Con votos de legisladores del Frente Amplio (FA) y de la oposición, la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de Diputados convocó al secretario de Presidencia, Miguel Toma, al prosecretario, Juan Andrés Roballo, y al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, para que expliquen la marcha de las negociaciones que el Poder Ejecutivo está llevando a cabo con la empresa finlandesa UPM por la instalación de su segunda planta en Durazno, y los compromisos asumidos por el Estado uruguayo.
El tema quedó en el orden del día de la comisión cuando fue derivada a esta una petición al Parlamento del grupo de ciudadanos UPM2 NO, que tiene entre sus referentes al abogado Hoenir Sarthou. En ese escrito se afirma que el Ejecutivo cometió una “transgresión del orden constitucional” en el acuerdo con UPM del 7 de noviembre de 2017, firmado por los tres jerarcas que serán citados. Según los firmantes de esa petición, el Ejecutivo se excedió en sus facultades al suscribir ese documento, y además este debería haber sido aprobado por el Parlamento, por lo cual corresponde que la Cámara de Representantes inicie el procedimiento de juicio político por violación de la Constitución (conforme al artículo 93 de esta), mediante una acusación que luego debería considerar el Senado.
Si bien los integrantes de la comisión coincidieron en que no están dadas las condiciones para un juicio político –de hecho, algunos resaltaron que la petición tampoco especifica quién o quiénes serían juzgados–, la petición puso el tema sobre la mesa, y el oficialismo terminó concediendo sus votos para que los jerarcas asistan a dar explicaciones. “El tema del juicio político era impertinente y ni siquiera tiene que ser considerado”, explicó la diputada Cecilia Botino (FA), quien sin embargo contó que la oposición quería de todas formas convocar a quienes habían suscrito el contrato para que lo explicaran. “En ese marco entendimos que podía ser viable, pero separado de la petición”, agregó. La diputada valoró el llamado como “una forma de contralor que es legítima”, y sostuvo que la bancada oficialista confía en el trabajo que ha venido haciendo el Ejecutivo al respecto. Además, explicó que no quería que se entendiera que había una “cuestión de ocultamiento”.
Por su parte, el nacionalista Pablo Abdala recordó que había propuesto las citaciones dos semanas atrás, “no para desencadenar un juicio político pero sí para que las autoridades se expidieran, porque el acuerdo puede tener inconstitucionalidades o comprometer al país en algunas cosas más allá de su competencia”. El legislador se preguntó, por ejemplo, qué atribuciones tienen los tres jerarcas que firmaron el documento y si corresponde, en caso de una eventual controversia, que UPM decida si debe ser sometida a un arbitraje internacional y no remitida al Poder Judicial uruguayo. Además, dijo que le llamó la atención la defensa que hizo el presidente Tabaré Vázquez del nuevo proyecto de UPM en el Consejo de Ministros abierto del lunes, en Pueblo Centenario, y dijo que el presidente está “empecinado con esta inversión”, pero “tiene que bajar un cambio y, más allá de que él esté convencido de sus bondades, el tema debe canalizarse y procesarse adecuadamente”.