La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) encontró irregularidades en la adjudicación para la compra de césped sintético para la plaza de deportes de Trinidad, en el departamento de Flores, durante la intendencia de Armando Castaingdebat (2010-2015), hoy diputado por el Partido Nacional (PN).
El informe de la Jutep dice que hubo una serie de omisiones que “dan cuenta de un favorecimiento indebido a la empresa adjudicataria” Forbec, cuyos dueños eran Pablo Forlán y Kevin Beckmann.
La Junta destaca que encontró falta de controles de los antecedentes y la solidez patrimonial de esa empresa, así como incumplimiento en el plan de pagos, “desprotegiendo” a la Intendencia de Flores (IF) “con el pago anticipado de un trabajo aún no terminado”. En total, la IF le pagó a Forbec 133.510,44 dólares.
La Jutep dice que no fueron suficientes los argumentos que el ex intendente Castaingdebat esgrimió para justificar el pago de 21.000 dólares a la empresa para posibilitar el ingreso al país de mercadería, ya que “paga por cuenta de un tercero con el que manifiesta no tener relación anterior ni confianza, sin garantía de repago” y “sin documentar la deuda generada a su favor”.
El actual diputado admitió que hizo ese pago, pero dijo que lo hizo por el bien del departamento. “Es cierto que cometí la irregularidad de poner dinero de mi bolsillo, porque al llegar al final de la obra la empresa se fundió, la IF no tenía forma de adelantar dinero porque no podía, y yo entendí que antes de que saliera perjudicado el departamento, yo ponía el dinero”, dijo a la diaria. Castaingdebat aseguró que esa suma nunca le fue devuelta y previó que ahora “menos que menos” lo harán. “Si en algún momento pensaron en devolverla, ahora no lo quiero ni cerca”, comentó.
El documento de la Jutep llama la atención sobre las fechas en las que fueron realizadas las operaciones: Castaingdebat hizo el depósito el 28 de noviembre de 2012, la solicitud de precios se concretó el 4 de diciembre, y la resolución del intendente que dispuso la compra directa del material es del 10 de diciembre. “El intendente adelantó el dinero para viabilizar una compra no aprobada ni mucho menos concretada, y por la que aún ni siquiera se había realizado el pedido de precios. Es decir, en condiciones ya difíciles de entender para adelantar una cifra importante por cuenta de un tercero, se agrega que el destino es pagar impuestos de importación de una mercadería cuya compra aún no había sido aprobada ni gestionada”, señala la Junta.
Sólo un mandadero
Otra de las observaciones de la Jutep fue que las condiciones de la licitación se adecuaron a la empresa, ya que el pliego se hizo “con la información contenida en un correo electrónico” enviado el 31 de julio de 2012 por Ricardo Beckmann, el hijo de Kevin Beckmann, a Ramiro Visconti, que después recibió 6.500 dólares en calidad de intermediario, “sin que ningún funcionario de la IF” asumiera “la responsabilidad por la incorporación de esos requisitos a las bases del llamado”. El pliego fue redactado por Daniel Iribarren, asesor jurídico de la comuna.
Visconti declaró que es amigo de Castaingdebat, y que al enterarse de la licitación se contactó con Beckmann. Consultado sobre su participación en el negocio dijo que fue “un nexo y nada más, un mandadero”. “Preguntado sobre cómo explica entonces por qué, por llevar un mail y desentenderse del mismo terminó cobrando US$ 6.500, su respuesta fue: ‘Yo que sé, yo era un mandadero entre la empresa y la IF’”, dice el texto publicado ayer por la Jutep.
La Justicia
Castaingdebat aseguró que todo lo publicado ya fue aclarado en la Justicia. “Siempre fui a declarar, nunca me amparé en los fueros, siempre di la cara”, comentó a la diaria. Además, se quejó de que la Jutep no publicó todo el contenido de las actas del juicio, sino que sólo destacó “algunas frases aisladas”.
En el primer párrafo del documento de la Jutep se aclara que el 1º de marzo la fiscal pidió que el caso fuera archivado, de modo que, una vez terminadas las actuaciones, se podía dar a conocer el contenido del informe presentado a pedido de la Justicia. La Fiscalía consideró que las actuaciones del ex intendente implicaron sólo responsabilidades administrativas.