Este jueves será un día especial en Colombia, ya que en decenas de ciudades se realizarán marchas que coincidirán con el paro general de actividades decretado en octubre por el Comando Nacional Unitario, órgano que reúne a varias centrales obreras, que convocó a la movilización para manifestar su rechazo a varias políticas llevadas adelante por el Ejecutivo que encabeza el presidente Iván Duque, en particular las reformas que afectan al mercado laboral y el sistema de jubilaciones.
Pero además de las centrales sindicales, las movilizaciones también incluirán a los sectores estudiantiles, que desde hace largo tiempo piden mayor presupuesto para la educación. También la iglesia católica se expresó sobre la jornada mediante un comunicado publicado en el que la Conferencia Episcopal de Colombia justificó las movilizaciones que tienen como mar de fondo el profundo descontento social por los problemas graves del país. Aunque reconoció el derecho a la protesta, las autoridades católicas también hicieron un llamado al diálogo y a evitar los actos vandálicos durante las movilizaciones.
Otro de los elementos que sumó argumentos para la movilización son los numerosos asesinatos de líderes sociales e indígenas ocurridos en los últimos meses en Colombia, además del bombardeo militar efectuado en agosto sobre un campamento de ex combatientes guerrilleros en el que murieron al menos ocho menores de edad.
Ante la magnitud de las movilizaciones, que se presume que serán multitudinarias, el gobierno colombiano anunció que desde la medianoche de ayer hasta las 5.00 del viernes se cerrarán todos los pasos fronterizos terrestres y fluviales del país, con el fin de garantizar la tranquilidad en las diferentes regiones del país durante la jornada de mañana. Paralelamente, según informó el diario El Tiempo, el gobierno de Duque expedirá un decreto que facultará a los alcaldes y gobernadores para tomar decisiones extraordinarias a fin de garantizar la seguridad y el orden público durante la jornada de paro general.
Ese decreto permitirá a las autoridades locales y regionales tomar medidas, como, por ejemplo, la restricción del porte de armas, del consumo de alcohol e incluso adoptar medidas como el toque de queda “cuando las situaciones lo ameriten”, luego de un análisis previo con las Fuerzas Militares y la Policía.