El Sistema Nacional de Apoyo a las Operaciones para el Mantenimiento de la Paz le presentó al Ministerio de Defensa un informe sobre denuncias de abusos sexuales cometidos en Haití por cascos azules uruguayos. La cartera lo había solicitado después de que se difundiera un informe al respecto elaborado por The Conversation y publicado también por The Washington Post.
El documento que se presentó al ministerio menciona que fueron más de 47.500 los militares uruguayos desplegados en misiones de paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde 1992, y señala que hubo 36 denuncias por abusos sexuales contra ellos, 24 en Haití. Agrega que 9% de esas denuncias fueron comprobadas. Sin embargo, el texto aclara que “los casos que son remitidos al país son solamente aquellos que” tienen “cierta veracidad” según el Sistema de Conducta y Disciplina de la ONU, que los evalúa.
Tanto el ministerio como el Ejército difundieron ayer el informe. Allí se afirma que casi todos los casos (99%) fueron “clasificados en la categoría de explotación por el relacionamiento entre el efectivo uruguayo y la local”, y agrega que “no constituyen abuso pues no implicaron violencia física”.
Sin embargo, The Conversation registró 265 historias sobre niños que son hijos biológicos de madre haitiana –en algunos casos niñas– y padre de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas (Minustah) que fueron enviados de regreso a su país. Señala que esos hijos fueron concebidos en el marco de una “mezcla preocupante de coerción y abuso que dejó a niñas de tan sólo 11 años criando a sus hijos en condiciones de pobreza extrema”. Las mujeres recibieron en muchos casos pequeñas cantidades de dinero o comida de parte de los militares.
El Sistema Nacional de Apoyo a las Operaciones para el Mantenimiento de la Paz afirma en su respuesta al ministerio que los casos de abuso sexual “son en gran medida una nefasta consecuencia de una devastadora realidad social y coyuntural de los escenarios de despliegue”. Agrega que “su prevención y erradicación no se limita al elemento represivo, centrado en las sanciones a los infractores sino que incluye una dimensión social”, y por eso se ha trabajado con los cascos azules en “actividades que permitan fortalecer los vínculos en la sociedad, con especial atención a los grupos más vulnerables”.
El documento, titulado “Actuación del Estado uruguayo ante casos de abuso y explotación sexual en Misiones Operativas de Paz”, afirma que entre las 24 denuncias correspondientes a Haití, hay 11 por supuesta paternidad”, que en cuatro casos se comprobó mediante un examen de ADN. “Un caso pasa a retención judicial”, mientras que los otros tres “están en proceso” bajo la órbita del Punto Focal de Asistencia a los Hijos, del Ministerio de Relaciones Exteriores, agrega.
Según el documento, “el Estado ha asumido la investigación” de todas las denuncias que le llegaron, y en las que fueron comprobadas “se han adoptado las medidas disciplinarias correspondientes, que van desde sanciones de arresto a rigor, desafectación de la Fuerza o pase a la Justicia Militar”. También se aplicaron otras medidas como la de “acompañamiento al efectivo uruguayo para el reconocimiento voluntario (incluye la toma de muestras voluntarias de ADN)”, y la colaboración con tribunales en el país de origen y en ámbitos de la ONU para investigar estas situaciones. Si bien “para el Estado Uruguayo no existen” casos de este tipo “pendientes de resolución”, todavía falta “que la ONU los considere cerrados”.
Después de la difusión del informe periodístico, que la diaria publicó el jueves, el diputado frenteamplista Gerardo Núñez dirigió una carta a la coordinadora residente de la ONU en Uruguay, Mireia Villar, en la que le solicitó información sobre la participación de cascos azules de la Minustah en “situaciones gravísimas vinculadas a casos de abuso y violación de mujeres, especialmente niñas, valiéndose de su pobreza extrema”.