“Antes de salir huyendo prefiero morir luchando”. Las palabras resultan proféticas. Son del líder indígena Sergio Rojas Ortiz, asesinado el lunes pasado, cuando le dispararon 15 balazos, la mayoría en el abdomen. Rojas dijo esa frase hace algunos años, luego de haber sufrido un atentado y tras su constante intento de recuperar tierras indígenas.
La noche del lunes Rojas se encontraba solo en su vivienda en Yery, localidad dentro del territorio indígena de Salitre, en el sur de Costa Rica. Vecinos escucharon 15 disparos y llamaron a la Policía y la Cruz Roja apenas pasadas las 21.00. Las autoridades llegaron al lugar poco más de dos horas después.
Tanto el viernes anterior como el propio lunes 18, Rojas había acompañado a otros indígenas a interponer denuncias por amedrentamiento y amenazas en la zona. Allí la violencia ha sido una constante desde hace varios años, tanto así que la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos había solicitado al Estado costarricense que otorgara medidas cautelares para garantizar la integridad de los pobladores de ese territorio indígena.
El martes el país amaneció conmocionado con la noticia de que había sido asesinado uno de los dirigentes dedicados a la recuperación de tierras, proceso que comenzó en 2009 por parte de los indígenas bribri. Grupos de solidaridad con la causa indígena, como el Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena (Odhain) –compuesto por numerosas organizaciones y personas– y el Frente Nacional de Pueblos Indígenas (Frenapi) –del cual Sergio Rojas era fundador–, convocaron a una reunión urgente y señalaron la responsabilidad del Estado en el asesinato. En un comunicado, el Frenapi responsabilizó totalmente “al gobierno de Carlos Alvarado Quesada de lo que le ha pasado al Sergio Rojas Ortiz” y exigió el “esclarecimiento inmediato de este nuevo hecho de sangre y violencia en contra de los pueblos indígenas de Costa Rica”.
El presidente Alvarado llamó a una conferencia de prensa el martes para referirse a este asesinato. Dijo que era un día triste para Costa Rica, que el gobierno llevaría adelante todas las diligencias necesarias para dar con los responsables del asesinato, y anunció que se reforzaría la seguridad de la zona. Destacó además que existían protocolos del Ministerio de Seguridad para proteger a las personas de la comunidad. El mismo día, la Defensoría de los Habitantes emitió un comunicado para denunciar que los protocolos no se cumplían y que la presencia policial en la zona era escasa.
Para el Comité Nacional de Apoyo a la Autonomía Indígena, el Estado es responsable de la muerte de Sergio Rojas. A su vez, Gustavo Cabrera, coordinador de Serpaj Costa Rica, dijo a la diaria que fue un crimen anunciado. “Sergio tenía innumerables amenazas; todos los que estamos en esto hemos sido amenazados”, afirmó. “Aquí no se hace nada para que, al menos, se cumpla la ley y se le devuelva la tierra a la comunidad”, agregó el dirigente, y recordó: “La lucha de Sergio era esa, y debido a la inacción de los gobiernos él y su comunidad comenzaron el proceso de recuperación de tierras, por lo que muchas personas lo veían con recelo”.
Para Marcela Zamora, del Odhain, la violencia había crecido y ya se habían registrado atentados contra la vida de Sergio Rojas desde 2010. “Ha seguido escalando esa violencia, con picos fuertes, con quemas de casas y amenazas permanentes contra Sergio y otros de la comunidad”, manifestó. Zamora ha visitado la zona con las misiones de observación numerosas veces. En la misión de 2013 participó también el premio Nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel. En esa oportunidad el dirigente argentino se sorprendió de que en Costa Rica ocurrieran ese tipo de situaciones. “A los pueblos indígenas se los ha invisibilizado y territorios indígenas son invadidos por no indígenas. Vienen reclamando autonomía hace más de 18 años y no se la dan. Está lleno de irregularidades”, manifestó el dirigente argentino. “Son prácticas que se vienen asimilando durante muchos años y lo ven como norma”, agregó Pérez Esquivel tras visitar el país y conversar, entre otros, con Sergio Rojas.
La Odhain ha realizado 15 informes anuales sobre la situación de Salitre y otras comunidades. En muchos de esos informes se constata la usurpación por parte de personas no indígenas de tierras delimitadas por ley como pertenecientes a los pueblos originarios. Algunas de esas tierras están actualmente dedicadas a la ganadería y la agricultura, e incluso hay grandes extensiones de cultivo de ananá que multinacionales del agro comercializan en el exterior.
El gobierno de Costa Rica ha intentado mediar en el conflicto. Las autoridades tienen claro que debe cumplirse la Ley Indígena y devolverse el territorio a esos pueblos. Pero, afirman, para resolver el problema se deben desarrollar mecanismos que acompañen a las personas no indígenas que salgan de los territorios, y así subsanar sus necesidades socioeconómicas, según declaró en 2015 una alta fuente del gobierno.
La dirigente indígena Cindy Ortiz, allegada a Rojas, dijo que una de las estrategias para apoderarse de tierras consiste en que las personas que viven dentro de territorios delimitados como indígenas y que no pertenecen a pueblos originarios “se declaran como descendientes indígenas”, y una vez que lo establecen, “certifican a cualquier no indígena que les solicite una identidad y dé un aporte económico”.
A la situación actual se le suma un conflicto entre personas que se dicen indígenas que bregan por controlar la Asociación de Desarrollo Indígena, que es el ente que el gobierno acepta como autoridad del territorio. Grupos contrarios a Sergio Rojas lo acusan de malversación de fondos recibidos por esa asociación. El dirigente estuvo detenido en prisión preventiva por seis meses, aunque salió sin cargos y la Fiscalía nunca pudo generar una acusación formal.
El antropólogo Carlos Borges, estudioso de la materia, dijo que desde la década de 1970 ha habido varias muertes de indígenas relacionadas con la tenencia de la tierra. Ninguno de los gobiernos que ha tenido Costa Rica desde entonces ha podido resolver el problema, que más bien se agrava cada vez más. “Al promulgarse la ley en 1977 el territorio indígena se redujo”, dijo Borges, y agregó que “a pesar de tener recursos legales y financieros para resolver el conflicto, algunas entidades estatales más bien lo agravaron”.
Existen compradores anteriores a la promulgación de la Ley Indígena a los que se debe indemnizar, y quienes tienen tierras compradas después de 1977 deben ser desalojados. Eso es lo que indica esa norma, vigente en la actualidad. El gobierno alega que no tiene recursos para esas indemnizaciones.
Uno de los problemas de los territorios indígenas es la reducción constante de sus fronteras, y la marginalización, discriminación y violencia van más allá. Para Rojas la verdadera solución a los problemas de sus comunidades era la autonomía indígena. Una ley al respecto que estuvo más de 20 años en el Congreso, para la cual fueron consultados todos los pueblos originarios de Costa Rica, nunca fue aprobada y ya está archivada. Los no indígenas tienen temor de perder su poder sobre la tierra de los nativos y de no poder realizar allí los proyectos que ellos quieran, decía el dirigente asesinado.
Para Rojas era necesario que los pueblos, las naciones originarias, tuvieran autonomía. “Garantía y seguridad territorial, garantía y seguridad de nuestra identidad, nuestra cultura y nuestro idioma, nuestra gobernabilidad, son las prioridades. Solamente eso nos va a permitir conservar durante los próximos 500 años una verdadera identidad, territorio y autonomía”, dijo el líder indígena en 2016 en un foro en San José.
Sergio Rojas tenía 59 años y tres hijos. Era integrante del clan uniwak del pueblo bribri, que habita la comunidad de Salitre, un territorio de 12.000 hectáreas. Su asesinato puso de manifiesto, nuevamente, las amenazas que existen hacia toda esa comunidad.
En la actualidad hay ocho naciones indígenas distribuidas en 24 territorios en diferentes partes del país. En total, según un censo de 2011 se reconocen poco más de 100.000 indígenas en los 51.000 kilómetros cuadrados de lo que hoy llamamos Costa Rica, que hace más de 500 años eran habitados libremente por pueblos originarios.
Fernando Francia, desde Costa Rica