Desde comienzos de febrero el gobierno que lidera el primer ministro canadiense, Justin Trudeau atraviesa una crisis política que podría poner una piedra en su camino a la reelección, en octubre. Varios miembros de extrema confianza del Ejecutivo de Trudeau –que hasta este episodio tenía un historial intachable– son acusados de presionar a la ex ministra de Justicia, Jody Wilson-Raybauld, para que le ofreciera un acuerdo extrajudicial a la empresa constructora SNC-Lavalin –la más grande de Canadá–. La firma es investigada por ofrecer sobornos a funcionarios del gobierno de Libia durante el gobierno de Muammar Gaddafi para acceder a contratos de obra pública en ese país.
La crisis ya motivó la renuncia de Gerald Butts, un asesor muy cercano a Trudeau, que fue identificado como una de las personas del equipo de gobierno que ejercieron presión sobre Wilson-Raybould, quien en enero fue destituida inesperadamente de su cargo al frente del Ministerio de Justicia y designada ministra para Asuntos de Veteranos, un cargo jerárquicamente muy inferior en la estructura del gobierno. Poco después, el 12 de febrero, la funcionaria renunció al nuevo cargo en medio de este terremoto político.
La situación que hoy tiene contra las cuerdas a Trudeau tomó estado público a fines de enero, cuando el diario The Globe and Mail –uno de los más influyentes del país– denunció las presiones que había recibido Wilson-Raybould para forzar una negociación extrajudicial con SNC-Lavalin. Esta compañía tiene su sede en Montreal y emplea a 9.000 personas en el país, 3.500 en la región de Quebec, donde el primer ministro necesita obtener escaños en las elecciones de octubre para intentar mantenerse en el cargo.
La situación se agravó la semana pasada, cuando Wilson-Raybould acusó a Trudeau ante el Comité de Justicia de la cámara baja del Parlamento de interferir en la investigación sobre la empresa SNC-Lavalin con el fin de evitar un juicio por corrupción. “Durante cuatro meses, de setiembre a diciembre [de 2018], experimenté un esfuerzo consistente y sostenido por parte de muchas personas del gobierno para conseguir que interfiriera políticamente en el ejercicio de la discreción de la Fiscalía en mi papel como fiscal general de Canadá, en un esfuerzo inapropiado para asegurar un acuerdo de enjuiciamiento diferido para SNC-Lavalin”, dijo Wilson-Raybould.
El primer ministro inmediatamente salió al cruce de esta acusación, aunque de forma ambigua. “Los miembros de mi gobierno y yo hemos actuado siempre de forma apropiada y profesional. Estoy totalmente en desacuerdo con la descripción de los hechos que la ex ministra de Justicia y fiscal general ofreció en su testimonio”, dijo Trudeau en primera instancia. No obstante, el primer ministro no negó que estuviera interesado en ofrecer a SNC-Lavalin un acuerdo de enjuiciamiento diferido, que evitaría a la empresa un procesamiento por corrupción, y explicó que tenía interés en proteger los numerosos empleos que esta constructora brinda en el país. “Siempre hemos defendido y protegido los empleos en Canadá. Pero siempre lo haremos respetando las normas”, afirmó.
Agencias internacionales informaron que en caso de que SNC-Lavalin sea condenada por corrupción, quedará inhabilitada por diez años para participar en contratos de obras públicas en territorio canadiense, lo que supondría un considerable daño financiero para la empresa. A SNC-Lavalin ya se le ha impedido participar en contratos del Banco Mundial por otro caso de corrupción en Bangladesh en el año 2013.
Andrew Scheer, líder del Partido Conservador –principal opositor del Partido Liberal al que pertenece Trudeau– pidió al primer ministro que abandonara su cargo, refiriéndose al caso de SNC-Lavalin como “un manual de corrupción gubernamental”. Por su parte, Jagmeet Singh, del Nuevo Partido Democrático, la tercera fuerza política del país, se manifestó favorable a que se lleve adelante una investigación independiente sobre el caso.
Si bien Trudeau ha sobrevivido hasta ahora a la crisis política al negarse a renunciar al cargo, como reclamaba la oposición, este caso puede tener otras consecuencias políticas; de acuerdo con las últimas encuestas, el oficialismo perdió cuatro puntos porcentuales respecto de los que tenía a fin de año y ahora es superado levemente por los conservadores, lo que abre un escenario de incertidumbre para las elecciones de octubre.