El Ejecutivo de Jair Bolsonaro intenta aprobar, mediante la Abogacía General de la Unión (AGU), una iniciativa para que la Policía Federal tenga el poder de desalojar, sin que se emita una orden judicial, predios y edificios públicos que hayan sido ocupados por manifestantes. Actualmente, los responsables de los edificios ocupados tienen que pedir que la AGU presente un pedido judicial para que se les devuelva el control de esos espacios.
Según informó el diario Folha de São Paulo, para el gobierno ese procedimiento causa demoras e interrupciones en los servicios que se prestan en esos edificios públicos. Por medio de la nueva norma pretende que la Policía Federal, con la ayuda de policías estaduales, pueda actuar directamente y desalojar a los ocupantes.
De acuerdo con la AGU, la administración pública debe actuar con celeridad para proteger el patrimonio y la continuidad de los servicios apoyándose en el Artículo 37 de la Constitución, que establece que el gobierno debe cumplir con el principio de la eficiencia en los servicios que presta a la población. Por lo tanto, la institución entiende que los servicios no serán eficientes si fuesen interrumpidos por ocupaciones o manifestaciones de cualquier tipo.
La nueva norma se basa en otra similar que fue elaborada en 2017, durante la presidencia de Michel Temer, y puede ser aplicada en caso de ocupaciones de universidades federales. También puede aplicarse, informó Folha, en las dependencias de la Fundación Nacional del Indio (Funai) y del Instituto de Colonización y Reforma Agraria (Incra), en las que se desarrollan con frecuencia manifestaciones de protesta de indígenas y de integrantes del Movimiento de los Sin Tierra.
Además, ayer se informó sobre un proyecto de ley que será presentado conjuntamente por uno de los hijos del presidente, Flavio Bolsonaro, senador federal del Partido Social Liberal por el estado de Río de Janeiro, y por Márcio Bittar, senador federal del Movimiento Democrático Brasileño por el estado de Acre. Esta iniciativa pretende terminar con las áreas delimitadas como reservas naturales que se encuentren dentro de propiedades rurales privadas.
Según informó el portal UOL, los redactores de la norma afirmaron que “Brasil es el país del mundo que más preserva su vegetación nativa, y el productor rural es el personaje central de esta preservación, porque solventa con su propio bolsillo la conservación de un cuarto del territorio nacional”. Los parlamentarios argumentan que es necesario terminar con la protección de la vegetación nativa en estos lugares, para “garantizar el derecho constitucional a la propiedad”.
De acuerdo con la actual legislación brasileña, en estas reservas situadas dentro de bienes inmuebles rurales está prohibida la deforestación y sólo se permite el “uso sustentable de los recursos naturales”.
El Código Forestal vigente establece porcentajes mínimos de preservación, que llegan a 80% en el área de la Amazonia, pero en el resto del país sólo alcanzan 20% del territorio.