El fiscal de Flagrancia y Turno de 2° Turno, Carlos Negro, archivó la denuncia realizada por el comandante en jefe del Ejército, Claudio Feola, al periodista Gabriel Pereyra. Feola había denunciado a Pereyra por difamación en nombre de los “señores oficiales generales y oficiales superiores del Ejército Nacional”, luego de que Pereyra hiciera algunos comentarios sobre el pasaje que existe en las Fuerzas Armadas (FFAA) de coronel a general.
En su dictamen, Negro sostiene que “tanto la historia legislativa de la nueva ley [de prensa, la 18.515], los antecedentes de la doctrina de la ‘real malicia’, así como sus primeros tres artículos, le dan relevancia y destacan la protección a la libre información brindada por ‘periodistas y trabajadores de la prensa en general’”. En el caso del denunciado, según Negro, “debe destacarse que los dichos del periodista se basan en la información y crítica sobre los sistemas de ascenso en el Ejército Nacional, lo que en ambos casos es absolutamente legítimo tanto en nuestro país como en cualquier Estado de derecho que se precie de tal”.
Según Negro, los dichos de Pereyra hicieron referencia “a un asunto de evidente interés público”: “Los ascensos y promociones en cualquier repartición pública deben ser absolutamente transparentes, y a la misma vez quedar a salvo de cualquier tipo de clientelismo o ineficiencia, dado que en ellos se juega no sólo la dirección de los dineros públicos, sino la propia orientación de las políticas estatales cuyas consecuencias recaerán inexorablemente en el pueblo”, dice el fiscal. Luego, sostiene que las expresiones de Feola que motivaron los comentarios de Pereyra, “en un contexto de análisis crítico a las expresiones del comandante en jefe del Ejército uruguayo sobre hechos relativos a las graves violaciones a los derechos humanas cometidos por funcionarios de las FFAA en la pasada dictadura cívico-militar [...] claramente ameritan ser difundidas, y debatidas, exponiéndolas a la consideración de la opinión pública toda”. Esta tarea, señala, “le corresponde primordialmente a la prensa y a los periodistas, en un marco de absoluta e irrestricta libertad de expresión”.
Por eso, el fiscal concluye que lo dicho por Pereyra “resulta acorde y obedece estrictamente a los estándares nacionales e internacionales en materia de libertad de expresión, en tanto cumple con su deber profesional de informar y opinar sobre asuntos de indudable interés común”. Además, sostiene que el periodista no tuvo “una intención de divulgar información falsa, sino, por el contrario, la de advertir sobre posibles defectos en los sistemas de evaluación, promoción y ascensos de una de nuestras FFAA”.