en la comisión para que aclarara sus dichos, la bancada del FA optó por “no exponerla”, lo que, dice el informe, obstruyó el trabajo de la investigadora.
La bancada nacionalista también recuerda que De León y el concejal frenteamplista Eduardo Correa no presentaron ante la comisión investigadora la denuncia que en su momento hicieron en la Fiscalía. Eso, se sostiene, “crea un mar de dudas sobre la existencia de esa denuncia hasta el punto de poder darse la circunstancia de que la denuncia nunca existió”.
“Uno a uno los dichos de la concejala suplente De León fueron cayendo por su propio peso, por falta de probanza, así como por falta de veracidad, ya que cuando alguien sostiene algo en desmedro de otras personas, debe tener argumentos para sustentarlos”, culmina el informe.