Si bien se esperaba que quien fuera vicepresidente de Fripur, Alberto Fernández, declarara ayer ante la Justicia Penal, la audiencia debió ser suspendida, luego de que el empresario presentara un escrito excusándose de participar, dado que había fallecido un familiar. El indagado incluso presentó un certificado médico que daba cuenta de su indisposición para dar testimonio por el caso que lo involucra.
Debido al recurso presentado por Fernández, el juez letrado en lo Penal de 22º Turno, Nelson dos Santos, resolvió solicitar que se probara el vínculo filial con el fallecido. Además, ordenó un examen forense para Fernández para determinar si está en condiciones de declarar.
En concreto, Fernández presentó un aviso fúnebre junto a un examen médico que indicaba su imposibilidad de declarar debido a la situación. Por eso, lo que pide ahora Dos Santos es que se presente un certificado de defunción del familiar de Fernández y documentación que compruebe el vínculo sanguíneo con el fallecido. Hasta ayer, el empresario no había presentado la documentación, por lo que en principio el magistrado dispuso que la audiencia se lleve adelante hoy.
Fernández está llamado a declarar luego de que la fiscal penal de 1er Turno, Gabriela Fossati, solicitara su procesamiento con prisión por violar la Ley de Prenda. En concreto, se lo acusa de vender más de 1.000 toneladas de pescado que funcionaban como garantía de los préstamos con el Banco República (BROU). La norma dispone un castigo de hasta cuatro años de penitenciaría por ocultar bienes prendados, y de 15 meses de prisión para quien abandone bienes prendados.
Luego de declararse en quiebra, la pesquera entró en concurso en 2014 para pagar las deudas a sus acreedores, entre ellos el BROU, el Banco de Previsión Social y UTE. El empresario firmó dos garantías de prenda “sin desplazamiento”: 1.383 toneladas de pescado conservadas en stock, por una suma de 10,3 millones de dólares. Al no abonar lo adeudado, el BROU inició el juicio para obtener la prenda, pero cuando concurrieron a buscar el pescado “detectaron que gran parte de la mercadería no estaba”, dice el dictamen de la fiscal.
De una deuda de 37 millones de dólares más 2,8 millones de intereses a 2014, el BROU ha cobrado 21.770.000 dólares de lo adeudado, según información de la institución bancaria. Entre las medidas para cobrar lo adeudado, el BROU logró ejecutar una propiedad en Punta Carretas de uno de los ex directores de Fripur, al tiempo que obtuvo dinero por la venta de mercadería prendada, entre otras cosas. Además, en junio ganó un juicio en primera instancia para ejecutar una propiedad en Carrasco de Alberto Fernández, que fue adquirida por intermedio de una sociedad anónima, por un valor de 1,5 millones de dólares.
Pero al constatar la falta de la mercadería prendada, en 2017 el BROU inició la denuncia penal contra la empresa por violar la normativa. “No estaba todo el stock que se pensaba que debía estar”, señaló en la comisión investigadora sobre financiamiento de partidos políticos que funcionaba en la Cámara de Diputados el secretario general del BROU, Roberto Borrelli, el 7 de julio de ese año, según consta en la versión taquigráfica.