Faltan 76 días para las elecciones internas, y los precandidatos empiezan a apostar más fuerte. En el Partido Nacional (PN) el precandidato del sector Todos, Luis Lacalle Pou, presentó el lunes pasado un programa de gobierno con cinco medidas de “shock”, dos de ellas económicas: “shock de austeridad” y “shock de competitividad”. En entrevista con la diaria, Azucena Arbeleche, referente del sector y futura ministra de Economía y Finanzas si Lacalle Pou gana las elecciones nacionales, dijo que en esta campaña va a ser importante la discusión de ideas y encontrar las coincidencias con otros partidos.
En el Foro Económico de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa de la semana pasada hubo coincidencia entre los asesores de la oposición en la necesidad de corregir el déficit fiscal.
El pedido del Foro era que presentáramos aquellos lineamientos principales que tendría que abordar una agenda económica en el próximo gobierno. Nosotros nos centramos en la búsqueda de coincidencias. Lo importante es acordar un compromiso con el país, y ese compromiso tiene que tener un fuerte apoyo social y político. En la oposición hubo muchas coincidencias, sobre todo en las medidas inmediatas, de corto plazo. Después del comentario del economista del Frente Amplio [Fernando Isabella], dije que coincidía con la visión de largo plazo que él planteaba, en referencia a temas demográficos y temas de productividad, pero es esencial tener una mirada de mediano plazo. Cuando uno se fija una meta, elige una ruta para llegar a ella y tiene que recorrer un camino. Si quiero ir a Melo, sé que tengo que tomar la ruta 8, pero si el camino está lleno de pozos, hay que solucionarlo. Hoy las cuentas públicas no son sostenibles, eso lo compartimos todos los economistas y los analistas. Lo importante es definir cómo vamos a mejorar ese déficit; ahí cada candidato tiene que ser bien claro con relación al camino que va a elegir, o se va por el aumento de impuestos o por la disminución del gasto. Nuestra propuesta es ir por una mayor eficiencia en el gasto.
Son claras las diferencias que tiene con la política económica del Frente Amplio, pero teniendo en cuenta que usted fue directora de la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas desde 2001 hasta 2014, ¿qué coincidencias tiene?
[Piensa un segundo]. Hay coincidencias en el manejo de deuda, no en vano vengo de esa oficina. El problema es el manejo fiscal, eso es lo que nos pone en una situación complicada, porque es el causante de la falta de competitividad, por eso pongo tanto hincapié en ello. Creo que la reglamentación inicial de la ley de promoción de inversiones fue un buen instrumento, logró levantar la inversión en términos del producto, pero ahora lamentablemente las últimas reglamentaciones no han sido exitosas, hoy nos encontramos con una inversión en términos del producto que es la misma de hace 15 años.
¿Qué habría que reajustar en la reglamentación de la ley?
Más allá de la ley, hay un tema de reformas estructurales que hacen a una mayor competitividad. Se necesita un mejor resultado fiscal, que le quite mochilas y dé espacio al sector productivo. Me decían desde una empresa que el gasto creciente que tiene el Estado es una enfermedad contagiosa, porque los privados, las empresas, no importa el tamaño, terminan teniendo mayores gastos porque las contagia ese Estado. Luego hay temas más específicos que tienen que ver con la ponderación del empleo y la descentralización. Hay que darle una nueva mirada a esa ley, que en el último tiempo no ha dado buenos resultados. Van cuatro años de caída en la inversión y salida de la inversión extranjera, eso nos está hablando de algo.
El programa de Todos dice sobre el sector público: “Si no se cubrieran anualmente el 21% de estas vacantes, se generaría un ahorro de 100 millones de dólares por año (lo que representa un acumulado de 500 millones en el quinquenio). Queda excluido de esta propuesta el personal afectado a tareas asistenciales, personal docente y personal ejecutivo del Ministerio del Interior”. ¿Esta medida no podría aumentar la desocupación?
Pensé que la pregunta iba por el lado de los ahorros, pero es bien interesante. La idea es que sea el sector privado el empleador en los siguientes años. Lo que hemos tenido en los últimos años es destrucción de puestos de trabajo totales, a la vez que el sector público está aumentando la cantidad de vínculos públicos y no públicos. Lo que necesitamos es revertir esa tendencia, por eso la propuesta es ahorrar en el pago de remuneraciones, al no completar la totalidad de las vacantes que se generan. Esto nos lleva a un mejor resultado fiscal y a dinamizar la actividad económica, así es que se va a generar empleo.
En cuanto al ahorro, ustedes dicen que lograrán 900 millones de dólares, ¿cómo lo van a hacer?
El número del ahorro es una indicación cuantitativa, pero me parece importante entender la totalidad de cómo se plantea el “shock” de austeridad. Son ahorros cuidando el dinero de la gente. Son 550 millones de dólares del gobierno central. 350 son ahorros que se pueden generar en las empresas públicas, luego en orden de importancia, por la magnitud, tenemos lo que se llama la contratación de servicios personales, como empresas de limpieza y alimentación; ahí si se ahorra un 15% se obtiene un ahorro de 132 millones de dólares. Hay que entender cuál es la lógica que hay detrás, estamos hablando de contrataciones como la de las empresas de limpieza en el Hospital Maciel, que terminaron con procesados; como ese caso hay muchos más. Con relación a las empresas alimenticias, se contrata más de lo que se necesita, todo eso es dinero que se pierde y no llega a la persona que tiene que llegar. Otro rubro es el gerenciamiento de obras; ahí suponemos un ahorro de 10% y se puede llegar a 100 millones.(*)
¿Tienen previsto cuándo se verán los resultados de ese ahorro?
El primer año, pero como empieza más tarde, el 1º de marzo, hay que ser más eficientes para completar el ahorro final, pero los cálculos son a un año.
¿Entonces es el primer año de gobierno, no a partir del presupuesto?
Estamos considerando 2020 como el primer año. La ley de presupuesto es una instancia importante, pero para bajar el gasto no es necesario tener una ley. De todas formas, estamos previendo una ley de urgente consideración, a presentar en los primeros tres meses de gobierno, para proponer los cambios institucionales, como la creación de la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas.
En varias oportunidades Lacalle Pou ha manifestado que no hará recortes en las políticas sociales.
No sólo se plantea no hacer recortes, sino que la preocupación es el mantenimiento de las correctas políticas sociales y asegurar los recursos para que estén todo el tiempo. El primer punto es qué vamos a hacer con los ahorros y el segundo es una regla fiscal, una condición que limite el gasto creciente del gobierno. Tener esta regla fiscal es lo que nos va a permitir mantener las políticas sociales. La economía es cíclica, hay momentos de bonanza y hay partes bajas en el ciclo; cuando hay más actividad se debería ahorrar, eso es lo que asegura que las políticas sociales se mantengan.
¿Cómo se aterriza esa regla fiscal? ¿A través de una ley?
Lo que proponemos es que tenga el respaldo de una ley, que haya un objetivo general de un balance estructural. Si se está recaudando mucho el déficit observado tiene que ser menor, y cuando se está en una situación más complicada hay que permitir un resultado fiscal observado mayor. Esa es la regla, cómo se aterriza; el presupuesto nacional se tiene que armar para que se cumpla el objetivo. Nuestra propuesta es que la cobertura se centre en lo que pasa con el presupuesto nacional, lo que es el gobierno central, por lo tanto, además tenemos que acompañar esa regla fiscal con una correcta gobernanza de las empresas públicas. La otra pata es la mayor autonomía del Banco Central del Uruguay [BCU]. Hoy lo que hay es una ley de tope de endeudamiento de todo el sector público: empresas públicas, BCU y gobierno central. Entendemos que esa ley no es una regla fiscal, porque el gasto ha estado creciendo y no ha tenido límite, además estos topes se han cambiado, porque al haber mayoría parlamentaria se cambiaba y se ponía otro. Nuestra propuesta es ir a la medición de un déficit fiscal estructural, pero centrado unicamente en el gobierno central, pero a lo que se aprueba en el presupuesto hay que acompañarlo con gobernanza en las empresas públicas y autonomía en el BCU.
Cuando alguien ahorra es para algo, ¿en este caso en qué se usará el dinero?
Por un lado hay que mejorar el resultado fiscal. 4,5% del producto de déficit no es sostenible; parte de estos ahorros también va a ir a otras propuestas, nosotros priorizamos la baja de los combustibles. Va a ser algo gradual, no es de un día para el otro, pero entendemos que las tarifas de los combustibles, y en menor medida la energía eléctrica, están por encima de las tarifas de la región.
Desde los sectores productivos aseguran que el precio del dólar hace que Uruguay sea menos competitivo. ¿Cuál será su política monetaria?
Planteamos que parte del problema de competitividad es que hay un atraso cambiario importante, y detrás de ese atraso cambiario está la política fiscal actual. La mejora en las finanzas públicas nos va a llevar a una corrección en el tipo de cambio real.
¿Se podría esperar entonces un dólar más alto?
El tipo de cambio real tendría que subir.
¿Tiene una estimación de a cuánto?
No voy a hacer una estimación de a cuánto. No nos tenemos que centrar tanto en el tipo de cambio nominal, lo que importa son los precios relativos, la inflación de Uruguay en dólares y la del resto del mundo; importa el dólar pero importa la inflación que tenemos.
¿Tiene otras aspiraciones políticas, más allá de ser ministra?
Estoy trabajando para que el PN llegue a buen puerto y lo que quiero es que el PN, junto a otros partidos que están en la oposición, estén en el gobierno. Eso es lo que quiero.
(*) El programa de Todos dice que el ahorro será de 900 millones de dólares anuales, conformados por 100 millones de ahorro en salarios, 132 millones de servicios no personales, 100 millones de gerenciamiento de obra pública, 348 millones por la mejora de la eficiencia de las empresas públicas, y 220 millones por otras líneas de ahorro, como compra de bienes de consumo y suministro.