Las integrantes de la Articulación Nacional No a la Reforma Mariana Rodríguez y Daniela Buquet hablaron con la diaria sobre los argumentos en contra de la reforma de la Constitución impulsada por el senador del Partido Nacional (PN) Jorge Larrañaga (Alianza Nacional) y aseguraron que ninguna de las cuatro propuestas tiene fundamento ni va a cumplir con su finalidad de combatir la inseguridad.
¿Por qué no están de acuerdo con las propuestas de la reforma, como, por ejemplo, los allanamientos nocturnos?
Daniela Buquet (DB): Es una medida ineficiente para lo que quiere abordar, que es el narcotráfico. Atacar los puntos de venta es superficial, porque el narcotráfico se mueve por las financiaciones y la entrada de las sustancias al país. Sabemos que a los dos días el punto de venta se mueve y vuelve a circular la droga. Además, los sindicatos policiales han salido a decir que están en contra, porque su seguridad como trabajadores, en la noche, no está asegurada, ni lo está la de los vecinos. Hemos estado hablando con trabajadoras sociales que plantean que el impacto que genera en los menores es tremendo.
¿Qué piensan del cumplimiento efectivo de las penas?
Mariana Rodríguez (MR): La población carcelaria en Uruguay es de más de 11.000 personas. Si la solución fuera ir encerrando a la gente, no estaríamos ahora hablando de seguridad. Uruguay está en el segundo lugar en Sudamérica, con más personas privadas de libertad per cápita, en el quinto en Latinoamérica y en el 34o en el mundo. Si hay algo que sí estamos haciendo es privar a las personas de libertad. Si vamos a tener cárceles, ¿qué fin queremos para ellas? Lo que tenemos que debatir seriamente es la necesidad de una política en la que la cárcel sea la última opción. En Uruguay tenemos sólo tres cárceles que podemos considerar “modelo”, que son el ex penal Punta de Rieles, número 6, la de San José y la de Salto. El resto está en estado de emergencia, tiene hacinamiento y hay violaciones a los derechos humanos. Privar de libertad a las personas en estas condiciones no funciona.
Los impulsores de la reforma hablan de reclusión perpetua en los casos de delitos gravísimos...
MR: Cuando ellos hablan de cadena perpetua, mezclan cuatro delitos que no tienen nada que ver. Van desde la violación a menores y pasan por el sicariato, pero también está la rapiña agravada, que puede ser que te roben la cartera y, sin querer o queriendo, te fracturen un brazo. Entonces esa persona va a tener la misma sentencia que una que violó a un menor de edad o un sicario. No hay un diagnóstico detrás de esto. Está más que estudiado que la severidad del castigo no tiene ningún impacto en la disminución del delito.
DB: El aumento de penas es histórico. Año a año se aumentan y la gente no deja de cometer delitos, todo lo contrario. Además, tenemos 70% de reincidencia. Por lo tanto, si pensamos que las cárceles son el espacio donde tienen que reinsertarse y comprender que el delito está mal, no tiene sentido que las cárceles sigan igual. La falta de profundidad en la propuesta hace que no planteen el presupuesto. Vamos a tener más privados de libertad, pero no sabemos si va a haber más plata.
¿No es atendible que un violador de menores reciba una condena perpetua?
DB: La cadena perpetua está catalogada como tortura por las reglas Mandela. Los convenios internacionales plantean que las penas máximas deberían ser de 30 años. Nosotros tenemos 30, con la posibilidad de aumentar hasta 15 años más. Después: ¿para qué queremos la cárcel?, ¿para encerrar gente y no verla nunca más? La cadena perpetua tiene que ver con eso, con que se elimine a un otro, que no tiene que ver conmigo. Eso no tiene sentido si lo que se quiere es terminar con el delito. Hay que pensar en políticas de prevención.
¿Y qué piensan sobre la Guardia Nacional con efectivos militares?
MR: Cuando debatimos con quienes están a favor, hablan de que van a ser 2.000, 4.000 o 6.000. Es poco serio no tener claro cuántas personas se van a destinar a eso.
Siempre se dijo que serían hasta 2.000.
DB: A nosotros nos han dicho que pueden ser más. Lo que pasa con las propuestas es que después se necesitan leyes; hay una apertura, y pueden terminar siendo más.
Más allá de la cantidad de efectivos, ¿cuál es el argumento en contra de la medida?
DB: Las Fuerzas Armadas no están preparadas para atender la seguridad interna. Su objetivo es otro: cuidar la soberanía nacional y contener un enemigo externo. Los militares que tienen que empezar a actuar tienen que tener delimitada una zona de guerra. Esto los militares ya lo han dicho: que les parece complejo que se haga efectivo. Esa zona roja puede ser una esquina o un barrio entero. En los países en los que se incluye a las fuerzas militares en la seguridad interna no han modificado la situación. En Chile, que es un país que se pone de ejemplo, la represión de los movimientos estudiantiles es constante y de las poblaciones indígenas también.
Jorge Larrañaga dijo que no entendió por qué en la Marcha de la Diversidad hubo consignas contra la reforma. ¿Por qué sucedió?
DB: Yo milito en Ovejas Negras. Esta es una pregunta que surgió bastante y siempre que podemos remarcamos que la Marcha por la Diversidad es una marcha política. Estamos en contra de esa idea de la seguridad, pero particularmente los cuerpos más vulnerados son parte de la comunidad LGBT. Sabemos que los cuerpos que van a ser más investigados y reprimidos son los de las personas trans, los gays y las lesbianas. Sabemos que las fuerzas de seguridad en el mundo históricamente han reprimido a nuestra comunidad y a los cuerpos disidentes. Todos queremos vivir sin miedo, pero ¿qué es el miedo para las distintas personas? Nadie niega el aumento delictivo y todos sentimos inseguridad en la calle. Esa es una realidad. Pero también sentimos miedo dentro de nuestras casas. Las personas trans tienen miedo de no encontrar trabajo, de no tener su identidad.
Los integrantes de Alianza Nacional aseguran que es una injerencia en la educación, por ejemplo, la colocación de carteles en los liceos. ¿Qué les parece ese argumento?
MR: Creemos que esos son los lugares donde hay que dar la charla. Todos nuestros espacios han sido abiertos; hemos invitado a todos a que participen y siempre que nos han invitado hemos participado. La Universidad de la República [Udelar] es el lugar para tener estas charlas, al igual que los diferentes liceos. Son los sitios en los que hay que dar los debates, desde un lugar de respeto y tolerancia.
DB: A veces, en los años electorales se usan palabras como eslogan, como, por ejemplo, “laicidad”, cuando, en realidad, las instituciones educativas siempre fueron los grandes espacios donde los movimientos sociales se formaron.
Pero la Justicia ordenó a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) que quitara de los liceos los carteles contra la reforma. ¿Cómo piensan que se procesó eso?
DB: Plantear que un centro de estudiantes no pueda discutir o decidir estar a favor o en contra de algo es problemático, es censurar una voz. Además, es cuestionar los procesos que el movimiento genera en su interna. A diferencia de la Udelar, al no ser un espacio autónomo y cogobernado, tiene otras complicaciones, y entiendo que el Codicen [Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública] se haya sentido más cerrado para permitir estos debates.
Las encuestas le dan a la reforma un porcentaje bastante alto de aprobación. ¿Cómo trabajan para contrarrestar esto?
MR: Muchos resultados distintos de las encuestas varían de una semana a la otra. Hay que bajar la pelota al piso y analizarlo en profundad. Cuando el No a la Baja [de la edad de imputabilidad], a un mes de las elecciones los sondeos no daban muy distinto a lo que dan ahora. El objetivo que tenemos que tener como sociedad es que las personas, del partido que sea, tomen la decisión informadas. Esa es la pelea que estamos dando todos los días. Creo que a todos y todas nos importa la seguridad. Nunca negamos que haya problemas, pero también hay que analizar la realidad. Esto no es algo que se pueda tomar a la ligera. Por eso, uno de los ejes principales que tenemos es apostar por otros caminos. Si sale la reforma, la marcha atrás va a ser muy difícil, al punto de que tendríamos que esperar cinco años para hacer otra reforma y sacarla. El objetivo que tenemos es que la gente se informe y debatir en conjunto cuáles son las soluciones. Somos todos un poco responsables como sociedad y tenemos que ser muy conscientes de cómo llegamos a esto, por qué hoy estamos parados de este lado y teniendo este debate.
¿Qué responden cuando les preguntan cuál es la solución?
DB: El mensaje es complejo en lo que tiene que ver con la mecánica electoral. Nos importa mucho que quede claro que hay que decirle que no a la reforma, y para eso no hay que poner la papeleta. En la linea de pensar otros caminos posibles, hemos hablado con distintas organizaciones, conociendo un poco la realidad. En nuestro país se usan muy poco las penas que no tienen que ver con la privación de la libertad. Cuando se aplica este tipo de pena en otros países, la reincidencia es menor. Obviamente, esto depende de los delitos, pero acá casi no se tiene en cuenta y mandan a todos a la cárcel. Esta reforma es para cuando la persona está en conflicto con la ley. De lo que pasa antes y después no tenemos ni idea. 50% de las personas que viven en situación de calle son ex privados de libertad; ese es un dato concreto. La persona sale y ni siquiera tiene casa.
La campaña Vivir sin Medio se lanzó antes de las internas. ¿Cómo les parece que influyó en el posicionamiento político de Larrañaga?
DB: Es obvio que hubo una intención oportunista para las internas, que no le funcionó. También se ve por la falta de apoyo de los otros candidatos a la presidencia. Ningún partido en su totalidad apoya la campaña y en el PN es muy poco el acompañamiento que está teniendo.
Cuando hablan con la gente, ¿ven más receptividad de los votantes de algún partido en especial en contra de la reforma?
DB: En los partidos de izquierda sin duda hay más receptividad. Igual, hay jóvenes colorados que se manifestaron en contra y se armó un movimiento de blancos en contra de la papeleta.
MR: Siempre volvemos al mismo punto: informarse sobre lo que está sucediendo. Cuando vamos a las ferias y nos detenemos a hablar con la gente, algunas personas no son conscientes de todo lo que está en juego. Hay que recordar que esto es un paquete.
Hablaron del oportunismo político por parte de Larrañaga. ¿Hay también oportunismo político por parte del Frente Amplio (FA)?
MR: Algo que dejamos claro desde el principio es que no somos político-partidarios y no respondemos a ningún partido. El FA nos ha invitado a debates y espacios, y lamentablemente, para bien o para mal, son los que más nos han permitido ir a conversar. Buscamos eso en los otros partidos, intentamos generar vínculos, pero no se ha dado, aunque sí con los jóvenes del PN, el Partido Colorado y el Partido Independiente.
DB: También es claro que [en la campaña] usan la articulación para hablar en contra del oficialismo. En la cadena de radio y televisión de Larrañaga, todas las críticas que hacía tenían que ver con el FA.
MR: Cuando ellos quieren debatir [a favor de la reforma], piden hacerlo con el FA, y no con nosotros. Nosotros no somos el FA, no tenemos una bandera política, pero queremos tener el debate.
¿Han leído las propuestas en seguridad de los partidos?
DB: Sí. En general, se ve un aumento del punitivismo en los tres partidos más grandes. El PN le da más visibilidad a la Policía. La pregunta que nos surgió fue por qué en la reforma de la Policía se la deja de lado. Todos los partidos siguen por un mismo camino.