Con el voto de los ediles del Frente Amplio y de algunos opositores pertenecientes al Partido de la Gente y el Partido Colorado, la Junta Departamental de Montevideo decidió el envío de los documentos generados por la comisión investigadora que se había conformado para investigar indicios de posibles sobornos en el Municipio E a la Justicia.
En el informe, según consigna La República, los frenteamplistas rechazaron “la nula actuación política que realizó el alcalde del Municipio E”, el nacionalista Agustín Lescano, “tras conocer la denuncia, ocupando más tiempo en señalar a la denunciante [la ex concejal suplente Lorena de León] que tratando de echar luz sobre las acusaciones vertidas”.
En marzo de este año, De León (Lista 40) denunció presiones por parte de sus compañeros de partido para que renunciara al cargo que habría de asumir. En ese entonces, el semanario Búsqueda informó que De León habría sufrido discriminación e intentos de soborno para que Nicolás Motta (Lista 404) asumiera como concejal en su lugar. De León hizo la denuncia ante la Policía y en la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. En mayo de este año, la Junta interpeló al actual alcalde, Agustín Lescano (también de la 404), y en abril votó por unanimidad la conformación de la comisión.
Según recoge La República, el presidente de la investigadora, el frenteamplista Mariano Tucci dijo que Motta, “además de obstaculizar y desconocer la función de contralor de la Junta Departamental de Montevideo siendo integrante de un consejo municipal, nunca objetó ser quien aparece en los audios que dan cuenta de un ofrecimiento económico a la señora De León”. Luego pidió que renunciara “voluntariamente” a su cargo. Además, cuestionó la ausencia del diputado nacionalista Rodrigo Goñi, identificado por De León como una de las personas que ofrecieron el dinero para que renunciara al cargo. “Fíjense ustedes que le está pidiendo a la gente por televisión que le den cinco años para cambiar la realidad del país y nosotros le pedimos cinco minutos para que defienda su inocencia, si es que existe, y no lo hizo. Es difícil de entender que alguien que no se defienda a sí mismo pretenda defendernos a todos”.
El 30 de agosto, Goñi había enviado una carta a la presidenta de la Junta, la frenteamplista Adriana Barros, en la que explica por qué a su juicio no correspondía su comparecencia en la investigadora. Según argumentó Goñi en base al artículo 286 de la Constitución, las comisiones investigadoras a nivel departamental no tienen la potestad para analizar “la gestión, conducta o comportamiento de un legislador nacional”. Además, Goñi sostuvo que la denuncia de la concejal suplente “ya fue archivada por la Justicia interviniente”.