Ingresá

Se realiza primera audiencia de formalización oral y pública en una causa por delitos de lesa humanidad

1 minuto de lectura
Contenido exclusivo con tu suscripción de pago

Los vagones: se imputa a responsables de torturas en centro de detención clandestina en Canelones.

Contenido no disponible con tu suscripción actual
Exclusivo para suscripción digital de pago
Actualizá tu suscripción para tener acceso ilimitado a todos los contenidos del sitio
Para acceder a todos los contenidos de manera ilimitada
Exclusivo para suscripción digital de pago
Para acceder a todos los contenidos del sitio
Si ya tenés una cuenta
Te queda 1 artículo gratuito
Este es tu último artículo gratuito
Nuestro periodismo depende de vos
Nuestro periodismo depende de vos
Si ya tenés una cuenta
Registrate para acceder a 6 artículos gratis por mes
Llegaste al límite de artículos gratuitos
Nuestro periodismo depende de vos
Para seguir leyendo ingresá o suscribite
Si ya tenés una cuenta
o registrate para acceder a 6 artículos gratis por mes

Editar

Hoy a las 16.30 se realizará la primera audiencia de formalización por parte de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad de una causa penal contra imputados por torturas en el centro de detención y reclusión clandestino conocido como “Los vagones”, en la ciudad de Canelones. La denuncia fue presentada el 6 de mayo. Según dijo a la diaria la responsable de la Secretaría de Derechos Humanos de la Intendencia de Canelones, Valeria Rubino –quien presentó la denuncia ante la Fiscalía que dirige Ricardo Peciballe–, el colectivo Ágora-Identidad, derechos humanos y memoria canaria fue “recabando testimonios de personas que fueron secuestradas en ese centro clandestino de detención y tortura” y los hizo llegar a la Secretaría, que los empezó a sistematizar, entre otras cosas, para integrarlos a los contenidos de una página web que está por lanzarse. “Ahí es que empiezo a ver que testimonio tras testimonio dan cuenta de cuestiones delictivas”, contó. Rubino averiguó si los hechos testimoniados ya habían sido denunciados, y al enterarse de que no, decidió “presentar una denuncia en calidad de funcionaria pública”, ya que si constata hechos con apariencia delictiva, debe denunciarlos, según está determinado por la ley. “Presenté un escrito al fiscal correspondiente de que esa era la información que yo tenía y que me parecía que le competía a su función”, agregó Rubino. “Cualquier funcionario de la intendencia que hubiera constatado esos delitos habría hecho lo mismo”.

Rubino dijo que hasta ese paso fue su iniciativa; luego fue el fiscal el que evaluó que los testimonios constituían suficiente prueba para abrir una causa. Será la primera vez que se dé trámite a una causa penal por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura por medio del nuevo Código de Proceso Penal, que habilita que las audiencias sean orales y públicas. Según pudo saber la diaria, los imputados son tres policías retirados que aparecen reiteradamente en los testimonios de detenidos y torturados como los jerarcas a cargo de los operativos represivos.

“Los vagones” estuvieron ubicados en un primer período en el Parque de Artigas de la ciudad de Canelones, conocido como Prado, y posteriormente fueron trasladados a la zona del barrio Olímpico de la capital departamental. Por “Los vagones” pasaron alrededor de 400 personas, muchas de ellas, en la segunda etapa, víctimas de la Operación Trabajo, uno de los brazos de la Operación Morgan, desatada contra el Partido Comunista en 1975.

Este artículo está guardado para leer después en tu lista de lectura
¿Terminaste de leerlo?
Guardaste este artículo como favorito en tu lista de lectura