En la noche-madrugada del 20-21 de octubre de 1975, la dictadura lanzó la Operación Morgan contra el Partido Comunista (PCU). Fue una operación de exterminio, coordinada por fuerzas militares y policiales, a gran escala y de larga duración. Por eso mismo, su reconstrucción abarca sucesivas oleadas represivas que tuvieron su epicentro entre octubre y diciembre, pero que se extienden hasta los primeros meses del año siguiente.
La Operación Morgan fue resultado de una decisión política adoptada en las más altas esferas de la cúpula militar y del gobierno, e intervinieron operativamente distintos organismos bajo la coordinación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas I (OCOA I) de la División de Ejército I (bajo el mando del coronel Luis Queirolo y el general Esteban Cristi): el Servicio de Información de Defensa (SID), el Departamento II del Comando General del Ejército, la Prefectura Nacional Naval, el Cuerpo de Fusileros Navales y la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII).
El contexto regional
El 19 de octubre de 1975 comenzaron en Uruguay las maniobras militares hemisféricas llamadas Unitas, y al otro día se reunía en Montevideo la 11ª Conferencia de Ejércitos Americanos, con jefes militares de 15 países del continente.1 En esa reunión se aprobó un documento que excluía de los organismos de seguridad hemisféricos a los países con regímenes marxistas y se reafirmaba la cooperación entre los ejércitos para combatir la subversión “generada en la acción del marxismo y el comunismo internacional”. El comandante en jefe del Ejército argentino, Jorge Rafael Videla, declaraba: “Si es preciso, en la Argentina deberán morir todas las personas necesarias para lograr la seguridad del país”.2 Mostrar en ese ámbito de calificadas visitas anticomunistas el potencial represivo local parecía asegurar el prestigio de la dictadura y los militares uruguayos entre sus pares continentales.
El 29 de octubre en Santiago, la Dirección de Inteligencia Nacional, al mando del general Manuel Contreras, invitaba a asistir a la Primera Reunión de Trabajo de Inteligencia entre el 25 y el 30 de noviembre a los efectos de establecer a escala regional “algo similar a lo que tiene Interpol en París, pero dedicado a la subversión”. El acta de clausura de esta reunión, encontrada en el Archivo del Terror de Paraguay, es un verdadero documento fundacional del Plan Cóndor; el nombre habría sido sugerido por el representante uruguayo en la reunión y miembro del SID, el coronel José A Fons.3
Los objetivos militares y políticos de la dictadura
La Operación Morgan contra el PCU tenía como objetivos principales la captura de la dirección clandestina, así como la desarticulación de los aparatos partidarios especializados. El libro publicado en 1978 por el Comando General del Ejército Testimonio de una nación agredida refiere a la existencia de esas estructuras: aparato armado (sanidad, comunicaciones, transporte), prensa (“Carta”), propaganda, finanzas y recursos directos, comisión de relaciones internacionales, fracción sindical.
El golpe recibido por los comunistas fue dirigido a desarticular aquellos núcleos claves de la organización que aseguraban el funcionamiento clandestino desde el golpe de Estado y la ilegalización de los comunistas en 1973, y aun aquellos militantes que lograron escapar del cerco represivo quedaron sin estructuras y “congelados” o “desenganchados” de la organización. Anotemos, también, que el inicio del exilio masivo de los comunistas uruguayos en el correr de 1976 es una resultante de Morgan. Por otra parte, la dictadura amplificó el “peligro comunista” y la magnitud de su acción buscando justificarla y darle continuidad, así como incidir en la opinión pública a través de los medios (comunicados de las Fuerzas Conjuntas, conferencia de prensa de “arrepentidos”, exposición del material incautado en el Subte, grandes titulares de los diarios afines al régimen).
Finalmente, el importante material documental incautado en el operativo permitió a los servicios actualizar listados de miembros de las direcciones, así como obtener datos del funcionamiento partidario contenidos en los informes del Comité Central, informes escritos que, a lo largo de la dictadura, resultaron ser uno de los “talones de Aquiles” de la resistencia clandestina.
La novedad
La novedad de la Operación Morgan consiste en que fue coordinada por el mando militar y en que también los organismos represivos que intervinieron fueron mayoritariamente militares. Hasta este momento el “peligro comunista” había sido mayormente una “cuestión policial”, salvo en las operaciones represivas en el interior del país. De ahora en más, se reorientarían militarmente las labores de inteligencia e información y los operativos contra el PCU, sin dejar de lado la importante participación de la DNII como organismo policial especializado en la represión contra los comunistas y el movimiento sindical.
Otra novedad de la Operación Morgan consiste en la brutalidad aplicada a gran escala por las fuerzas de seguridad del Estado, hasta llegar a la eliminación física del “enemigo comunista”. Ello implicó, también, otra economía de la represión y escala (infraestructura, logística, comunicaciones, personal, transporte) para asegurar la masividad, el secreto, la sorpresa y la simultaneidad de los procedimientos; los lugares para depositar a decenas de personas secuestradas; el carácter clandestino de los centros de detención ubicados en predios militares o bajo jurisdicción militar; la transformación de estos centros en “sitios de enterramientos” de personas.
Finalmente, la Operación Morgan introdujo definitivamente en Uruguay el carácter grupal o colectivo del fenómeno de la desaparición forzada a través de casos conexos de personas detenidas dentro de un mismo operativo represivo que se concentra en corto tiempo y contra una sola organización política, con personas que son detenidas y desaparecen o son asesinadas en la tortura en una secuencia casi simultánea.
A partir de Morgan, la dictadura incorporará definitivamente la desaparición forzada ‒junto a la prisión masiva y prolongada, la tortura generalizada y el asesinato político‒, como parte de sus métodos de castigo, y este “giro” tendrá su confirmación definitiva en la coordinación del Plan Cóndor y la actuación de los servicios uruguayos en Argentina, en los operativos contra colectivos enteros de la izquierda uruguaya exiliados en la vecina orilla: Partido por la Victoria del Pueblo, Partido Comunista Revolucionario, Grupos de Acción Unificadora, Movimiento de Liberación Nacional (MLN), entre julio de 1976 y fines de 1979.
Los centros clandestinos de detención y enterramiento
Los centros clandestinos de detención utilizados durante la Operación Morgan fueron conocidos con el nombre de Infiernos. El 300 Carlos, Infierno Grande o La Fábrica fue el epicentro operativo del OCOA, emplazado en uno de los galpones del Servicio de Material y Armamento del Ejército, en los fondos del Batallón de Infantería Blindada Nº 13, en Avenida de las Instrucciones. El nombre 300 Carlos parece referir al número total de comunistas a ser detenidos (300), llamados Carlitos (por Carlos Marx).
La Casa de Punta Gorda, 300 Carlos R o Infierno Chico fue el otro centro clandestino que se utilizó en un comienzo de la Operación Morgan y hasta mediados de 1976 como “depósito” de detenidos y torturados hasta su traslado definitivo. La propiedad había sido incautada por el Ejército al MLN y estaba ubicada en Punta Gorda, al lado del hotel Oceanía, en Rambla República de México 5515.
El carácter “clandestino” de las operaciones en estos centros de detención se extendía a los represores de OCOA que actuaban de manera encubierta y compartimentada, utilizando el alias de “Óscar” acompañado por un número, según el grado militar y nivel de responsabilidad en las estructuras clandestinas del Ejército.
La sucesión de caídas
Si bien el éxito de la represión sobre los comunistas es proporcional al largo trabajo de inteligencia acumulado y el conocimiento que tenían del “enemigo”, así como a la cantidad de hombres y medios utilizados, en el PCU también se cometieron errores en la aplicación de los criterios de seguridad y se subestimó el poderío militar y policial, incluidos los efectos de la tortura para la obtención de información. A partir de 1976, el partido y su dirección entraron en una etapa de absoluta clandestinidad y compartimentación bajo la Secretaría General ocupada por León Lev, hasta su detención, en 1979.
Sería imposible dar cuenta de los cientos de personas secuestradas; no obstante, indicaremos las caídas de algunos dirigentes de primera línea: el 21 de octubre fue detenido Alberto Altesor, miembro del Comité Central. El 28-29 de octubre caen el ingeniero José Luis Massera, entonces secretario general del PCU, en la clandestinidad desde 1974, después de Arismendi; Wladímir Turiansky, vicepresidente de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT) y miembro del Comité Central, que desde fines de 1974 era encargado de la Secretaría Nacional de Propaganda del PCU y de la CNT; Eduardo Bleier, miembro del Comité Central y en ese momento secretario departamental de Propaganda.
El 31 de octubre fue detenida Rita Ibarburu, integrante del Comité Central y secretaria de Redacción de la revista Estudios, responsable de la Comisión de Relaciones Internacionales.
Para suplir a Massera, el PCU constituyó una dirección formada por un “Triunvirato” compuesto por Luis Tourón, Gerardo Cuesta y Jorge Mazzarovich quien, al caer detenido, fue sustituido por Rosario Pietrarroia. Sin embargo, poco después los tres fueron apresados con escasa diferencia de días en otra oleada de la Operación Morgan: el 12 de enero de 1976 cayó Cuesta, el 19 Pietrarroia y el 21 Tourón. El 2 de febrero fue detenido Edgar Lanza, secretario nacional de Finanzas, y el 21 Gerardo Cuesta, secretario del Comité Central y de la CNT.
El ruso Eduardo Bleier Horovitz
Bleier tuvo cuatro hijos de dos matrimonios y era integrante de una familia judía que había emigrado a Uruguay desde Hungría. Paradójicamente, en este país se exiliaría su propia familia bajo la dictadura uruguaya.
Cuando estudiaba Odontología, a principios de la década del 50, se afilió al PCU y era integrante de su Comité Central desde 1961.4 Hasta marzo de 1972, estuvo al frente de la Secretaría de Finanzas del Partido y fue uno de sus dirigentes más emblemáticos. Por eso, su prontuario policial (Nº 116) fue iniciado tempranamente, el 14 de abril de 1959. Cuando se produce el golpe de Estado, ocupaba el cargo de secretario de Organización del Comité Departamental de Montevideo y, en 1974, asumió la Secretaría Departamental de Propaganda hasta caer detenido.
Pocos detalles se saben del momento mismo de su detención acontecida el día 29 de octubre de 1975 en horas de la noche. Estuvo recluido en la Casa de Punta Gorda (Infierno Chico) y en 300 Carlos. Si bien hay numerosos testimonios de su presencia allí y de su grave estado de salud causado por las torturas (lo refieren José Wolman, Sara Youtchak, Rita Ibarburu, Vilma Antúnez, Alcides Lanza y el soldado Hugo García Rivas), sus captores nunca reconocieron la detención. Según el informe del Supremo Tribunal Militar, “se le inició un presumario en el Juzgado Militar de Instrucción de 1er Turno el 27 de agosto de 1976, estando prófugo el citado sedicioso desde el 19 de mayo de 1976 [habiéndose librado] orden de aprehensión contra el mismo el 10 de junio de 1976”.5 No obstante, su detención figura en la Ficha de Identificación Criminal confeccionada por la Policía de Montevideo donde consta textualmente: “27/11/75-Fichado a solicitud del Servicio de Material y Armamento-En esa unidad”.6
Desde 1972 la Secretaría de Finanzas del partido fue ocupada por Edgar Chumbo Lanza, quien logró escapar al cerco represivo. En sus palabras: “Bleier era un genio, fue el padre de las finanzas del Partido, el creador de todo eso”. Es decir, “una política financiera inteligente del Partido que abarcaba una concepción de masas (grandes campañas populares, festivales, cotización de afiliados, etcétera) con una línea de apoyo financiero directo a cargo de empresas y empresarios, algunos de la comunidad judía, que aportaban al Partido en calidad de comunistas”.
Uno de los objetivos centrales de la Operación Morgan consistía en desmantelar el aparato financiero del PCU y sus empresas comerciales, dado que constituían un medio fundamental para sostener materialmente las acciones partidarias en la clandestinidad y los cuadros rentados. En opinión de Edgar Lanza, la saña con la que torturaron a Bleier guarda relación directa con una confusión: “A Eduardo lo masacraron pensando que era el Secretario de Finanzas”.
La secuela de víctimas
El costo en vidas de la Operación Morgan y de los centros clandestinos de detención llamados Infiernos resulta revelador del grado de violencia aplicado por la dictadura, un verdadero “giro” no solamente de la metodología represiva, sino de la propia naturaleza del régimen, que llevó al PCU a redefinir lo que caracterizaba como “etapa de fascistización” (desde 1973) a “etapa fascista” (desde 1975-1979).
Los muertos fueron 22: ocho personas fueron detenidas desaparecidas (dos de ellas con restos recuperados e identificados: Miranda y Bleier), seis fueron asesinadas bajo torturas en el mismo momento de su detención o en meses inmediatos, y otras ocho personas murieron tiempo después en prisión o en el exterior por secuelas de torturas y enfermedades agravadas.
Los detenidos desaparecidos fueron Bleier, detenido el 29 de octubre de 1975; Lorenzo Julio Escudero Mattos, detenido el mismo día; Juan Manuel Brieba y Fernando Miranda, detenidos al día siguiente; Carlos Pablo Arévalo, el 15 de diciembre; Julio Gerardo Correa, el 16 de diciembre; Otermín Laureano Montes de Oca, el 17 de diciembre, y Horacio Gelós Bonilla, detenido el 2 de enero de 1976 por OCOA IV en el BI 4 Maldonado.
Detenidos asesinados fueron Óscar Olveira, apresado el 21 de octubre de 1975 y asesinado el 17-18 de febrero de 1976; Nuble Yic, detenido el 22 de octubre de 1975 y asesinado el 15-16 de marzo de 1976; Norma Cedrés de Ibarburu, detenida entre el 28 y el 29 de octubre, fallecida en prisión el 16 de enero de 1978; Ruben Etchebarne, detenido, sin más datos, y asesinado en febrero de 1977.
Carlos Chassale fue detenido el 7 de noviembre de 1975, liberado en junio de 1976 por razones de salud, y falleció en Cuba en 1979 a consecuencia del agravamiento de su enfermedad por las torturas recibidas. Carlos María Argenta fue detenido el 9 de diciembre de 1975 y asesinado el 17 de diciembre del mismo año. Luis Pitterle fue detenido el 16 de diciembre de 1975 y asesinado el 22 de agosto de 1979. Emilio Fernández fue detenido el 16 de diciembre de 1975 y asesinado el 24 de diciembre de 1980. Hugo Pereyra fue detenido el 16 de diciembre de 1975 y asesinado el 28 de agosto de 1977. Julián Basilicio López fue detenido el 31 de diciembre de 1975 y asesinado el 5 de enero de 1976. Silvina Saldaña fue detenida en febrero de 1976 y asesinada en prisión el 13 de junio del mismo año. Hilda Delacroix de Ormaechea fue detenida el 3 de febrero de 1976 y muerta el 1º de setiembre de 1976. Gerardo Cuesta fue detenido el 21 de febrero de 1976 y murió en prisión el 13 de setiembre de 1981. Nicanor Aldabalde fue detenido en marzo de 1976 y asesinado en prisión (en Minas) en la misma fecha.
Álvaro Rico es docente de Ciencia Política. Ex decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Ex coordinador del Equipo Universitario de Investigación Histórica sobre Detenidos-Desaparecidos.
-
Cabe agregar que en los primeros días del mes de octubre se había realizado una conferencia de Inteligencia Militar presidida por el general Amaury Prantl. ↩
-
Martínez, V. (2005). Tiempos de dictadura. Montevideo: EBO, p. 57. ↩
-
Archivo del Terror de Paraguay. Ver Presidencia de la República. “Investigación histórica sobre detenidos desaparecidos”. Tomo I, sección 2. Coordinación represiva regional: “Operación Cóndor”. Montevideo: IMPO, julio 2007. p. 286. Documento 6, p. 308-317. ↩
-
Fremd, A. y Kronfeld, G. (2011). (DES) APARECIDO. Vida, obra y desaparición de Eduardo Bleier. Montevideo : Editorial Estuario. ↩
-
Informe Supremo Tribunal Militar referido a Eduardo Bleier. ↩
-
Presidencia de la República. Investigación histórica sobre detenidos desaparecidos. Tomo III. Documento I, p. 655. ↩