“Creamos la Unidad de Garantías de Derechos Humanos para las cuatro fuerzas federales de seguridad. Los derechos humanos son para todos, y hasta hoy las fuerzas estaban excluidas. Además de ser garantes de los derechos humanos de la ciudadanía, hoy tendrán este derecho inherente a la condición humana”, escribió ayer en su cuenta de Twitter la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, luego de que se publicara en el Diario Oficial la creación de esta nueva unidad.
Según informó el diario Página 12, la resolución ministerial que crea esta unidad es breve, no abunda en fundamentos y anuncia “acciones” y “estudios diagnósticos” que se harán bajo la órbita de la Dirección de Violencia Institucional. Así se le dará a esta dirección un giro en sus funciones, ya que se buscará reparar “los daños causados por agravios a los derechos humanos” de los propios efectivos, causados por “otros miembros de las Fuerzas o bien por ciudadanos”. De acuerdo con el Ministerio de Seguridad, la finalidad de esta nueva unidad será la de “contribuir con acciones e iniciativas que persigan el objetivo de ampliar y garantizar la efectiva protección de los derechos humanos de los efectivos de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales”.
Este nuevo anuncio se mantiene en sintonía con otras decisiones tomadas por la cartera que encabeza Bullrich, que apuntan a aumentar la protección de los policías y colocan los asuntos de seguridad pública en un primer lugar de la agenda. De esta forma, compiten con los problemas económicos, el costado más vulnerable del gobierno que encabeza Mauricio Macri, que en octubre tendrá que afrontar las elecciones presidenciales.
Antes del anuncio de ayer, Bullrich ya había aprobado el protocolo de uso de armas de fuego, que habilita a los efectivos de las fuerzas federales a disparar a matar en cualquier circunstancia, y también el programa Restituir, que reincorpora a efectivos procesados por haber hecho un uso excesivo de la fuerza.
La nueva decisión de Bullrich generó reacciones de repudio. Una de ellas fue la de Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, quien en una intervención en el programa radial Crónica anunciada, que emite Futurock, afirmó: “Están completamente locos. Es una vergüenza lo que plantean. ¿Qué quiere inventar ahora esta muchacha? Que dejen que la Policía cree un gremio, y que el gobierno sanee de corrupción a las fuerzas”. En la misma entrevista Carlotto agregó: “Que Bullrich no nos quiera engañar: la buena Policía sabe hacer su trabajo y no necesita ninguna oficina de derechos humanos”.
La presidenta de Abuelas dijo que la organización que preside analizará la resolución antes de tomar alguna resolución, y lamentó este anuncio del gobierno, al que le atribuye una intencionalidad electoral. “Quizá capten votos con estas medidas que toma la ministra, pero no nos tienen que tomar por tontos”, dijo.
Paralelamente a estas medidas tomadas por la administración Macri en el área de seguridad, ayer el diario Tiempo Argentino informó acerca de los resultados del informe de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), que registra casos de gatillo fácil y otros hechos de violencia del Estado desde la vuelta de la democracia. En el informe, el actual gobierno es el que acumula más episodios de este tipo. Sólo en tres años, hubo más de 1.000 casos, lo que equivale a un muerto cada 21 horas.
De acuerdo con el estudio de la Correpi, desde la vuelta a la democracia en Argentina, en 1983, hubo 5.462 casos de personas asesinadas por las fuerzas de seguridad o que murieron en contextos de encierro. De ese total, 1.003 episodios ocurrieron durante el gobierno de Macri, lo que representa 20% del total.