Este martes la Fiscalía General de la Nación dispuso el archivo de la investigación sobre las denuncias de robos y destrozos de papeletas del Sí de la reforma constitucional Vivir sin Miedo, impulsada por el senador del Partido Nacional (PN) Jorge Larrañaga y plebiscitada sin éxito en las elecciones nacionales del 27 de octubre.
Una de las denuncias analizadas por la fiscal Pablo Rivas fue presentada por la Corte Electoral (CE), tal como anunció la ministra de ese organismo Ana Lía Piñeyrúa (PN) en Twitter el 30 de octubre. En esa denuncia, explica el dictamen del fiscal, se describen “varias situaciones irregulares” en circuitos electorales en los que “se destruyeron y robaron papeletas por el ‘Sí a la reforma’”, aunque no se individualizó a los “presuntos imputados”. Además, en la denuncia de la CE se informa de denuncias de particulares realizadas en la página institucional del organismo.
La segunda denuncia fue realizada por un abogado ante la Fiscalía General el mismo 27 de octubre. “En la misma se toma conocimiento de una serie de publicaciones en distintas redes sociales, como Facebook, Instagram, Twitter, las cuales se jactan del hurto de los locales de votación de diversas papeletas del ‘Sí’”, dice el dictamen, que agrega que en “algunos casos” se invitaba a “realizar conductas similares (hurto, destrucción)”.
La investigación permitió identificar a 11 personas posiblemente implicadas. Algunos casos se desestimaron rápidamente. En relación con un grupo de cinco personas que fueron identificadas “como presuntos autores de hurtos de papeletas” y fueron citadas a declarar, el dictamen indica que a partir de sus declaraciones “no surgen elementos de convicción suficientes que permitan formalizar una investigación a su respecto y responsabilizarlos penalmente”. En el caso de otros tres indagados, de entre 26 y 40 años –que el fiscal identificó como los casos “más claros” de una “presunta configuración de algún delito electoral”–, el dictamen sostiene que “manifestaron que no tomaron real conciencia de que lo que estaban realizando era una conducta delictiva ni del potencial efecto amplificador que su tweet o su posteo de Facebook o Instagram podía tener, dado que lo hicieron para su grupo de amigos”.
Rivas destaca en el texto que “se trata de personas jóvenes, todas carentes de antecedentes penales, con trabajo estable, con estudios y en algún caso aventajado estudiante universitario próximo a obtener su título profesional”.
A raíz de su investigación, el fiscal concluyó que se trató de “hechos aislados que aparentemente no revistieron peso suficiente”, por lo que, “tratándose de conductas que no comprometen gravemente el interés público”, dispuso el archivo de la investigación.