La última audiencia del juicio de apelación por el caso Plan Cóndor tuvo lugar este viernes en Roma. El juicio de primera instancia terminó en enero de 2017 con la condena de ocho imputados y la absolución de 19 personas. Originalmente los acusados eran 33, pero seis murieron mientras se desarrollaba el juicio.
El proceso de apelación comenzó en abril de 2018 y está previsto que el 8 de julio se conozca el fallo del tribunal presidido por la jueza Agatella Ciuffrida. Este viernes, cuatro abogados presentaron sus alegatos finales. De ellos, tres defendían imputados de nacionalidad uruguaya.
Samantha Salucci, que representa a Ricardo Medina, Gilberto Vázquez, Ernesto Ramas, José Sande Lima, Jorge Silveira y Ernesto Soca, repasó los distintos testimonios, sobre todo los relacionados con los hechos ocurridos en Automotores Orletti, y detalló las pruebas que aportó la defensa para argumentar que varios de los imputados no fueron vistos allí. Concluyó también que no había sido posible reconstruir la prueba de la responsabilidad en los homicidios. “Si la sentencia debe ser correcta y justa, no se puede sino absolver a esos imputados, porque no hay pruebas de que hayan matado a estas personas. Por eso pido la confirmación de la sentencia de primera instancia”, dijo Salucci.
Otro abogado, Carlo Zaccagnini, intervino para presentar los argumentos a favor de Ricardo Chávez Domínguez, José Nino Gavazzo, Juan Carlos Larcebeau, Pedro Mato Narbondo y Luis Maurente. Entre otras cosas, destacó que mientras la Fiscalía de primera instancia pidió la absolución de Chávez Domínguez, la Fiscalía General solicitó su condena.
Francesco Saverio Guzzo, defensor de Jorge Tróccoli, empezó a hablar a las 13.00 y se extendió durante una hora y media con un alegato que se focalizó en presentar al ex marino como un soldado de rango menor, un “simple teniente de navío”, objeto de una campaña de odio y una intención de venganza por parte “de la Fiscalía, que inventó sobre él historias ficticias, así como lo hicieron los querellantes civiles y los testigos” en el juicio en primera instancia. Guzzo también presentó a Tróccoli como una víctima de la Justicia y del gobierno uruguayo: “Querían convertirlo en un monstruo a toda costa porque se atrevió a escribir un libro para denunciar esos hechos, tal vez poniéndose en evidencia sí mismo y cometiendo un pecado de vanidad. Describió aquellos hechos identificándose con el personaje del libro, pero esa no es la realidad”.
Para Guzzo la “realidad” es que el gobierno uruguayo que asumió en 2006 es un gobierno “menos democrático” que los anteriores y decidió procesar a Tróccoli “con una finalidad política y no de justicia”. En su alegato insistió varias veces sobre una supuesta guerra civil que llevó a Tróccoli a actuar, en los años 70, como un militar que obedecía órdenes. Pasó luego a responder a los testigos que se presentaron durante el juicio de primera instancia y aludió sólo a fragmentos aislados de sus declaraciones. Evitó con cuidado contextualizarlas.
De la misma manera se lanzó sobre los documentos presentados en el proceso de apelación por el abogado que representa a Uruguay. “Esa documentación me convence cada vez más de que se trata de un proceso político en el cual, ante la falta de existencia de un culpable, existió esa necesidad de construirlo. Esos documentos no dicen nada”, manifestó.
No piensa de la misma manera el abogado que representa al Estado uruguayo, Andrea Speranzoni. Entrevistado por la diaria, Speranzoni dijo que “las argumentaciones de Guzzo no terminaron de ajustarse a la realidad ni a las pruebas de primera y segunda instancia”. El abogado agregó: “Nosotros tenemos la prueba de que Jorge Tróccoli armó” la coordinación que “organizó toda la operación represiva en contra de los Grupos de Acción Unificadora [GAU]. Tenemos la prueba que las fichas de las víctimas de la operación represiva de 1977 y 1978 estaban en mano del Fusna [el cuerpo de fusileros navales], tenemos documentación acerca de que esas personas [las víctimas] estuvieron en manos de los imputados en los períodos establecidos en la acusación”.
“Tenemos la prueba de que en febrero de 1978, cuando el señor Tróccoli debería estar en Puerto Belgrano asistiendo a un curso de infantería, estaba en el S2 [servicios de inteligencia] del Fusna, era oficial de enlace en la ESMA [Escuela Mecánica de la Armada] de Buenos Aires y había sido incluido, en diciembre de 1977, en el estado mayor de la marina militar, o sea en el mismo cerebro de la operación represiva”, afirmó Speranzoni. El representante de Uruguay en el juicio agregó que existen testigos que “nos dicen que hasta el 16 de mayo de 1978 las víctimas uruguayas estaban con vida y que en esa fecha fueron trasladadas” y en este caso, “traslado” significa “destino final y por lo tanto, homicidio”. Manifestó que “la defensa de Tróccoli no ha abordado estas cuestiones en modo analítico, sino que escapó de esa realidad y decidió no medirse con esos datos”. A su entender, “el ataque al gobierno uruguayo sólo pretendió crear confusión”. Acerca de la sentencia que se conocerá el lunes 8, dijo ser “racionalmente optimista”.
Nadia Angelucci, desde Roma.