Tras la difusión del contenido de las actas del Tribunal Especial de Honor para Oficiales Superiores Nº 1 del Ejército Nacional, que evaluó las conductas de los represores condenados José Nino Gavazzo, Jorge Pajarito Silveira y Luis Maurente, el presidente Tabaré Vázquez tomó ayer una medida sin precedentes. Destituyó al comandante en jefe del Ejército, general José González, y al jefe del Estado Mayor de la Defensa, general Alfredo Erramún, y dispuso que renunciaran el ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, y su subsecretario, Daniel Montiel. También solicitó al Senado su venia para el pase a retiro obligatorio de los generales Claudio Romano, Carlos Sequeira, Alejandro Salaberry y Gustavo Fajardo, quienes integraron el mencionado Tribunal de Honor, al igual que González.
El sábado, El Observador publicó resultados de una investigación del periodista Leonardo Haberkorn acerca de las declaraciones de Gavazzo y Silveira ante el Tribunal de Honor. Entre otras cosas, informó que el primero admitió que en marzo de 1973 arrojó al río Negro el cadáver del militante tupamaro Roberto Gomensoro para hacerlo desaparecer. “Yo lo cargué al vehículo, yo manejé al vehículo, lo llevé al lugar, lo bajé, lo puse en un bote y lo tiré del bote. Yo solo”, dijo Gavazzo según la nota del diario. Silveira, a su vez, afirmó ante el mismo tribunal que fue Gavazzo quien asesinó a Gomensoro.
La investigación también apunta que siete generales del Ejército –los tres que participaron en el Tribunal de Honor, entre ellos González, luego designado comandante en jefe del Ejército; los tres que integraron un tribunal de apelación, y el entonces comandante Guido Manini Ríos– coincidieron en que Gavazzo y Silveira no habían lesionado el honor del Ejército con los 28 homicidios especialmente agravados por los que fueron condenados en 2009, pero sí por haber permitido que el coronel Juan Carlos Gómez estuviera tres años preso por el asesinato de Gomensoro, sabiendo que era inocente.
El Poder Ejecutivo homologó los fallos sobre la conducta de Gavazzo y Silveira el 12 de marzo, aclarando que lo hacía debido a los actos por los que fueron condenados, “y no sólo por los motivos restringidos” del Tribunal de Honor. En paralelo, Vázquez destituyó como comandante en jefe a Manini Ríos, por los cuestionamientos a la Justicia que hizo en su informe al presidente sobre lo que había resuelto el Tribunal de Honor.
“Grave omisión”
Según un comunicado emitido por Presidencia, tras la publicación de la investigación periodística se solicitó ayer, “con carácter urgente”, al Ministerio de Defensa Nacional (MDN) el expediente del Tribunal Especial de Honor. La cartera envió de “inmediato” la información, y además comunicó a Vázquez que tenía “en curso varias acciones, entre las que se encontraba pendiente la puesta en conocimiento de los hechos a la Fiscalía General de la Nación”. Ante esto, Vázquez “ordenó la inmediata remisión” a la Fiscalía de los testimonios de los tres represores ante el Tribunal de Honor. En el mismo comunicado, se señaló que tanto ese tribunal del Ejército como el de alzada (de apelación) “omitieron en forma deliberada cumplir con el mandato” establecido en el artículo 77 del decreto 55/985, que establece que, si el ejercicio de sus funciones los llevaba a la “presunción de un delito, común o militar”, tenían el deber de comunicarle esto “de inmediato” al superior que correspondiera. En este caso, además, otro de los partícipes en esta “grave omisión” fue Manini Ríos, quien “conociendo o debiendo conocer la consecuencia de la presunción de un delito, omite dar curso a la denuncia pertinente” y, además, repite la acción cuando eleva los fallos, con sus comentarios, a Presidencia.
Recambio y relevos
Según informaron a la diaria fuentes del Poder Ejecutivo, la opción más firme que se maneja para ocupar el lugar de Menéndez es la de José Bayardi, dirigente de la Vertiente Artiguista y presidente de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio (FA). Bayardi ya cuenta con experiencia al frente del MDN: en 2005, cuando Vázquez asumió su primera presidencia, fue designado subsecretario, y luego del retiro de la ministra Azucena Berrutti asumió la titularidad de la cartera desde febrero de 2008 hasta agosto de 2009. Bayardi, además, integró el gabinete como ministro de Trabajo y Seguridad Social durante el gobierno de José Mujica. La subsecretaría del MDN, según las fuentes, quedaría para un dirigente del Movimiento de Participación Popular (MPP), sector al que pertenece Montiel. El senador Andrés Berterreche, integrante de la comisión de Defensa de su cámara, es una de las opciones, comentaron desde el gobierno.
En paralelo, ayer, durante más de tres horas, tuvo lugar una reunión de generales en el comando del Ejército. Según informó ayer Telenoche, el comandante en jefe interino será Marcelo Montaner, actual jefe del Estado Mayor de la fuerza. Los pases a retiro no sólo dejarán vacantes la comandancia y la jefatura del Estado Mayor de la Defensa, sino también el mando de varias dependencias del Ejército. Romano es el director del Instituto Militar de Estudios Superiores; Sequeira, el comandante de la División de Ejército I; Salaberry, el director nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas; y Fajardo, el comandante de la División de Ejército IV.
Del total de 15 generales, ayer quedaron firmes nueve: Miguel Giordano, agregado militar ante la Junta Interamericana de Defensa; Héctor Tabárez, director del Instituto Militar de las Armas y Especialidades y de la Escuela Militar; Ricardo Fernández, al frente del Comando de Apoyo Logístico del Ejército; Julio Macías, responsable de la Reserva General del Ejército; Gerardo Fregossi, comandante de la División de Ejército II; Claudio Feola, jefe de la Casa Militar; Neris Corbo, director nacional de Pasos de Frontera; y Domingo Montaldo, director del Centro de Altos Estudios Nacionales.
Tabaré Vázquez durante el acto de asunción de José González como comandante en jefe del Ejército.
Foto: Santiago Mazzarovich
Cambiar la pisada
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos recordó en un comunicado que en el anterior que emitió, el 20 de marzo, “expresó claramente lo que hoy [por ayer] se confirma”, y señaló que “ante el Tribunal de Honor, convocado por el fallo judicial por 28 asesinatos especialmente agravados, los criminales confiesan la tortura, asesinato y desaparición de Roberto Gomensoro (marzo de 1973), Eduardo Pérez (mayo de 1974) y María Claudia García”. “A pesar de esto, los integrantes de dicho Tribunal no encuentran que estos crímenes lesionen el honor de las Fuerzas Armadas, así como tampoco entienden pertinente remitir estas declaraciones a la Justicia, siendo esa su obligación. Esto pone de manifiesto cuál es la concepción del honor que tienen hoy los mandos militares, y la doctrina que los motiva”, se sostiene en el comunicado.
Además, la organización respalda “la rápida respuesta” de Vázquez, confía en “que el Senado actúe en consecuencia”, y entiende que “para nombrar un nuevo” comandante en jefe del Ejército “se debe tener en cuenta su posición sobre el período del Terrorismo de Estado y los delitos de lesa humanidad cometidos, y se le debe exigir una condena expresa a estos hechos”. “Asimismo debe asumir el compromiso con el respeto a todos los derechos humanos” y con “la búsqueda de la verdad, y aportarla a la Justicia como corresponde”, añade. El comunicado finaliza recordando que el Parlamento tiene a discusión la reforma de la Ley Orgánica Militar y que se debe tener en cuenta que “las Fuerzas Armadas están formadas bajo la Doctrina de la Seguridad Nacional y actúan hoy en consecuencia”, por lo que “debe reducirse la oficialidad y la tropa al mínimo necesario”, además de modificar sus planes de estudio y asegurarles cometidos que se atengan “a lo estrictamente dictado por la Constitución”. La organización reafirma, en esa línea, que “es completamente improcedente e inaceptable” la creación de una Guardia Nacional “integrada por efectivos de estas mismas fuerzas, que han expresado claramente cuál es su moral y su concepción del deber que tienen con la ciudadanía”.
La arena política
La resolución de Vázquez motivó diversas valoraciones de dirigentes partidarios. El precandidato nacionalista Jorge Larrañaga (Alianza Nacional) dijo a la diaria que el presidente “sabía o debió saber” sobre el contenido de las actas de los tribunales de honor de los represores. “Si [Vázquez] se hubiera informado, no habría designado” como comandante en jefe a González, que integró uno de esos tribunales, sostuvo. Larrañaga considera que hubo una “cadena de errores”, que involucró a las Fuerzas Armadas (FFAA), el MDN y Presidencia, pero que el “principal omiso” fue Vázquez.
Otro de los precandidatos nacionalistas, Luis Lacalle Pou (Todos), reconoció que la decisión de Vázquez fue acertada, pero acotó que el presidente tiene “responsabilidad política directa”, porque estaba en conocimiento del fallo del Tribunal de Honor y nombró comandante a “una de las personas que lo había firmado”, recogió ayer Subrayado.
El precandidato colorado Julio María Sanguinetti también criticó al gobierno por el “grave error” de haber homologado los fallos del Tribunal de Honor. En diálogo con la diaria, el ex presidente calificó de “sorprendente” que el ministro y el subsecretario no hayan “alertado al presidente sobre la gravedad” de esos fallos. “Si no le advirtieron, tiene toda la razón para cambiar al ministro”, comentó, y afirmó que lo que revela todo este episodio es “la falta de conducción” de las FFAA. Desde “Eleuterio Fernández Huidobro este barco está sin comando”, opinó.
Desde el oficialismo, el Secretariado Ejecutivo del FA expresó este lunes su “absoluto respaldo” a Vázquez por la decisión tomada. Así lo expresó en conferencia de prensa el presidente de la fuerza política, Javier Miranda, quien dijo que Vázquez le comunicó que “no tenía la información de las actas” cuando recibió las valoraciones de Manini Ríos sobre la resolución del Tribunal de Honor.
También se expresaron los precandidatos del oficialismo sobre la resolución de Presidencia. Carolina Cosse escribió en su cuenta de Twitter que el “principal objetivo del gobierno” es defender la democracia, y “a ello todos deben subordinarse en el marco de nuestra Constitución”. En la misma línea opinó Óscar Andrade, quien dio su “absoluto respaldo” a la decisión de destituir a los integrantes del Tribunal de Honor que “avalaron atrocidades” y advirtió que “las FFAA deben estar subordinadas a los gobiernos democráticos”. Mario Bergara sostuvo que la decisión de Vázquez es una “señal clara de compromiso con la defensa de la democracia”, y que es hora de “seguir avanzado en la búsqueda de la verdad y en la reforma orgánica de las FFAA”. Daniel Martínez, por su parte, dijo en conferencia de prensa que fue la “medida correcta”, y que “lejos de pensar que las heridas se lavan con el olvido”, entiende que “se lavan en la medida en que se sepa lo que pasó”.
El Partido Socialista (PS) emitió una declaración en la que respalda la decisión del presidente Vázquez de “destituir” a los generales, pero también expresa “respaldo y reconocimiento al trabajo desempeñado” por Menéndez, que integra el sector. La declaración dice que bajo la conducción de Menéndez, “y venciendo muchos obstáculos, se impulsó la implementación de los compromisos asumidos en el programa de gobierno del Frente Amplio en relación a la democratización y transformación de las Fuerzas Armadas”. “La renuncia a su cargo, a pedido del presidente, lo enaltece y confirma su compromiso con el gobierno, el Frente Amplio y su programa de cambios”, se agrega. El PS añade que es necesario continuar la transformación de las FFAA, desterrar la doctrina de la seguridad nacional y fortalecer “la cultura democrática”, y expresa su “más firme compromiso en la lucha contra la impunidad, por la verdad, la justicia y la plena vigencia de los derechos humanos”.
Otra vez en marcha
El fiscal de Corte, Jorge Díaz, anunció ayer en su cuenta de Twitter que envió a la Fiscalía de 13er Turno y a la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad la información surgida a raíz de la investigación periodística de El Observador. El fiscal especializado Ricardo Perciballe dijo a la diaria que, antes de recibir la información enviada por Díaz, la fiscalía resolvió solicitar al juzgado de Paso de los Toros que se desarchive la causa de Gomensoro, pedir al MDN las actas del Tribunal de Honor, y demandar del juzgado penal de 27º Turno que considere la información que surge de esas actas acerca de la desaparición del tupamaro Eduardo Pérez, alias El Gordo Marcos.