El canciller Rodolfo Nin Novoa cuestionó este miércoles la resolución que el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó el viernes 27 de setiembre en Ginebra, y aseguró que Uruguay apoyó otra que, argumentó, en los hechos es la única aplicable. “Parecería que algunos medios y muchos dirigentes políticos dijeron que Uruguay no apoyó a una resolución respecto de Venezuela. Y eso no es verdad”, aseguró el canciller.
La resolución votada por Uruguay fue presentada al consejo el 26 de setiembre por siete países que no integran el Consejo de Derechos Humanos: Irán, Turquía, Corea del Norte, Nicaragua, Argelia, Siria y Palestina, según consta en el sitio web del organismo de la ONU. En total recibió 18 votos a favor, seis en contra y 23 abstenciones.
Durante la conferencia, Nin Novoa sostuvo que la resolución apoyada por Uruguay “pone énfasis en la cooperación”, está en sintonía con el sistema de derechos humanos de la ONU y “contempla la instalación de una oficina de derechos humanos en Caracas”.
En dicha resolución, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU “acoge con beneplácito el informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos [la ex presidenta de Chile Michelle Bachelet] sobre la situación de los derechos humanos” en Venezuela y exhorta al gobierno encabezado por Nicolás Maduro a cumplir las recomendaciones que figuran en él. Además, se saluda lo acordado en el memorando de entendimiento firmado el 20 de setiembre entre Bachelet y el gobierno de ese país, que establece una “presencia permanente” de una oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Venezuela.
En otro orden, se expresa “preocupación” por la “imposición de medidas coercitivas extraterritoriales unilaterales” a Venezuela, “que han agravado todavía más los efectos de la crisis económica y, en consecuencia, la situación humanitaria del pueblo venezolano”. En otra parte del documento, se alienta tanto al gobierno venezolano como a la oposición a que “sigan avanzando por la senda del diálogo político genuino a fin de alcanzar una solución pacífica, democrática y constitucional”, y se le solicita a Bachelet que presente al consejo antes de que termine 2019 “información actualizada en forma oral sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela”.
La resolución apoya también las iniciativas que buscan “fomentar las negociaciones y el diálogo político entre el gobierno y la oposición”, como el Mecanismo de Montevideo, las “gestiones de mediación de Noruega” y el Grupo de Contacto Internacional, todos espacios que contaron con el apoyo del gobierno uruguayo.
Según Nin Novoa, esta resolución es la que “mejor contribuye al trabajo de la alta comisionada y no pone en riesgo los canales de diálogo y cooperación que ella pudo restaurar”. Incluso, dijo que es la “única de las dos resoluciones con posibilidad de implementación real e impacto concreto, que apunta a mejorar la situación de los derechos humanos de los venezolanos”.
Negociaciones
El canciller aseguró que mientras en la discusión de la resolución votada por Uruguay se lograron “importantes modificaciones” que robustecieron el texto aprobado, los países patrocinantes de la resolución que el gobierno no votó no admitieron ninguna modificación, ya que era una manifestación de corte “política” y no vinculada a los derechos humanos, “y eso se trata en otro lado, pero no en el Consejo de Derechos Humanos”.
La resolución que Uruguay no acompañó establece el envío de una comisión a Venezuela para investigar “ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes desde 2014” ocurridos en Venezuela. Además, condena la “extendida represión y persecución política” en el país. Esta resolución fue aprobada por 19 votos afirmativos, dos en contra y 21 abstenciones, entre ellas de Uruguay y México.
Según dijo este miércoles Nin Novoa, se trata de una resolución “confrontativa, inflexible y que planteaba caminos imposibles”, en la medida en que no cuenta con el apoyo de la propia Venezuela, lo cual es “imprescindible” para su aplicación, ya que “todas las misiones de la ONU deben contar con el beneplácito del país referido”. “No era conveniente ni ayudaba al esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos en Venezuela”, sentenció.
Dicha resolución fue presentada por Albania, Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, República Checa, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, Georgia, Guatemala, Guyana, Honduras, Islandia, Israel, Liechtenstein, Lituania, Mónaco, Nueva Zelanda, Holanda, Paraguay, Perú y Gran Bretaña.