En un duro informe, la organización Amnesty Internacional (AI) criticó el accionar de las fuerzas de seguridad chilena desatada luego del estallido social que se inició el pasado 18 de octubre y apuntó directamente al presidente Sebastián Piñera y los mandos del Ejército y de Carabineros de actuar usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva con la intención de dañar y castigar a la población que se manifiesta.
Luego de la presencia en Chile de una comitiva de AI que realizó una profunda investigación, el informe final llegó a la conclusión de que “la intención de las fuerzas de seguridad chilenas es clara: lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes. En vez de tomar medidas encaminadas a frenar la gravísima crisis de derechos humanos, las autoridades bajo el mando del presidente Sebastián Piñera han sostenido su política de castigo durante más de un mes, generando que más personas se sumen al abrumador número de víctimas que sigue aumentando hasta el día de hoy”.
Según afirmó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI, “la responsabilidad penal individual por estos hechos no se agota con el procesamiento de la persona que apretó el gatillo. Garantizar justicia y la no repetición por estos hechos implica sancionar a aquellos mandos superiores que, aún con pleno conocimiento de los delitos cometidos por los funcionarios bajo su mando, ordenaron o toleraron su comisión día tras día”.
En el informe de AI se citan datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, que establece que al menos cinco personas murieron durante el estallido social a manos de las fuerzas de seguridad y más de 2.300 resultaron con diversas lesiones, de las cuales más de 1.400 presentan heridas por arma de fuego y 220 trauma ocular severo. Además, la Fiscalía chilena recibió más de 1.100 denuncias por tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como más de 70 delitos de carácter sexual cometidos por funcionarios públicos. Según cifras de Carabineros, ningún funcionario de la institución murió en el marco de las protestas, aunque sí 1.600 efectivos fueron heridos, 105 de ellos con lesiones de gravedad.
Mientras esto se denuncia acerca de la situación en Chile, el gobierno anunció hoy que adelantará egresos de las escuelas que forman a los Carabineros y a los Policías de Investigaciones (PDI), de manera de tener mayor presencia policial en las calles.
“Llevamos un mes con una situación compleja, difícil, donde hemos ido avanzando, pero no lo suficiente que los ciudadanos necesitan”, afirmó hoy el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, durante una conferencia de prensa ofrecida en La Moneda, sede del gobierno chileno, según consignó radio Cooperativa.
“Queremos hacer un llamado a la paz social, a recuperar el orden público y la paz de las personas”, agregó el jerarca, quien asumió el cargo el 28 de octubre en remplazo de Andrés Chadwick, primo del presidente Piñera, a quien se había acusado desde varios frentes de ser uno de los principales impulsores de la feroz represión desatada contra la población tras el comienzo del estallido social.
La decisión anunciada hoy por Blumel se suma al anuncio realizado hace dos semanas, cuando se reintegraron funcionarios en retiro, tanto de Carabineros como de la PDI, para reforzar la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad en las principales ciudades del país.