La Intendencia de Maldonado decidió apelar el viernes la resolución de la Justicia de ese departamento, que decidió la semana pasada obligar a la comuna a responder a un pedido de acceso a la información pública, realizado por ediles del Frente Amplio (FA), referente a sus registros contables del ejercicio 2018.
Los ediles frenteamplistas habían acudido a la Justicia para obtener la información, ya que la intendencia se había rehusado a brindárselas, primero ante un pedido de informes desde la Junta Departamental y luego cuando hicieron una solicitud de acceso a la información pública en el marco de la Ley 18.381. La segunda negativa motivó el recurso judicial. Los demandantes sospechan, a partir de cálculos elaborados con base en la Rendición de Cuentas de 2017 (que se presentó a mitad de 2018), que la intendencia tiene en la actualidad un déficit que ronda los 70 millones de dólares.
El secretario general de la comuna de Maldonado, Diego Echeverría, confirmó a la diaria que el gobierno encabezado por el nacionalista Enrique Antía decidió apelar la decisión judicial, y sostuvo que los argumentos son los mismos que se manejaron antes para negar la información solicitada por otras vías. “Tenemos un plazo constitucional, así que esa información va a ser presentada en el marco de la próxima Rendición de Cuentas. Nuestra voluntad va a ser presentar toda la información, pero para eso tiene que ser depurada y presentada en forma. Nunca se dijo que no se iba a presentar esa información, sino que se va a presentar en el tiempo y en la forma que establece la Constitución”. La carta magna establece que el plazo de los gobiernos departamentales para dar a conocer sus rendiciones de cuentas termina el 30 de junio de cada año.
La bancada del FA también se había quejado porque el gobierno de Antía rehusó responder otro pedido de acceso a la información pública, en el que le solicitaron a la intendencia datos sobre su recaudación en enero de este año. En febrero, Echeverría había explicado a la diaria que la solicitud se había presentado el 25 de enero, por lo cual era evidente que la información que pedían no estaba aún disponible. Para poder contar con esos datos, el edil frenteamplista Fermín de los Santos realizó una nueva solicitud en febrero, que todavía espera respuesta dentro de los plazos legales.