El Ministerio de Seguridad argentino que encabeza Patricia Bullrich ha estado en el punto de mira estas últimas semanas.
Primero fue por la muerte de cuatro adolescentes, en un confuso episodio ocurrido en la madrugada del lunes 20 que involucra una dudosa actuación policial que está siendo investigada. Ahora la polémica fue renovada cuando la ministra reivindicó la actuación de Luis Chocobar, el policía que asesinó a un joven que huía tras haber asaltado a un turista y que espera a ser juzgado.
El caso de San Miguel del Monte conmocionó a la opinión pública argentina. Un Fiat 147 circulaba por una avenida de esa localidad bonaerense cuando empezó a ser perseguido por al menos una camioneta de la policía. Adentro viajaban un joven de 22 años y cuatro adolescentes de 13 y 14. Desde el móvil policial les dispararon una cantidad indeterminada de veces y el auto terminó chocando contra el acoplado de un camión que estaba estacionado, partiéndose en dos. Cuatro de los pasajeros murieron en el acto y la quinta, una chica de 13 años, permanece internada en estado grave.
La versión policial fue cambiando: inicialmente reportaron un accidente de tránsito, pero cuando se supo que una cámara de vigilancia había captado la persecución reconocieron que esta se había producido a alta velocidad. Más tarde, los vecinos denunciaron que se habían escuchado disparos antes y después del choque.
Se empezó una investigación por la cual siete policías involucrados en el operativo de la madrugada de ese lunes fueron detenidos, el viernes, pero siguieron conociéndose irregularidades. En los últimos días otras cinco personas fueron apresadas: el subcomisario de la Policía municipal, Franco Micucci, el secretario de Seguridad de San Miguel del Monte, Claudio Martínez, y otros tres policías. De todos los detenidos, sólo una policía aceptó declarar ante las autoridades para dar su versión de los hechos. La mayoría de ellos están acusados de homicidio doblemente agravado por abuso de su función y por el empleo de armas de fuego, o por encubrimiento agravado.
Patricia Bullrich, ministra de Seguridad argentina. Foto: Gobierno de Rio Negro, Argentina
Originalmente, desde la Policía se dijo que el vehículo de los jóvenes era perseguido porque coincidía con la descripción de un auto en el que habían escapado varias personas que habían robado un comercio. Sin embargo, con el paso de los días y la ampliación de los detenidos va tomando fuerza la hipótesis de que la persecución se originó por otra razón. Consultada por el diario Página 12, la abogada Dorina Bernárdez, que representa a la familia de uno de los adolescentes, dijo que se investiga si los jóvenes vieron a los policías cometiendo una ilegalidad, en particular, vinculada al narcotráfico. En este sentido, Bullrich dijo que hay “aristas de gravedad” en este caso que “demuestran que hay algo más complejo” detrás de lo sucedido.
La doctrina Chocobar
Rápidamente la ministra fue responsabilizada por la actuación de los policías en este caso.
Organizaciones civiles señalaron una similitud en el procedimiento, que implica la persecución de presuntos culpables e incluso su asesinato sin que medien pruebas, tal como sucedió en La Boca en 2018. La Comisión por la Memoria defenderá a las familias de dos de los adolescentes asesinados la semana pasada y aseguró que “no se trata de un caso aislado” sino que es parte de una “larga trayectoria de violencia policial en la localidad”. La abogada Margarita Jarque, que integra la organización, aseguró que este hecho “denota el desprecio por la vida y la chocobarización de la actuación policial, donde primero se usa el arma y después la razón”.
La implementación de la doctrina Chocobar en la Policía fue defendida por Bullrich el viernes como “un claro ejemplo de cómo deben actuar las fuerzas policiales en cumplimiento de su deber”. Además, aseguró que otros casos de muertes en los que se ha investigado la actuación policial, como el de Santiago Maldonado o Luciano Arruga, fueron “una construcción” de organizaciones sociales.
Ante estas declaraciones, organizaciones civiles pidieron al presidente Mauricio Macri que separe a la ministra de su cargo. “El cambio de paradigma que la ministra reivindica como política de su gestión constituye el peor retroceso sufrido en Democracia, después del indulto a los genocidas, y pone en serio riesgo al Estado de Derecho”, aseguraron las organizaciones, entre las que se encuentra Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.