El Ministerio de Relaciones Exteriores extendió un año más el convenio con el Servicio Ecuménico para la Dignidad Humana (Sedhu), que otorga desde 2015 un subsidio de alquiler y un salario mínimo nacional (15.000 pesos) a los ex reclusos de Guantánamo, según informó ayer El País. Tras conocer la noticia, el diputado nacionalista Pablo Abdala decidió elevar un pedido de informes a la cancillería para “confirmar la información” y conocer “los fundamentos y características de la extensión [del subsidio]”, dijo el diputado a la diaria.
Abdala planteó que “hasta el día de hoy la versión que teníamos era que el subsidio había culminado y no se extendería más allá de 2018”, y que los cinco refugiados que permanecen en el país “se habían adaptado razonablemente a nuestra sociedad, estaban valiéndose por sí mismos y estaban trabajando”. “Ahora parecería que no es así”, infirió. En ese sentido, opinó que corresponde a la cancillería presentar “los fundamentos y las características de la extensión”.
Para Abdala, la decisión del ministerio es “una discriminación a favor de quien recibe el beneficio y en perjuicio del resto del colectivo”, que “termina reconociendo derechos diferentes según la condición de cada persona”. A su vez, sostuvo que la condición de refugiados, definida por ley, no implica soluciones de vivienda ni de sustento por parte del Estado. “Que quede claro que no hay en esto ninguna actitud xenófoba. Mi propósito no es enfrentar a los ex presos de Guantánamo con el resto de los uruguayos”, expresó, y añadió que no le “preocupa tanto el costo o el gasto”.
El nacionalista manifestó que el subsidio se justifica “en una primera etapa por tratarse de personas que vienen de otra cultura y no manejan el idioma. [En esos casos] facilitar su inserción social parece razonable”, pero “esa situación” no puede mantenerse de forma “ilimitada”.
A su vez, apuntó que el Poder Ejecutivo “se salteó” al Parlamento al tomar esta decisión, que “desde un principio debió haberse establecido por ley” en la medida que implica “una excepción al principio de igualdad”. “Ahí es donde creo que le cae un reproche al Poder Ejecutivo, por haber otorgado esta prórroga o estos beneficios más allá del otorgamiento inicial que debió haber por haber otorgado esta prórroga o estos beneficios más allá del otorgamiento inicial que debió haber ameritado una autorización legislativa”, agregó.