Con el voto de los 21 legisladores presentes, la Cámara de Senadores dio sanción definitiva al proyecto de ley de cannabis medicinal. El texto declara “de interés público las acciones tendientes a proteger, promover y mejorar la salud pública mediante productos de calidad controlada y accesibles, en base a cannabis o cannabinoides, así como el asesoramiento médico e información sobre beneficios y riesgos de su uso”.
El miembro informante de la cámara sobre el proyecto, el frenteamplista Daniel Garín, explicó que se propone dar “acceso a tratamientos terapéuticos en base a formulaciones cannábicas bajo supervisión médica”; generar un “marco regulatorio” para la cadena de producción de cannabis y sus derivados para uso medicinal, en busca de garantizar la “calidad en los procesos de producción”, y habilitar “nuevas formas de acceso de las asociaciones de pacientes para el uso de productos cannábicos”.
A partir del proyecto, Garín dijo que se espera que se consigan varios objetivos: que se logre habilitar con mayor rapidez y facilidad los productos derivados del cannabis, el desarrollo de una “industria nacional de pequeñas y medianas empresas” relacionadas con el cannabis; que se contribuya a la expansión de los tratamientos y que más personas puedan acceder a estos, y a su vez garantizar su calidad. “24% de la población está dispuesto a utilizar productos medicinales de origen cannábico, pero hoy sólo lo hace 10% y en distintas condiciones de respaldo al producto que usan. Sólo una tercera parte usa productos de elaboración nacional y otra tercera parte no tiene otra que confiar en su proveedor”, dijo Garín.
En concreto, el proyecto le encomienda al Ministerio de Salud Pública “implementar y monitorear” un “Programa Nacional de Cannabis Medicinal y Terapéutico” (que deberá ser evaluado por la Agencia de Evaluación del Estado u otra “institución académica independiente”) y promover el desarrollo de un “Sistema de farmacovigilancia activa de los usuarios de cannabis medicinal”. Para eso, a la cartera se le encomienda llevar adelante “recomendaciones dirigidas al conjunto de instituciones públicas y privadas vinculadas a la formación de profesionales” y desarrollar junto con varios actores “una línea de formación en cannabis de uso medicinal y terapéutico con especial énfasis en la formación de los recursos humanos de los prestadores públicos y privados” del país.
Por otro lado, el proyecto crea la comisión de un comité técnico asesor, “con independencia” y de forma honoraria, cuyos miembros serán designados por el Poder Ejecutivo y que incluirá representantes de este poder, así como investigadores, médicos, químicos y miembros de la sociedad civil, todos “con idoneidad” en el tema. Además, se crea una “Comisión para la inclusión social y productiva de pequeños y medianos productores de cannabis medicinal y sus derivados”.
Durante el debate parlamentario, el senador nacionalista Javier García dijo que su bancada votaría en general el proyecto, ya que compartían “la importancia y la relevancia” de la iniciativa, a pesar de que no fue tratado en comisión.