Diseñar e implementar un Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, construir un presupuesto nacional con “perspectiva” en esa población y brindarle espacios de participación en la sociedad civil, así como una defensoría, son algunas de las medidas comprendidas en “La infancia como prioridad”, un documento que dieron a conocer la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales orientadas al Desarrollo (ANONG) y el Comité de los Derechos del Niño del Uruguay (CDNU). Se trata de dos organizaciones cuyo trabajo territorial “coincide” en el abordaje de la infancia y la adolescencia, resaltó Mauricio Fuentes, de CDNU.
El informe fue presentado el miércoles de la semana pasada en el anexo del Palacio Legislativo, y allí se llamó a los partidos con representación parlamentaria y a los candidatos que siguen en carrera a firmar un acuerdo “para establecer la infancia como prioridad” en el próximo gobierno. Asistieron representantes del Frente Amplio, del Partido Colorado, del Partido Independiente y del Partido Ecologista Radical Intransigente, y también la fórmula oficialista, integrada por Daniel Martínez y Graciela Villar. En cambio, Fuentes resaltó que ningún representante del Partido Nacional asistió al evento ni su fórmula adhirió al documento, aunque a su entender eso no quiere decir necesariamente que estén en contra de las propuestas. “Ellos dijeron que habían firmado un compromiso con UNICEF respecto de infancia y adolescencia. Nos parece importante que hayan firmado eso, pero esto es otra cosa, porque UNICEF no tiene una presencia territorial concreta”, explicó. El integrante de CDNU dijo que “hubiera esperado que participaran, ya que se trata de un compromiso bastante básico, que no refería a estar de acuerdo con los diez puntos del documento, sino a instalar la infancia y la adolescencia como una cuestión de agenda política”.
Según Fuentes, el problema es que los candidatos no suelen dedicar a la infancia y la adolescencia su tiempo durante la carrera electoral, porque “no son una prioridad de campaña”: “No es un tema que a la gente le preocupe y, por lo tanto, es lógico que en esta etapa quieran priorizar acciones de campaña, y seguramente esto no reditúa en tiempos electorales; eso no significa que no vayan a apoyarla en el futuro”.
La plataforma
Más allá de que la búsqueda que se hizo durante la campaña electoral se proponía colocar el tema de la infancia y la adolescencia en la agenda política, ANONG y CDNU proponen diez medidas para que el próximo gobierno trabaje sobre el tema. “No pretendemos que sean el punto de partida del próximo gobierno, sino una construcción que debería darse en los cinco años siguientes: es viable, posible y están dadas las condiciones para que se implemente en Uruguay”.
Por eso, se propone la creación de un Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, coordinado por una secretaría especialmente constituida para ello y que garantice “que los programas y políticas existentes no sean un abanico inconexo de respuestas de las diferentes agencias del Estado”.
Otra propuesta refiere a la construcción de un presupuesto “con perspectiva de infancia y adolescencia”. De hecho, Fuentes explicó que no sabe si las propuestas presentadas implican en los hechos un aumento del gasto, porque actualmente no se sabe con exactitud cuánto dinero se destina a esta población. “La actual dispersión institucional no permite dar cuenta de si el presupuesto destinado a infancia y adolescencia resulta suficiente para cubrir las necesidades reales en términos de garantía de derechos”, complementa el documento, que sostiene que el “órgano rector” del sistema a crearse sería el que debiera “velar por la adecuación y articulación de los recursos económicos destinados”. El presupuesto destinado a la materia, sostienen las organizaciones, debería regirse por los principios de “no regresividad” y “progresividad”.
Además, en el documento se sostiene que es necesario “garantizar una representación paritaria de las organizaciones de la sociedad civil en las estructuras del órgano rector de las políticas de infancia”. Pero además, se pide “diseñar e implementar una Estrategia Nacional de Participación Infantil y Adolescente”, a fin de promover la “participación efectiva de niñas, niños y adolescentes en el diseño, monitoreo y evaluación de las diferentes políticas públicas del país”.
A su vez, se propone crear, en el marco de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, una Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, que cuente con “personal idóneo y presupuesto adecuado para el desarrollo de su tarea”, y llevar adelante medidas para erradicar la violencia contra esta población. como la instalación de servicios de atención a esos efectos, en localidades de más de 5.000 habitantes.
Entre otras medidas, se solicita garantizar que los niños y adolescentes afrodescendientes y con discapacidad cuenten con “todas las medidas necesarias para alcanzar los promedios nacionales en términos de acceso y permanencia en el sistema educativo, situación de pobreza y acceso al sistema de salud”.
Datos
Se estima que existen 887.592 personas menores de 18 años. Las niñas, niños y adolescentes representan hoy, en Uruguay, el 25,4% de la población nacional (Datos del Observatorio de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia del Uruguay, ODNAU-CDNU, 2018).
15,2% de niñas, niños y adolescentes vive por debajo de la línea de pobreza económica, mientras que en los adultos esta situación abarca a 5,4% de la población (ODNAU-CDNU, 2018).
54,6% de niñas, niños y adolescentes fue sometido en el último mes de referencia a algún método de disciplina violenta, ya sea física o psicológica (Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados, MICS).