El fundador de Wikileaks, Julian Assange, tuvo su momento más alto cuando en 2010 esa organización divulgó más de 90.000 documentos clasificados relacionados con acciones militares estadounidenses en Afganistán y cerca de 400.000 documentos secretos sobre la guerra de Irak. La historia es bastante conocida: dos años después, acusado de agresiones sexuales en Suecia, escapó de ese país y se refugió en la embajada de Ecuador en Londres, que le dio asilo político. Todavía permanece en esa sede diplomática por temor a que las autoridades de Reino Unido lo extraditen a Estados Unidos, donde el Pentágono y varios líderes políticos han amenazado con condenarlo por espionaje y traición.
Estar encerrado durante los últimos siete años no le impidió a Assange seguir con su trabajo en Wikileaks y tampoco evitó que esa organización divulgara otras polémicas filtraciones de documentos. Una de las más publicitadas fue la que lanzó durante la campaña para las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos. En octubre de ese año, a menos de un mes de la cita electoral, la organización de Assange publicó miles de correos electrónicos hackeados del Comité Nacional Demócrata. Esa publicación afectó la candidatura de la demócrata Hillary Clinton y, en contrapartida, favoreció a Donald Trump, que terminó ganando el asiento en la Casa Blanca.
La última acusación que recae sobre Assange tiene que ver con el país que le está dando asilo. El lunes 1º de abril, el gobierno de Ecuador anunció que había presentado ante el relator especial sobre el Derecho a la Privacidad del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Joseph Cannataci, una demanda por violación a la privacidad del presidente, Lenín Moreno, y de varios de sus familiares. En un comunicado, el gobierno identificó específicamente a Wikileaks como posible autor o cómplice del “hackeo” de información privada alojada en “correos electrónicos, computadoras, tablets y teléfonos celulares” de uso personal de Moreno. También acusaron a la organización de difundir “enlaces y contenidos” sobre esa información en las redes sociales.
Después del anuncio oficial, el presidente ecuatoriano dijo que Assange violó “demasiadas veces” el acuerdo que tiene con su gobierno para permanecer en la embajada y aclaró que “no es que no pueda hablar libremente, no es que no pueda expresarse libremente” sino que “no puede mentir y, peor todavía, hackear o meterse en las cuentas o en los teléfonos privados”. En ninguna de las dos declaraciones se mencionó la posibilidad de que Ecuador le retirara el asilo político al periodista australiano, aunque el canciller, José Valencia, quiso aclarar que “ninguna persona bajo jurisdicción del Ecuador se encuentra por encima de la ley”.
Apenas cuatro días después, el director de Wikileaks, Kristinn Hrafnsson, aseguró en Twitter que Assange iba a ser expulsado de la embajada ecuatoriana en “unas horas o días”. Poco después, Valencia dijo que esa información formaba parte de “rumores infundados” que circulan “desde hace meses”.
La tensión entre las dos partes creció ayer cuando Wikileaks comunicó que Assange fue víctima de una operación de espionaje en la embajada de Ecuador en Londres. En concreto, la organización afirmó que durante el último año las reuniones del activista con abogados y un médico en la sede diplomática fueron filmadas en secreto. Wikileaks se enteró de esto porque un individuo “dudoso” y no identificado ofreció todo ese material en España a cambio de tres millones de dólares, manifestó.
Hrafnsson afirmó ayer, en declaraciones a los medios, que viajó a España para ver a esa persona, quien le mostró videos de las reuniones que había mantenido Assange en el último año, así como la copia de un documento legal que quedó en una sala del edificio diplomático. El director de Wikileaks aprovechó la oportunidad para señalar que Assange tiene restringidas las comunicaciones y las visitas desde que Moreno asumió la presidencia de Ecuador, en mayo de 2017.
La abogada de Wikileaks, Jennifer Robinson, adelantó, por su parte, que presentará una queja de estas actividades de espionaje a la ONU, al tiempo que afirmó que el gobierno ecuatoriano está cooperando con Estados Unidos. Hasta la noche de ayer, el equipo de Moreno no había respondido a esas declaraciones.