En busca de reposicionar al Partido de la Gente (PG) y activar su participación en la campaña electoral, hoy el sector político que lidera el empresario Edgardo Novick, por medio de la lista 3.000.000 que encabeza su único diputado, Daniel Peña, presentará hoy en la Torre de las Telecomunicaciones de Antel una serie de propuestas en materia de empleo, que a juicio del legislador es el “mayor problema” que enfrenta Uruguay.
De hecho, Peña cree que el Estado es el “mayor enemigo” del trabajo en el país, porque ha estado “debilitando el aparato productivo del país y favoreciendo el clientelismo”, con los impuestos “más altos de la región”.
Para paliar esta situación, el legislador dijo a la diaria que propondrá que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto haga un minucioso estudio de los bienes inmuebles en propiedad del Estado, identificando aquellos que se encuentran inutilizados. Peña ejemplificó con el caso del Ministerio de Defensa Nacional, que posee casi 100.000 hectáreas, algunas de ellas en lugares “carísimos” como Carrasco o el cinturón de Montevideo y Canelones. “¿Tiene sentido que el ministerio tenga terrenos en esa zona, donde no cumplen ninguna función de defensa? ¿No se podría pasar la Escuela Naval, por ejemplo, al dique Mauá, y vender los terrenos de Carrasco?”, preguntó. Además, Peña considera que es necesario que el Estado se deshaga de empresas “deficitarias o fantasmas” que generan “pérdidas millonarias” (enumeró, entre otras, a Alcoholes del Uruguay, Gas Sayago o Cementos del Plata), y que “se trabaje estadísticamente” en las acciones legales contra el Estado, porque, aseguró, terminan costando millones de dólares que paga toda la población.
La propuesta del diputado implica poner en venta esos bienes y que con el dinero obtenido se cree un fondo fiduciario, que calculó que podría ser de más de 2.000 millones de dólares. Ese fondo sería administrado por la Agencia Nacional de Desarrollo (Ande), que se convertiría en un organismo con la función adicional de generar políticas de empleo. El dinero del fondo, sostuvo el diputado, serviría, por ejemplo, para compensar la exoneración del pago de aportes patronales a las 190.000 micro, pequeñas y medianas empresas del país, que según sus cálculos costaría unos 101 millones de dólares.
Además, Peña propone aumentar el crédito para financiar emprendimientos productivos y su reconversión tecnológica, aplicar programas de capacitación para trabajadores y conceder rebajas impositivas a empresas que contraten trabajadores de menos de 25 años o más de 40.
En los últimos meses, el PG venía basando el grueso de su campaña en propuestas relacionadas con la seguridad, pero uno de sus principales referentes en el área, el ex fiscal Gustavo Zubía, abandonó esa colectividad política luego de que su precandidatura presidencial en ella se viera bloqueada. Por otra parte, fue expulsado el vicepresidente del PG, Guillermo Facello, quien había sido el primer parlamentario en pasarse a filas del empresario. La semana pasada, el propio Peña sostuvo que dentro del PG “algunos personajes inclinaron la balanza demasiado hacia la derecha en los últimos tiempos, y eso no nos hizo bien”. “Creo que uno de los objetivos ahora es reposicionar rápidamente al PG, ubicándolo en el centro de la escena política, más en base a planes de gestión que a las definiciones ideológicas”, sostuvo.
MIEM enfrenta juicios por al menos 1.500 millones de dólares
Para elaborar su propuesta, Peña hizo varios pedidos de informes parlamentarios y solicitudes de acceso a la información pública a varios organismos del Estado, por intermedio de la Fundación 3 Millones. Según dijo a la diaria, se hizo un pedido de acceso a la información al Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) sobre los juicios que venía enfrentando, y si bien respondieron que eran 24, sólo informaron el monto de nueve de ellos. “Al sumar sólo esos montos de los juicios, se superan los 1.500 millones de dólares”, aseguró Peña.