El tribunal encargado de investigar, juzgar y sentenciar a los responsables de los crímenes cometidos durante el conflicto armado en Colombia, la Justicia Especial para la Paz, estudia un informe sobre la persecución que sufrió la población LGBT en ese período. Es la primera vez en la historia que un tribunal de Justicia transicional analiza la situación de personas que fueron perseguidas por su orientación sexual e identidad de género durante un conflicto armado.
El informe fue entregado el viernes 29 de marzo por las organizaciones civiles Colombia Diversa y Caribe Afirmativo, después de una investigación que duró siete meses. En un comunicado difundido ese día, las dos organizaciones denunciaron casos de “violencia sexual, tratos crueles, inhumanos y degradantes, tortura, desplazamiento forzado, amenazas, trabajo forzado y homicidio o feminicidio” contra integrantes de la comunidad LGBT entre 1986 y 2016.
El documento presentado se centra particularmente en la persecución y violencia sistemática contra personas lesbianas, gays, bisexuales y trans en el departamento de Antioquia –en el noroeste del país– y en el municipio de Tumaco –al suroeste–. Señala como responsables de los ataques a la guerrilla ahora desmovilizada de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a los grupos paramilitares y a las fuerzas de seguridad públicas.
En Antioquia, los investigadores documentaron 41 casos de víctimas LGBT, y ocho en Tumaco. En esta última región, además de sufrir violencia sexual y desplazamiento forzado, las víctimas padecieron “un profundo desarraigo de su territorio, de su familia y de las tradiciones de la Costa Pacífica” por ser afrodescendientes, según se lee en el informe.
El documento también reitera que en el Registro Único de Víctimas hay 801 personas que se identifican a sí mismas como lesbianas, gays, bisexuales o trans en el departamento de Antioquia y 78 en el municipio de Tumaco. Sin embargo, advierte que estas cifras “no reflejan la dimensión de la situación de vulnerabilidad de las personas LGBT en el conflicto armado”. Esto puede pasar porque, “por un lado, cuando son los familiares quienes declaran por hechos victimizantes, como asesinato o desaparición forzada, es posible que desconozcan su orientación sexual o identidad de género, o no la declaren por avergonzarse de ella” y, por otro, hay personas LGBT que “no denuncian la violencia o no autorreconocen su orientación sexual o identidad de género a la hora de declarar”.
Una de las conclusiones principales a las que llega la investigación es que las FARC y los grupos paramilitares cometieron el delito de persecución por “prejuicios relacionados con la orientación sexual, identidad de género y/o expresión del género de la víctima”, y que eso constituye “un delito de lesa humanidad”, dijeron la semana pasada Enith Bula y Cindy Hawkins, abogadas de Caribe Afirmativo, al diario colombiano El Espectador. Esta persecución, agregaron, se configura a partir de la existencia de “patrones de criminalidad” que se vieron reforzados por la impunidad. “Ellos sabían que después de perpetrar crímenes contra la población LGBT los casos no iban a llegar a la Justicia”, dijeron las abogadas.
Las organizaciones responsables de este documento planean presentar “por lo menos” cinco informes más a la Justicia Especial para la Paz. Mientras tanto, continúan trabajando en otras regiones. El objetivo fundamental de las investigaciones, transmitieron Bula y Hawkins, es establecer “cuáles fueron los daños o impactos materiales o inmateriales que sufrieron las víctimas” para pensar en formas de reparación colectiva.