Distintos colectivos integrantes de la Campaña Nacional Ley Integral para Personas Trans denunciaron penalmente al diputado del Partido Nacional (PN) Álvaro Dastugue (Esperanza Nacional) y al precandidato del PN Carlos Iafigliola (Movimiento Adelante Pro Vida y Familia) por incitación al odio. Consideran que ambos violaron los artículos 148 y 149 bis del Código Penal. El artículo 148 dice: “El que hiciere, públicamente, la apología de hechos calificados como delitos, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión”; y el 149 bis establece que la pena para quien “públicamente o mediante cualquier medio” incite “al odio o al desprecio, o a cualquier forma de violencia moral o física contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual” será de tres a dieciocho meses de prisión. La denuncia fue realizada el jueves 28 de marzo y se está a la espera de que se asigne fiscal.
Desde el colectivo aseguraron a la diaria que en los últimos 15 días hubo tres casos de violencia contra mujeres trans, dos de ellas con agresión física y la restante de violencia simbólica. Indicaron que en todos los casos se radicaron las denuncias, y que las agredidas están físicamente bien pero tienen secuelas psicológicas. “Cuando pasan esas cosas dejan a la persona muy mal; tiene miedo y la víctima incluso se siente culpable”, dijo Diana Sellanes, una de las integrantes del grupo.
En un comunicado difundido ayer, los colectivos aseguraron: “En las tres situaciones los violentos nombraron los privilegios que nos otorga esta ley. Los discursos de odio promovidos por representantes políticos tienen como consecuencia habilitar o abrir la cancha para que sucedan estas situaciones”. Josefina González, otra de las integrantes, dijo que los representantes “tienen que pensar muchas veces las cosas, porque las consecuencias terminan recayendo sobre los cuerpos vulnerados”. Se decidió resguardar la identidad de las mujeres agredidas, y sobre todo la de una de ellas, por “un tema de protección”, pero aclararon a la diaria que algunos de los casos ya se hicieron públicos en las redes.
Ayer los colectivos, representados por Sellanes, González, Natalia Ruiz, Patricia Gabetta, Marcela Pini y Violeta Rebollo, adelantaron a la diaria que, además de denunciar a Dastugue y Iafigliola, impugnarán las firmas por el referéndum contra la Ley Integral presentadas ante la Corte Electoral, alegando que fueron obtenidas con mentiras y tergiversando la norma. Pini aseguró que varias personas les hicieron llegar “mensajes y testimonios” de que eso ocurrió. “Decían que era para derogar dos artículos, pero en realidad es para derogar la ley entera; es una estafa”, afirmó Gabetta.
Sin embargo, Pablo Klappenbach, ministro de la Corte Electoral, explicó a la diaria que en las papeletas se explicita contra qué se interpone el recurso, y que la tarea de la Corte es cotejar que las firmas y los datos coincidan, para validarlas, no verificar si las adhesiones fueron recolectadas con argumentos correctos.
El comunicado de los movimientos señala que no tienen intención de generar un nuevo debate público sobre la ley, porque eso sería darles “visibilidad a quienes cuestionan su necesidad y pertinencia”, con motivaciones que consideran “exclusivamente político-electorales”.
Los colectivos se autodefinen independientes de cualquier partido político, y afirman que la norma ya ha sido usada por distintas agrupaciones con fines electorales. “No son sólo los sectores conservadores, también nos ha pasado con el oficialismo. Hemos tenido que salir a pedir que retiren el logo de propaganda política que ha salido en las redes sociales” asociado con la ley, comentó Sellanes. De hecho, el 31 de marzo emitieron otro comunicado para desvincularse de la movilización que se hará el sábado en la explanada de la Intendencia de Montevideo, bajo el lema “No a la derogación de la Ley Trans”. González dijo que son conscientes de que se usará la ley en la campaña electoral, pero acotó que, a su entender, “los derechos no tienen color partidario ni se negocian”.