La Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria (ADES) de Montevideo denunció públicamente un caso de agresión y abuso policial hacia estudiantes del liceo 39 de Piedras Blancas. Según explica una declaración pública del sindicato, el viernes 5 un grupo de estudiantes del turno de la noche estaba fumando cannabis en la vereda del liceo cuando unos oficiales de la Guardia Republicana los llamaron; a uno de ellos –menor de edad– lo interrogaron, le dieron “un cachetazo”, le pisaron el cigarrillo de marihuana que estaba fumando y lo declararon en desacato.
El comunicado detalla que luego de esta situación los policías llevaron al adolescente hacia una reja que separa al liceo de la vereda y contra ella lo golpearon “en reiteradas ocasiones”. En este momento, se explica, ya había adscriptos presenciando los hechos, que intentaron dialogar con los oficiales y pidieron “constantemente” que dejaran de “violentar” al estudiante. Frente a esta situación, los policías amenazaron a los funcionarios diciendo que estaban “interfiriendo” y que “incurrirían en el mismo desacato”.
Gimena Peraza, docente e integrante del núcleo sindical del liceo 39 y de la directiva de ADES, dijo a la diaria que tanto el sindicato como los padres del alumno afectado están en proceso de activar las “vías judiciales”. Peraza señaló que el núcleo docente observa “un avance progresivo de situaciones similares”, aunque no con tanta violencia como en este caso. “La violencia hacia los centros de estudio es algo que crece sistemáticamente; hasta el momento tenían un cierto resguardo”, dijo.
La docente explicó que la intención de los integrantes del núcleo sindical es establecer un “protocolo de actuación” para proteger a sus alumnos, que incluya políticas de información y de difusión. “Para nosotros está muy claro: los alumnos dentro y fuera del centro de estudio –en la vereda, si pasa cualquier cosa– están a nuestro cargo. En este caso, puntualmente, era un menor al que se trató de proteger de todas las formas posibles. Se preguntó por el personal a cargo y nadie se responsabilizó del operativo. Fue una violencia de al menos 12 policías para reducir a un adolescente; estamos hablando de cosas absolutamente desmedidas”, explicó.
Otra cosa que le preocupó a Peraza fue la falta de información luego de que subieron al joven a una camioneta. “No contestaban a dónde lo llevaban, a los padres les dijeron que lo llevaban a la [Seccional] 17ª, después, por la poca información que pudimos recabar, en la 17ª les dijeron que no estaba. Volvieron los padres y lo seguían buscando. Parece que estaba en la 17ª pero afuera, en una camioneta. Luego los padres lograron ver a su hijo”, relató. La docente señaló que ahora el adolescente se encuentra bien de salud y en casa con sus padres, quienes están recogiendo testimonios de los testigos para presentar la denuncia a la Fiscalía.
Para Peraza, estas situaciones están relacionadas con la falta de información de los jóvenes en cuanto a cómo manejarse con determinados temas. “Hay situaciones que parten de cuestiones que el Estado ha legalizado, como el consumo de marihuana, pero en las que no se ha abordado la temática de cómo los chiquilines perciben esa información. No se acompañó eso con información ni con talleres. Esa es una problemática que está presente en todos los centros de estudio”, señaló. Además, dijo que a partir de este hecho puntual están tratando de generar una serie de talleres dentro del liceo, que apunten a cuestionar las “políticas aplicadas por la problemática de drogas”. Su intención es “sacar algo positivo de este hecho, que ha impactado muy negativamente en la comunidad educativa”.
En la declaración que hizo pública ADES, señala que repudia estos hechos de represión que “se basan en la estigmatización del estudiante, y se enmarcan en una política de criminalización de la juventud y de la pobreza”. “Denunciamos el accionar de la Guardia Republicana particularmente en los barrios de esta zona de Montevideo, donde se reprime y no se brinda lo necesario para que la población tenga condiciones de vida dignas”, afirma el gremio.
Fuentes del Ministerio del Interior informaron a la diaria que el director de la Policía Nacional, Mario Layera, dispuso una investigación el sábado, que sigue en curso. Además, es probable que la cartera presente una denuncia a la Fiscalía, ya que todavía no se ha presentado ninguna por el caso y la Policía no puede recabar pruebas ni pedir testimonio a las autoridades educativas si no es en el marco de una intervención judicial.