La Delegación Argentina en Solidaridad con Bolivia presentó ayer, a su regreso del país, un informe en el que denunció que el gobierno de facto de Bolivia está cometiendo violaciones a los derechos humanos. La delegación reúne a 40 integrantes de organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos y políticas de Argentina, entre ellas cerca de 20 abogados.
Durante su visita, que comenzó el sábado y terminó el lunes, la comitiva reunió más de 100 testimonios acerca de “la desaparición forzada de personas, asesinatos, torturas, delitos sexuales, persecución selectiva de líderes de movimientos sociales, ataque contra los gobernantes y funcionarios del gobierno de Evo Morales, confección de listas negras, represión en manifestaciones públicas, restricción a la libertad de prensa, espionaje y escuchas ilegales”, según informó el diario argentino Página 12. Uno de los integrantes de la delegación, el abogado Roberto Carlés, aseguró que “está claro que lo que hace falta es la actuación de un órgano supranacional, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), o que un país abra una instancia de juicio, como lo hizo Argentina con el tema de las víctimas del franquismo”. La CIDH, que estuvo en Bolivia la semana pasada, denunció que no hay garantías para llevar adelante una investigación imparcial y pidió la formación de un grupo internacional de expertos para recoger información.
El gobierno de facto de Jeanine Áñez no se refirió al informe de la Delegación Argentina en Solidaridad con Bolivia, pero aseguró esta semana que lanzará una “cruzada” para denunciar ante la comunidad internacional “la barbarie” que quiso provocar “un grupo de vándalos”, “de activistas violentos”. Esta “misión especial” será liderada por el ex presidente Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), dijo Áñez, quien también aseguró que los seguidores de Morales “han intentado cercar las ciudades para que no ingresen alimentos ni combustibles, han incendiado casas, golpeado a los ciudadanos y amedrentado a quienes pensamos diferente al gobierno dictatorial del Movimiento al Socialismo (MAS), y todo esto fue liderado por Evo Morales”, aseveró.
Similares acusaciones formuló en su momento el propio Morales contra quienes se oponían a su gobierno. Al renunciar, el 10 de noviembre, el entonces presidente aseguró que los opositores estaban secuestrando a las familias de los dirigentes del MAS e incendiando sus casas, entre otras formas de violencia, para obligarlos a dejar sus cargos.